Si reconocemos que la derogación de la sedición y la rebaja de la malversación fueron peldaños que auparon nuevas ambiciones -la amnistía y el referéndum- estaremos cimentando un cuerpo sólido, base con la que impugnar un cambio de Régimen por la vía del unilateralismo que termina desembocando en un Estado propio.

En aras de “rebajar la tensión”, se han indultado delitos políticos a líderes independentistas pero ningún remedio ha logrado atemperar la fiebre, ya que las heridas no se han curado. Tampoco ha habido un reconocimiento de los errores por parte de quienes no saben cómo funciona un Estado y de los que no han sabido revisar mejor los suyos.

Todo resulta insuficiente para resolver el calculado “conflicto político”, mientras esté latente la apuesta por una soberanía diferenciada de la del resto de los españoles y siga abierto el camino rupturista del procés, la mayor operación contra el orden constitucional democrático.

Alguien dijo una vez: “Cuando un intento de golpe queda impune se convierte en un ejercicio de entrenamiento”.

Con la mirada puesta en la investidura, se trata ahora de ensartar el “alivio económico”, en la exigencia separatista, como spin off (subproducto) de una cuestión espinosa: el perdón de los delitos derivados del mal uso de caudales públicos y la exigencia de condonación de la deuda contraída por Cataluña con el Fondo de Liquidez Autonómica y Facilidad Financiera (FLA).

El punto de arranque de asunto tan sensible -el dinero público malversado para sufragar un intento de golpe de Estado- se enmarca en el epílogo del juicio del procés. La sentencia de la Sala Penal del Tribunal Supremo (TS) certificó que se había hecho un uso indebido de fondos para la promoción exterior de los planes independentistas, de lo que se derivaba una responsabilidad contable y lo sometió a la consideración del Tribunal de Cuentas (TCU).

Organismo fiscalizador de la gestión económica del sector público, previsto en la Constitución, autónomo del Gobierno y dependiente de las Cortes, sin perjuicio de su función jurisdiccional (no forma parte del Poder Judicial), encaminada al enjuiciamiento de la responsabilidad contable en que incurran quienes tengan a su cargo el manejo de fondos públicos. 

Un mandato del Congreso abrió la investigación que comenzó con la renuncia de la Abogacía del Estado a presentar demanda, alegando que el perjudicado no fue el Estado sino la Generalitat.

La Fiscalía, que en un principio calculó que el montante presuntamente desviado ascendía a nueve millones de euros,finalmente lo limitó a 3,4 millones: 1,2 destinados al referéndum ilegal del 2017 y 2,2 a publicitar el procés.

No cabe descartar que el Ministerio Público pudiera volver a rebajar su petición de condena o incluso retirarse por "carencia sobrevenida de objeto".

En confines meridionales, los dineros son asunto estratégico y parte neurálgica de una supremacía alejada de miradas lejanas.

Vázquez Montalbán se preguntaba qué mirada va a tener un personaje seminal, que vive en Madrid, defensor del Estado de derecho, de lo que ha pasado en Cataluña durante 10 años.

En este caso, la papeleta es peliaguda en la medida en que el embargo de las cuentas y propiedades de los inculpados conlleva que estos tienen que responder de su bolsillo. Y ahí está el busilis del asunto.

La vista del juicio está fijada para el próximo 17 de noviembre y la pregunta que flota en los entornos más cándidos es: ¿el que dispone del candado de la investidura -que ha sido citado como testigo- seguirá evitando la acción de la justicia?

El independentismo se ha olvidado del principio de igualdad ante la ley, acusando al Estado español de politizar la Justicia y utilizando el TCU, que no depende del Gobierno ni de la Justicia

En caso de que se declare responsables a los acusados (una treintena de cargos de la Generalitat, incluidos dos expresidentes), deberán hacer frente a las sanciones con su patrimonio personal, para compensar al gobierno autonómico, aunque este no se considere perjudicado.

Una aflicción para los encausados, que lograron superar el primer envite gracias a que el TCU acabó por admitir que los demandados se valieran de los avales del Ejecutivo catalán para hacer frente a la supuesta responsabilidad contable que se les exigía y aceptó el aval del Institut Català de Finances (ICF) para cubrir la fianza.

Esto presupone que la ley de la amnistía incluya sanciones ya dictadas o que puedan ser dictadas por el TCU, al tiempo que frenaría las reclamaciones económicas que aún estuvieran dirimiéndose.

La decisión del TCU podrá ser recurrida y en esta segunda fase podría existir cierto margen de maniobra. Si no es el caso, pasaría al Tribunal Constitucional, previo paso por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS.

El independentismo se ha olvidado del principio de igualdad ante la ley, acusando al Estado español de politizar la Justicia y utilizando el TCU, que no depende del Gobierno ni de la Justicia.

La campaña de desprestigio contra el Tribunal de Ajuste de Cuentas, otra "bestia negra" del 'procés', no ha ahorrado epítetos: “un ‘tribunal’ franquista’ politizado, y no judicial, de controladores”.

No cabe olvidar que cuando hay una malversación flagrante, los embargos preventivos  -que no se podrán ejecutar sin sentencia- son práctica habitual por parte de las administraciones para evitar alzamientos de bienes.

A vueltas con los dineros, como moneda de cambio para intercambios mutuos, una de las exigencias de los partidos separatistas es la condonación de la catedralicia deuda de Cataluña con el FLA.

Concebido como un mecanismo financiero -provisional y extraordinario- en la mayor crisis de las cuentas públicas que se recuerda, fue creado como una línea de crédito a disposición de las comunidades autónomas, para que éstas no tengan que financiar su deuda en los mercados.

El Tesoro cubrió el endeudamiento catalán a través del FLA, colocando la deuda en los mercados porque el Generalitat no podía, debido a su calificación crediticia, como bono basura ¿mala gestión, gasto público desmedido, impuestos altos, creciente inseguridad jurídica?

¿Como se compadece la exigencia secesionista de mutualizar la deuda catalana, con la recepción por España de 140,000 millones de euros (de los cuales 72.700 serán ayudas directas) del fondo de recuperación europeo, en el marco del programa NextGenerationEU?

Teniendo en cuenta las normas de cálculo de la deuda de Bruselas, que son las adaptadas al Protocolo de Déficit Excesivo, perdonar la deuda del Fondo de Liquidez Autonómica a las autonomías no tendría efectos en el endeudamiento general del país.

Actualizando lo que decía Cicerón: “El dinero es el nervio de la guerra”, el binomio secesionista estaría tratando de valerse del peculio para salirse con la suya.