Para ser su primer día, Borja Sémper no estuvo precisamente afortunado. El de ayer no era el día para exhibir su conocimiento del euskera sino para hacer profesión de fe en el castellano como lengua común en la que se entienden todas las señorías presentes en el hemiciclo.

En la bancada en la que se sentaba Cayetana Álvarez de Toledo hubo algunos que no aplaudieron al “novato” como él mismo se llamó minutos más tarde, dentro de su intervención.

Si se lo comentó a Núñez Feijóo antes de meter la pata como la metió, eso sólo habla de que a éste le falta otro hervor como al interviniente de ayer, que en su estreno pudo haber sido más consecuente con lo que allí se dirimía, que era la nula necesidad, salvo la necesidad particular del señor Pedro Sánchez, de contar con los votos del PNV y de Junts y ERC para su investidura.

Porque, dejando a un lado su intervención inicial, el resto de su intervención estuvo bien. El problema está en la levedad de la guardia de corps que rodea al presidente del PP. Guardia de corps que ha elegido él personalmente, y eso da una idea de que gobernar Galicia con mayoría absoluta no es lo mismo que gobernar España con mayoría relativa. 

En ese sentido, no invitar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso al acto en la plaza de Felipe II es un error de libro, porque seguramente habrá gente que coreará el grito de “Ayuso, Ayuso” que otras veces antes de ahora ha escuchado Feijóo. Se diría que le tienen miedo y con eso no van a ninguna parte. Tendrían que invitarla a presentar a los oradores, por ejemplo pero invitarla al fin y al cabo.

Pero al margen de los errores cometidos y por cometer del PP, hay un asunto que preocupa mucho a los letrados de las Cortes y es cómo se va a implementar la aplicación de cuatro lenguas en la vida interna del Parlamento.

Otro inconveniente es que no haya una definición expresa de los ámbitos en los que se aplicará el tetralinguismo ya en vigor: si se limitará al pleno y otros lugares de foco político, o todo a la actividad de la Cámara

Uno de esos principios es la inmediatez que se agravará cuando haya que traducir del euskera o del catalán o del gallego una propuesta.

El  otro inconveniente es que no haya una definición expresa de los ámbitos en los que se aplicará el tetralinguismo ya en vigor: si se limitará al pleno y otros lugares de foco político, o todo a la actividad de la Cámara "más allá de lo que se ve en la tele". 

Porque los letrados ven muy complicado que se aplique en su plena integridad el artículo 6 modificado que dice que eso se hará "en toda la actividad parlamentaria, incluida en las intervenciones orales y en la presentación de escritos".  Pero la duda que expresan los letrados es si eso incluye "las ponencias, las comisiones a puerta cerrada, los órganos de gobierno como la Mesa del Congreso o la Junta de Portavoces, o la Mesa de una comisión".

Y luego está la calidad de la traducción: habrá que hilar muy fino porque se vota una legislación para toda España -de momento es así, no sabemos en el futuro- y es importante valorar cuál es la versión oficial que se está votando.

Una ley no es cualquier cosa, puede regular algo irrelevante o algo de consecuencias mucho más graves. Y no se descarta, en opinión de los letrados, que alguien pueda argumentar en su defensa que estuvo mal traducida la sanción a la que está sometido.

Total, que teniendo el castellano como lengua oficial y que comprenden absolutamente todas las señorías presentes en el Congreso de los Diputados, esta introducción de otras tres lenguas para satisfacer las necesidades personales del presidente del Gobierno en funciones nos va a traer más complicaciones que otra cosa.