Por una vez y sin que sirva de precedente, el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, tiene razón cuando explica que la política exterior la decide el presidente del Gobierno de acuerdo con el ministro del ramo.

Pero no la tiene cuando dice que en todos los países en los que hay una coalición se producen esas discrepancias, entre otras cosas porque en los países en los que hay una coalición, primero, no hay comunistas y segundo, los partidos coaligados saben bien cuando se habla y de lo que se habla. Y saben que la política exterior es cosa del presidente del gobierno y de su ministro de Exteriores.

Por lo tanto, no existen discrepancias tan notables como en este Gobierno sobre un asunto tan delicado como es el de fijar posición sobre un conflicto con raíces tan profundas como el conflicto palestino-israelí.

El presidente ya manifestó su condena a un ataque terrorista como el que Hamás lanzó sobre Israel y ya ha expresado su apoyo a la existencia de dos Estados, uno palestino y otro israelí, de acuerdo con las Naciones Unidas.

Todo lo que sea salirse de esas lineas está fuera de lugar, como lo está la intervención de la ministra de Derechos Sociales en funciones, pretendiendo que se juzgue al primer ministro Netanyahu por "crímenes de guerra" en tanto que dirigente de una "fuerza ocupante".

La actitud de esta ministra de Podemos Ione Belarra es la propia de quien sabe o de quien se teme que su representación en un futuro gobierno de coalición va a ser menguante porque Yolanda Díaz, que todavía no le ha dado el Sí a Pedro Sánchez porque quiere estirar un poco la cuerda, sabe perfectamente que los componentes de Podemos no están entre sus preferidos para ocupar carteras ministeriales.

Por eso se pronuncia con tanta contundencia en un asunto que es de la exclusiva competencia del presidente del Gobierno y de su ministro de Exteriores, que lo único que tiene que hacer es ejecutar con la mayor perfección posible las líneas decididas por el presidente.

Esto es así en todas las democracias del mundo, menos en la nuestra. Yo estoy de acuerdo en que la nota de protesta de la embajadora de Israel habría necesitado de mayor finura, pero en el fondo tiene más razón que una santa.

Porque entre otras cosas dice que "estas declaraciones no solo son absolutamente inmorales, sino que también ponen en peligro la seguridad de las comunidades judías de España, exponiéndolas al riesgo de un mayor número de incidentes y ataques antisemitas".

Pero el presidente del Gobierno español se ha sumado a quienes defienden "el derecho legítimo de Israel a defenderse dentro del Derecho Internacional Humanitario", si bien ha puntualizado que "la protección de los civiles es esencial como también lo es el acceso de ayuda internacional para quienes lo necesitan, especialmente en la Franja de Gaza".

Lo mismo ha dicho el Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores Josep Borrell, que defiende el establecimiento de una ayuda internacional lo que está siendo decidido por las autoridades israelíes.

En esto el presidente ha estado impecable. En lo que no lo está tanto es en permitir disonancias como la protagonizada por Ione Belarra, que se ha mostrado incapaz de mediar con ésta. Por lo menos Yolanda Díaz ha presentado una postura que es un sí pero no, como la de andar de puntillas por el problema.

Belarra no puede comportarse como una ciudadana más, de las que expresan su opinión libremente por la calle

El presidente del Gobierno debería poner orden y lo de Andoni Ortuzar es central: en su opinión Belarra habló como ministra de este gobierno porque lo es y no se puede prescindir de esa condición a voluntad, y por lo tanto debería cortarse un pelo a la hora de hablar con esa soltura.

Por lo tanto, Ione Belarra -que ha insistido en que ella habla como ministra del Gobierno- tendría que ser cesada de su puesto, aunque yo creo que le falta poco para su cese, justo hasta que se forme nuevo Gobierno o, en su defecto, hasta que haya nuevas elecciones.

Mientras tanto, ella no puede comportarse como una ciudadana más, de las que expresan su opinión libremente por la calle: "denunciar ese genocidio no es 'alinearse con Hamás, es una obligación democrática. El silencio es complicidad con el terror", ha respondido.

Si eso es lo que piensa, mejor que lo diga libre ya de las obligaciones a las que se debe por formar parte de un Gobierno.