Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, presidente y vicepresidenta del Gobierno, líderes de PSOE y de Sumar, presentaron ayer en el Museo Reina Sofía el acuerdo para "Una nueva coalición de Gobierno progresista en España".

En el acto, al que asistieron la mayoría de los ministros, algunos diputados y dirigentes de ambos grupos (a excepción de Podemos, que ni siquiera fue consultado para la elaboración del texto) había un ambiente de buen rollito, un tanto fingido. Yolanda y Pedro son buenos actores. Ellos se llaman así en público, por sus nombres de pila, en exhibición de su buena sintonía, e incluso el presidente a ella la llamó en una ocasión "la vice". "Estamos de acuerdo en casi todo", reconoció Díaz en un arrebato de sinceridad, también un poco forzado.

Pedro y Yolanda saben, como todos los que estaban allí, como todos los españoles, que los 48 folios del pacto acordado a primera hora de la madrugada del martes, siempre hay que poner un poco de dramatismo, de dejarse la piel en el intento, no vale de nada si Carles Puigdemont decide que sus siete votos no avalan la investidura del presidente ahora en funciones.

La ficción de este pacto consiste justamente en ignorar lo más importante, su dependencia de un tercero, al que ni se menciona. El texto, que está lleno de vaguedades y promesas genéricas es amplio. Toca desde la financiación autonómica, hasta la regulación del tráfico aéreo, pasando por la renovación del CGPJ. Pero no habla de la amnistía. La palabra prohibida.

No se sabe cuánto costarán las medidas que incluye el acuerdo PSOE/Sumar, pero lo que sí se se dice es que los grandes paganos serán los empresarios

¿Por qué? Eso no se explica. El aspecto más importante, el nudo gordiano de la investidura de Sánchez, se deja al albur de una negociación de la que nada o poco sabemos. Por cierto, que justo el mismo día en el que Yolanda y Pedro estampaban su firma en el acuerdo de coalición, el 75% de la militancia del Consejo de la República, el engendro creado por Puigdemont para legitimarse, votaba a favor de "bloquear" la investidura. Día agridulce para Moncloa. El precio acaba de subir un poquito más.

La concreción del acuerdo es poca, pero significativa. Fundamentalmente, se acuerda la reducción de la jornada laboral de 40 a 37,5 horas en dos años, manteniendo el mismo salario. Esto se hace sin consultar si quiera con la CEOE, que ya ha mostrado su rechazo a la propuesta. Calviño probablemente tampoco lo vea bien, pero ahora ya no cuenta, está en lo suyo.

Por otro lado, se anuncia un cambio en la tributación de las grandes empresas para que suponga el 15% "sobre el resultado contable", algo que necesita bastante explicación y que ha dejado ojipláticos a los gestores empresariales. ¿Qué significa eso?

Yolanda fue un paso más, y añadió algo que no figura en el texto del acuerdo: que esta medida supondrá aumentar la recaudación del impuesto de sociedades en 10.000 millones de euros. Es decir, un 30% más de lo que se recauda actualmente por este impuesto. Nadie, ni siquiera Hacienda, sabe de dónde ha salido ese cálculo. Esto dice mucho de la seriedad con la que se elaboran algunos presupuestos.

El acuerdo no incluye una memoria económica. No sabemos lo que cuestan las innumerables medidas que incluye, ni tampoco cómo se van a financiar.

Eso sí, en lo poco que concreta, la fiesta corre a cargo de los empresarios, que no sólo tendrán que afrontar una subida encubierta de salarios de más del 6% (eso es lo que supone reducir la jornada sin rebajar el sueldo), sino que, además, tendrán que asumir un coste fiscal añadido, que es como una especie de castigo porque da por hecho que las grandes empresas hacen "ingeniería fiscal" para pagar menos de lo que deberían.

¿En qué quedará todo esto? Por el momento, en autoalabanza. Dice el texto del acuerdo que "con humildad, pero con confianza, este Gobierno -el de coalición- ha sido un éxito". Y ahora vienen cuatro años más de "progreso, convivencia, estabilidad e ilusión. Cuatro años más de izquierda"... Con el permiso del fugado Puigdemont.