No servirá de nada la protesta del CGPJ, sector conservador

No servirá para nada pero si para algo sirve es para demostrar que el sector judicial se levanta contra la arbitrariedad de la ley de amnistía acordada entre el presidente del Gobierno en funciones y ERC, con un presidente de la Generalitat en ejercicio Pere Aragonés y con el prófugo de la Justicia de la que tuvimos buena cuenta el martes con la foto del número tres del PSOE en el despacho de Carles Puigdemont que estaba acompañado de Jordi Turull. Santos Cerdán iba acompañado a su vez de Iratxe García y de Javier Moreno.

El planteamiento de los vocales conservadores del CGPJ para oponerse a una ley de amnistía como la que prepara Pedro Sánchez es muy claro: primero porque pretende con ello impedir que haya unas nuevas elecciones que den paso a la alternancia en el poder, es decir, para seguir gobernando él. Segundo, que pese a ser una ley promovida por el presidente del Gobierno en funciones vaya a ser tramitada como proposición de ley porque se va a hacer antes de que el Gobierno lo sea de pleno derecho. Y tercero, porque acaba con la independencia del Poder Judicial.

La consecuencia de eso es que se elude todo tipo de control que, aunque tenga carácter consultivo, pueda servir para plantear dudas en torno a esta ley que se elabora con arreglo a una casta para que no sea compatible "ni siquiera con el principio de responsabilidad de los poderes públicos al que se refiere su artículo 9.3, [de la Constitución] que los responsables políticos queden exentos de responder de sus delitos ante los tribunales, cualquiera que sea la naturaleza de sus delitos".

Por eso expresan "su intensa preocupación y desolación por lo que esa medida supone de degradación, cuando no de abolición, del Estado de Derecho en España".

Además advierten de que amnistiar a los líderes del procés "supone generar una casta jurídicamente irresponsable e impune por sus delitos lo que, con no justificarse en ningún fin constitucionalmente legítimo, supone contravenir no ya el principio de responsabilidad de los poderes públicos, sino incluso el más elemental principio de igualdad de los ciudadanos ante la ley que proclama el artículo 14 de la Constitución".

No servirá para nada pero si para algo sirve es para demostrar que el sector judicial se levanta contra la arbitrariedad de la ley de amnistía acordada entre Sánchez y ERC

Todo esto ya se ha dicho de todas las maneras posibles, pero que lo digan los vocales del CGPJ, que aunque lleven cinco años largos sin ser renovados no dejan de ser el órgano de gobierno de los jueces, es una señal más que debería hacer detenerse al presidente del Gobierno. Una pretensión inútil, por otra parte.

Mejor hubiera sido que el Consejo del Poder Judicial estuviera renovado porque sus reflexiones habrían tenido más efecto, aunque creo que las consideraciones del CGPJ, en cualquiera de las condiciones, le habría resbalado al presidente del Gobierno.

Pero los vocales conservadores del CGPJ dicen más. Dicen que "la enormidad de las consecuencias de lo que se ha anunciado por el presidente del Gobierno en funciones es que convierte la independencia de los tribunales y la seguridad jurídica, la justicia en suma, en una quimera". Y esto es muy fuerte, dicho por quienes han de velar por la independencia judicial.

Y añaden que "para que un aspirante a presidente del Gobierno pueda conseguir el beneficio personal y político de impedir el Gobierno de otras fuerzas políticas o, expresado por su reverso, para poder mantenerse en el Gobierno" no se puede negociar una ley de amnistía que beneficie a la otra parte de la negociación.

"Pero hacerlo exceptuando la aplicación de la ley para impedir la acción en curso de los tribunales o dejar sin efecto la que ya se hubiese producido mediante sentencias firmes, convirtiendo en papel mojado esas sentencias, es algo rotundamente incompatible con el principio de Estado de Derecho".

A juicio de los firmantes, una ley de amnistía contravendría también "los compromisos asumidos por España en los artículos 2 y 19 del Tratado de la Unión Europea para que en todo momento prevalezcan los principios de Estado de Derecho e independencia judicial".

Pero no todo está perdido porque después de aprobada la ley, habrá que esperar a que tanto el Tribunal Supremo como las distintas instancias judiciales que tienen causas abiertas se pronuncien y planteen una cuestión constitucional al Tribunal Constitucional, que es el encargado de interpretar la Constitución.

Eso llevaría, de hacerse, como poco un año. Un año largo en el que podrían celebrarse elecciones anticipadas en Cataluña y en las que ni Puigdemont ni Junqueras tendrían la oportunidad de presentarse.

Año en el que Carles Puigdemont y todos los amnistiados por esta ley, de la cual sólo conocemos su intención pero no su literalidad, deberán estar alerta y en sus casas sin hacer nada que pudiera perjudicarles.

Es nuestra única opción para retrasar en la medida de lo posible una ley que, en el momento en que sea de aplicación, será irreversible. No habrá posible marcha atrás.

Por eso todo esfuerzo es poco.