¿Cómo se vota lo que no se conoce?

La consulta propuesta a la militancia socialista esta semana tenía una pregunta innecesaria, puesto que el acuerdo del PSOE y Sumar está validado por los votantes que concurrieron a las urnas defendiendo una coalición de gobierno. Lo que de verdad se pide es ratificar la amnistía. Pero sobre las exigencias del independentismo secesionista no existe referencia alguna, más allá de autorizar a buscar el apoyo junto con otras fuerzas políticas. Ni rastro de amnistía, Rodalías, deuda, relatores, mediadores y autodeterminación en la consulta.

Así las cosas, estamos más bien frente a un plebiscito sobre la figura de Pedro Sánchez que tendrá, me temo, el respaldo mayoritario de todos los que le aplaudieron cuando afirmaba: "El independentismo lo que pide es la amnistía, algo que, desde luego, este Gobierno no va a aceptar y que, desde luego, no entra en la legislación ni en la Constitución española". Son declaraciones de hace un año. Pero ha hecho muchas más, en el mismo sentido, hasta julio de 2023.

Una votación coherente, por tanto, sería "no" a una amnistía para los que violaron las leyes y la convivencia, y que nunca han dejado de repetir que volverán a hacer lo que ahora se quiere olvidar que fue un delito; una amnistía para los violentos procesados por terrorismo. La amnistía, negada hasta la saciedad hasta hace tres meses, que pone de rodillas al Estado democrático y le obliga a pedir perdón a los delincuentes. La amnistía que se carga la igualdad entre los españoles.

Igual ocurriría si los militantes asumieran las palabras de su vicepresidenta María Jesús Montero, ministra de Hacienda en funciones, cuando hace una semana, el pasado domingo -al tiempo que daba comienzo la consulta interna-- negaba rotundamente que iba a haber una condonación de la deuda de Cataluña. "No, es que se lo inventan. Lo curioso es que las comunidades del PP se inventan las cuestiones", dijo literalmente.

Una votación coherente diría "no" a una quita de 15.000 millones de euros de la deuda de la Generalitat de Cataluña con el Fondo de Liquidez Autonómico; porque es el indulto económico que jamás iba a hacerse, a cargo de los impuestos de todos, que abre una carrera de agravios entre las comunidades autónomas.

De la misma manera, los militantes que creen en la solvencia técnica de sus ministros votarían "no" al traspaso integral a la Generalitat de los servicios de Cercanías por ser ilegal, con los mismos argumentos empleados el 17 de mayo de este año por la ministra de Transporte en funciones, Raquel Sánchez: "Les confunden insistiendo en un supuesto traspaso integral que no tiene ningún encaje legal posible. Eso no es legal, no se puede hacer la transferencia de la infraestructura, porque esa infraestructura no solo sirve para las Cercanías, sirve para el tráfico internacional, las mercancías, el tránsito de trenes entre las diferentes comunidades autónomas".

Mientras redacto este artículo, la subasta en la que se ha convertido esta negociación está aún abierta. La rivalidad entre los partidos independentistas sacrifica la dignidad del Estado democrático. Hay tiempo para lograr más concesiones. Puigdemont lo sabe y aprieta; es consciente de su poder. Pedro Sánchez ha llegado tan lejos que ya no tiene retorno. Aceptada todo tipo de extorsión al estado de Derecho y las humillaciones que hagan falta, con grandes fotos incluidas. La convocatoria de una nueva cita electoral solo está en manos de Puigdemont.

Decía Felipe González --muchos socialistas se lo habrán escuchado-- que, en política, no se puede hacer lo que es imposible de explicar. Es evidente que los actuales dirigentes del PSOE no pueden explicar los acuerdos que están cerrando esta semana con ERC y con Puigdemont, y mucho menos la gran contradicción de lo que hacen ahora con lo que decían hace escasamente unas semanas. Esa responsabilidad es de Sánchez, y es intransferible. Esconderse en la militancia es una cobardía impropia de quién se llama a si mismo resistente.

Sobre la impunidad y los privilegios no se puede construir ningún pacto de progreso

No hay nada que repugne más en democracia que ver a políticos garantizando la impunidad de otros políticos corruptos. Sobre la impunidad y los privilegios no se puede construir ningún pacto de progreso. Sobre unos acuerdos que socavan nuestro Estado de derecho y nuestras instituciones democráticas y atentan contra la igualdad de todos los ciudadanos no hay gobierno de progreso posible.

Es un plebiscito, no una consulta, lo que ha ocurrido a lo largo de esta semana. Una consulta de verdad debería haber incluido estas preguntas: ¿qué consecuencias va a tener todo esto para la degradación de las instituciones y la convivencia entre los españoles? ¿Qué precio vamos a pagar todos por una avidez de poder tan desmedida? ¿Qué fue del peso de la palabra?

Soraya Rodríguez, ex portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, es eurodiputada del Parlamento Europeo en la delegación de Ciudadanos.