Esto no viene de ahora. Esto viene de mucho más atrás, de cuando gobernando Rajoy su vicepresidenta encabezó aquella "operación encanto" que se saldó con un fracaso estrepitoso.
Pero luego vino Pedro Sánchez, con su moción de censura y con la traición del PNV, que no hacía ni cinco días que había aprobado los Presupuestos de Rajoy y al final fueron sus votos los que decidieron su caída.
A partir de ahí, en el mes de diciembre, ya como presidente, Pedro Sánchez fue recibido como un líder extranjero por Quim Torra en el Palacio de Pedralbes. En la declaración conjunta se admitía que lo que había entre España y Cataluña era "un conflicto político".
En el mes de febrero de 2020 pactaron Sánchez y Torra la creación de un foro extraparlamentario bautizado como Mesa de Diálogo. Después se dieron pasos para negarles a los alumnos el derecho a recibir al menos dos asignaturas en castellano.
Ya con Salvador Illa como diputado en la oposición se aprobó una ley que cerraba definitivamente el derecho a estudiar en castellano. Y fue cosa de recordar la intervención radiofónica del propio ex ministro de Sanidad intentando explicar que la asignatura curricular era lo mismo que la asignatura vehicular y que de esa manera se daba cumplimiento a las resoluciones judiciales.
Luego llegaron los indultos. Y en el de Oriol Junqueras se decía que debía ser perdonado en atención a "su peso indiscutible en la relación entre Cataluña y España".
Ahora está pendiente el juicio en el Tribunal de Cuentas, juicio que va a tener lugar, si la ley de amnistía no se ha aprobado aún, el próximo 17 de noviembre. Pero ya la Fiscalía ha rebajado la cantidad defraudada de 9,5 millones a 3,4.
La desjudialización es otra exigencia de los independentistas que no está siendo respetada por la resistencia de los jueces a abdicar de su obligación. Ayer mismo el juez García Castellón imputaba a Carles Puigdemont y a Marta Rovira por su relación con Tsunami Democràtic y, en consecuencia, por su relación con delitos de terrorismo. Pero que la desjudialización está en el propósito de ambas partes está fuera de toda duda.
La amnistía no es el destino final de esta trayectoria, es solamente una meta volante que se culminará con el referéndum de autodeterminación.
Para eso se derogó en el Código Penal la sedición y se argumentó que se trataba de "una armonización con los países de nuestro entorno", cosa que el Tribunal Supremo desmontó tan fácil como inútilmente. Y el abaratamiento de la malversación con el fin de que Oriol Junqueras se pudiera presentar a las elecciones catalanas. Cosa que hará si se aprueba la ley de amnistía a tiempo.
El caso Pegasus, que fue un montaje organizado por un activista independentista en relación con la Universidad de Toronto y con la plataforma tecnológica Citizen Labs sirvió para que el Gobierno entregara la cabeza de Paz Esteban, cabeza reclamada por los independentistas.
Las últimas concesiones han sido las de las lenguas oficiales en sus respectivas comunidades, pero no en la sede de la soberanía nacional, hasta ahora en que se ha hecho realidad una exigencia de los nacionalistas.
También el ministro de Asuntos Exteriores ha defendido la inclusión del catalán, el vasco y el gallego en el registro de las lenguas oficiales en la Unión Europea, intento que de momento se ha saldado con un fracaso, y eso que España se ofrecía a pagar todos los gastos que se pudieran derivar de esa inclusión.
Y ahora llega la ley de amnistía, una ley que depende ahora mismo de lo que decida Carles Puigdemont en los próximos días. Pero, eso sí, la amnistía no es el destino final de esta trayectoria, es solamente una meta volante que se culminará con el referéndum de autodeterminación.
Y ahí nos jugamos la unidad de España, el país más viejo de la Unión Europea. Por 14 votos que son los que tienen, sumados, los separatistas catalanes para investir a Pedro Sánchez como presidente. Una desgracia.
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