El pacto al que han llegado el PSOE y Junts acaba con la Constitución y con la separación de Poderes que en ella se consagra. Nada más y nada menos. Una de las cosas más nefastas de lo acordado es que somete los fallos judiciales a la opinión del Parlamento o a una parte de la opinión del Parlamento, mediante la creación de comisiones parlamentarias de investigación que fiscalicen la actuación jurisdiccional.

Por esa razón, todas las asociaciones judiciales han criticado el pacto alcanzado: porque quiebra la separación de Poderes. "El poder judicial es independiente, no actúa sometido a presiones políticas", dice el comunicado conjunto que han firmado todas las asociaciones judiciales. Y también la Asociación de Fiscales, mayoritaria en la carrera fiscal, apunta a que "es inadmisible la utilización de guerra judicial (lawfare) al tratarse de un concepto que no tiene encaje en nuestro ordenamiento constitucional vigente". Un comunicado que ha hecho público también la Asociación Progresista de Fiscales.

Con razón Irene Dorta cuenta aquí al lado que sus fuentes en el Tribunal Supremo, que no son una ni dos, sino por lo menos diez, concluyen que "la independencia judicial ha muerto". De lo que hablan los acuerdos es directamente de prevaricación, que se ve que es lo que han estado practicando los jueces españoles con los independentistas. Por eso, el texto pactado habla de "acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas".

Porque eso es el lawfare, el sometimiento al Parlamento de las sentencias judiciales que no coincidan con el sentir de uno u otro grupo político. Por eso la separación de Poderes salta por los aires con este acuerdo, que además destruye el principio de legalidad, hurta a la nación su soberanía y hace perder la confianza de los ciudadanos en sus instituciones.

El acuerdo ha ignorado al pueblo soberano, que no lo representa ni un partido ni tampoco dos, sino el parlamento español al completo. Y como nadie ha preguntado al pueblo español, ni se ha debatido y aprobado el acuerdo en el parlamento, este acuerdo podría ser ilegítimo.

Nadie está en condiciones de negociar la ruptura de España, ni la consideración de Cataluña como nación, ni de reconocer de aquella manera la soberanía de la nación catalana como medio para la búsqueda de la independencia y, por si no fuera poco, entrar a discutir, por encima de lo que han dicho los jueces, que lo han calificado como delito, la consulta popular y el más que posible referéndum de independencia de Cataluña.

Ya he dicho que lo pactado acaba con la Constitución que dice que la soberanía nacional reside en el pueblo español del que emanan todos los poderes del Estado (artículo 1, 2 de la Constitución española). Pero aquí no se ha consultado al pueblo español, simplemente se ha pactado entre el número 2 de un prófugo de la Justicia y el enviado de un político al que le eran imprescindibles esos siete votos para salir investido.

Otra de las infamias de este acuerdo es que la verificación de lo acordado va a tener lugar fuera de nuestras fronteras y por un verificador internacional, como si se tratara de un acuerdo entre partes situadas al mismo nivel. Con lo cual la representación de nuestro país queda disminuida hasta niveles intolerables.

Si las Cortes Generales asumen este acuerdo, la Constitución será derogada de hecho aunque se mantenga en sus cimientos pero ya vacía de su contenido, será como una cáscara de huevo al que se ha quitado todo lo que lleva dentro

Y seguimos: en el acuerdo se incluye la cesión de la gestión de todos los impuestos y además la presencia de Cataluña en las instituciones europeas y en las entidades internacionales. Como si fuera un país independiente, vamos.

Si las Cortes Generales asumen este acuerdo, la Constitución ahora vigente será derogada de hecho aunque se mantenga en sus cimientos pero ya vacía de su contenido, será como una cáscara de huevo al que se ha quitado todo lo que lleva dentro.

Desde luego, la renuncia a la unilateralidad brilla por su ausencia y también está ausente cualquier crítica a decisiones que el independentismo haya podido adoptar. De hecho Carles Puigdemont ha dicho en su comparecencia que no se arrepienten de nada y se enorgullece de que no han pedido perdón. Esta ley de amnistía, cuya redacción no conocemos aún, sólo recoge en apariencia cesiones por parte del poder legítimamente constituido y ninguna autocrítica por parte del independentismo.

Dejamos aparte la condonación de la deuda del FLA de 15.000 millones que se pactó con la otra rama del independentismo, ERC, ferozmente enfrentada a Junts por la primogenitura en las elecciones catalanas. Ni eso, ni el traspaso íntegro de Rodalies que se acordó con Esquerra. Pero tenemos que incluir aquí la cesión del 100% de los impuestos a las arcas de la Generalitat.

Sí sabemos que esta ley de amnistía incluye a todos aquellos que desde el 2012, es decir, antes y después de la consulta de 2014 y del referéndum de 2017, hayan estado o estén incursos en procedimientos judiciales vinculados a estos acontecimientos. Y ahí es donde entrará el concepto de lawfare con la consecuencias que "pudieran dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas", dice la redacción del acuerdo.

Por eso, los jueces comparten la preocupación, cuando no la indignación de una parte de la sociedad española por los acuerdos alcanzados. Porque eso es tanto como bloquear el Estado de Derecho y lanzárselo a los leones.

Y todo esto por siete míseros votos, imprescindibles para que Pedro Sánchez sea investido.