El acuerdo entre el PSOE y Junts, firmado en Bruselas, se presenta como un compromiso para "abrir una nueva etapa y contribuir a resolver el conflicto histórico sobre el futuro político de Cataluña". Como si el futuro político de Cataluña no dependiera de la voluntad de los catalanes manifestada en las urnas. Es decir, como si en Cataluña no hubiera una democracia plena y ambos partidos se hubieran conjurado para poner fin a esa anomalía.

El PSOE ha cedido a ese relato interesado y falso de la realidad, con el que Puigdemont quiere hacer colar que él y su partidillo van a resolver un conflicto histórico que viene desde los decretos de Nueva Planta, poniendo en su sitio al borbón Felipe V más de 300 años después de la derrota de los Austrias.

Palabrería. En el acuerdo hay mucha quincalla y algunas cesiones que sí son muy relevantes.

Conviene discernir el grano de la paja para valorar este acuerdo, que ha propiciado la investidura de Pedro Sánchez, y que ha provocado una respuesta airada no sólo de los partidos de la derecha, sino de las asociaciones de jueces y fiscales y de una parte importante de la sociedad civil, en su verdadera dimensión. Esta contestación social, que no habrá sorprendido al Gobierno, pone en cuestión uno de los objetivos del acuerdo, como es el de recuperar un clima de diálogo en Cataluña. Lo que sí ha conseguido ya es polarizar a la sociedad española y crear una crispación en la calle sin precedentes en nuestra democracia. ¿Valía realmente la pena poner en riesgo la convivencia ciudadana por, presuntamente, mejorar el clima en Cataluña?

El fin de este acuerdo, "una España mejor" en palabras del presidente, es tan poco creíble que ni siquiera el editorial del Financial Times del pasado lunes, que la dirección del PSOE exhibe como un éxito, se traga el anzuelo sobre esa finalidad altruista. Para el FT el acuerdo con los independentistas pone de manifiesto que Sánchez "es un político escurridizo que hará lo que haga falta por seguir en el cargo".

Dejémonos pues de mandangas. La cesión ante Puigdemont sólo tiene un fin: sumar los siete votos imprescindibles de Junts para que Sánchez sea investido presidente.

Hay, como decía, mucha palabrería grandilocuente en el acuerdo, papilla de engrudo para engordar el ego del prófugo. Pero hay cesiones que Sánchez no puede hacer sin aceptar implícitamente la baja calidad democrática de España, coincidiendo así con la retórica independentista, que parte de la base de que en nuestro país no existe una democracia plena.

El texto del acuerdo, tan poco riguroso como farragoso, está pensado para dar gusto a Puigdemont, que quiere ser el líder que va a devolver a Cataluña las instituciones perdidas tras la derrota del archiduque Carlos

Es puro artificio plantear que dos comisiones de investigación -por cierto ya pactadas cuando Junts votó con el PSOE la formación de la Mesa del Congreso- puedan condicionar las decisiones judiciales sobre asuntos relacionados con la llamada Operación Cataluña o sobre Pegasus. Para intentar apagar el incendio, el propio PSOE difundió el pasado jueves un argumentario entre los periodistas en el que afirma: "El Parlamento no va a realizar, en ningún caso, una revisión de ninguna sentencia o resolución judicial. El Parlamento no fiscalizará a los jueces". ¿Está de acuerdo Junts con esa interpretación? ¿Por qué no se dijo de esa forma tan clara en el texto del acuerdo para evitar malos entendidos?

El problema que se ha creado con la Justicia radica precisamente en la falta de concreción, en la ambigüedad con la que está redactado para que Junts pueda vender ante su gente justamente lo contrario de lo que dice el PSOE. Y también en la aberración que supone aceptar el concepto de lawfear, que viene a reconocer implícitamente que los jueces han prevaricado. Es entendible el enfado en la carrera judicial y especialmente en el Supremo.

Lo que no tiene vuelta de hoja es la creación de una comisión internacional, con verificadores extranjeros, para controlar el cumplimiento de los acuerdos. Eso es una humillación. Además de un lío. ¿Cómo se van a coordinar la mesa, ya constituida, entre la Generalitat y el Gobierno con esta otra mesa de partidos, cuando en ambas tienen objetivos comunes? De eso nada se dice. Aunque sí se establece la periodicidad de sus reuniones, una al mes, e incluso se apuntan ya en el texto los temas de la primera cumbre, a celebrar este mismo mes de noviembre: referéndum de autodeterminación; cesión del 100% de los tributos a la Generalitat, y, por supuesto, ley de amnistía. ¡Ahí es nada!

La amnistía y sus beneficiarios: he aquí el gran misterio de este acuerdo, que esperamos conocer la semana que viene. Esto es en realidad, lo más importante y, por tanto, la cesión más lacerante por parte del PSOE.

La palabrería cobra su sentido precisamente como manto protector de la amnistía. No estamos hablando del perdón, del indulto, sino del borrado de los delitos que se cometieron, dejando en papel mojado la sentencia del Tribunal Supremo. Esa hojarasca pseudohistórica, tan del gusto de Puigdemont, sirve para justificar lo injustificable. En definitiva, que el referéndum del 1-O y la declaración unilateral de independencia fueron legítimos y democráticos.

Las cesiones que implica el pacto de Bruselas suponen una bomba de relojería para la Constitución, y han sido la guía para que el PNV se sume a reclamar el término "nación" para el País Vasco y al establecimiento de la bilateralidad con el Estado

Sánchez se ha puesto de rodillas, nos ha puesto de rodillas a todos los españoles, ante el independentismo justo cuando éste está más débil. ERC, Junts y la CUP obtuvieron en las elecciones generales del 23-J menos del 30 % de los votos. La manifestación de la Diada de este año congregó mucha menos gente que en las convocatorias anteriores. A la conmemorativa del 1-O sólo asistieron 1.000 personas.

Con este acuerdo, el presidente del Gobierno ha dado oxigeno a un movimiento en clara decadencia y cada vez más desconectado de la Cataluña real y de la juventud.

La aceptación de que Cataluña es una nación, ya veremos cómo se concretará en los pactos, y la bilateralidad de los acuerdos entre el Gobierno y la Generalitat desbordan claramente el marco de la Constitución. El PNV ha visto el cielo abierto con esa cesión, y Ortuzar ha cedido los cinco votos de su partido a cambio de la elaboración de un nuevo Estatuto en el que se reconozca a Euskadi como nación y se establezca el principio de la bilateralidad (al margen de que el Estado le ceda la gestión económica de la Seguridad Social).

No es que se rompa de forma instantánea la Constitución, sino que ambos acuerdos suponen una bomba de relojería que la hará estallar en la medida en que se vayan concretando los acuerdos con los independentistas. Si Cataluña y País Vasco son "nación", ¿qué sentido tiene mantener un texto que divide a España en nacionalidades y regiones?

Pero, insisto, lo peor del cambalache aún no lo conocemos. Una vez que la propuesta de ley de Amnistía llegue al Congreso -espero que la próxima semana- sabremos hasta donde llega la ignominia.

(Hace casi 400 años, Felipe IV derrotó a las tropas de la Casa de Orange tras el sitio de la ciudad de Breda, situada a poco más de 100 kilómetros al norte de Bruselas. En el cuadro de Velázquez, La rendición de Breda (o cuadro de las lanzas), se ve al general Spínola poniendo una mano en el hombro del derrotado Justino de Nassau para evitar que se humillara, ya que su resistencia había sido heroica. En esta ocasión, Sánchez se ha puesto de rodillas ante Puigdemont, sin resistencia. Hasta el punto de que el líder de Junts humilló a su lugarteniente, Santos Cerdán, a tener que posar bajo el retrato gigante de la urna del 1-O. No ha sido una negociación propiamente dicha, ya que lo único que ha cedido el líder independentista han sido sus siete votos.)