La proposición de ley de amnistía, la clave de bóveda sobre la que se sostiene la investidura de Pedro Sánchez entró ayer en el Congreso de los Diputados una vez que los partidos no concernidos por ella hicieron el paripé de darle su visto bueno. Después de que los independentistas dieron su definitivo nihil obstat, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, fijó la fecha del debate de investidura para los próximos 15 y 16 de noviembre. Así de clara es la relación causa efecto entre la amnistía y la investidura.
En el texto que conocimos ayer hay mucha tela que cortar, mucho análisis que hacer, ya que sus 23 folios están plagados de trucos jurídicos para que el texto se ciña como un guante a la exoneración de responsabilidades penales, administrativas o pecuniarias de los responsables del procés y de todos aquellos que tuvieron que ver con él. También se ha incluido en el texto a los miembros de las fuerzas de seguridad -un detalle- que en cumplimiento de sus obligaciones están incursos en algún tipo de procedimiento.
Pero hoy sólo quiero fijarme en un aspecto de la ley que supone, en mi opinión, su base más endeble. Me refiero a la justificación de la amnistía que se argumenta en la exposición de motivos. La palabra que más se repite es "convivencia", que se menciona hasta en nueve ocasiones en los 12 folios que conforman esa exposición.
Lo que persigue la ley, en definitiva, es "superar y encauzar conflictos políticos y sociales arraigados, en la búsqueda de la mejora de la convivencia y la cohesión social". Se entiende, por tanto, que en Cataluña hay un problema de convivencia que conviene solucionar recurriendo a una medida tan excepcional como es la amnistía. El tal problema surgió, según reza el texto, "a raíz de la sentencia del Tribunal Constitucional 31/2010 de 28 de junio" que recortó parcialmente el Estatuto de Cataluña aprobado en 2006 y que "desembocó en una serie de manifestaciones intensas y sostenidas en el tiempo, así como en mayorías parlamentarias independentistas".
Justificar una medida tan excepcional como la amnistía en la mejora de la convivencia abre la vía a que se repitan procesos similares sin el temor a que el incumplimiento de la ley sea sancionado por los tribunales
La exposición de motivos de la ley de amnistía hace aquí una elipsis vergonzosa al eludir los procesos abiertos por la Fiscalía por hechos que fueron sentenciados como graves delitos, entre otros, por el Tribunal Supremo, de esta forma aséptica y torticera: "Esos hechos comportaron una tensión institucional que dio lugar a la intervención de la Justicia y a una tensión social y política que provocó la desafección de una parte sustancial de la sociedad catalana hacia las instituciones estatales, que todavía no ha desaparecido..."
La amnistía tendría cierta justificación si esa "tensión social y política" se hubiese producido porque en Cataluña o respecto a los condenados o implicados en los diversos delitos no se hubieran cumplido escrupulosamente las garantías que supone un Estado de Derecho, o bien los jueces hubieses sido aviesos prevaricadores al actuar por motivaciones políticas contra los independentistas, lo que quedaría bajo la definición del lawfare (que sí figura en el pacto PSOE/Junts).
Pero como esa implícita atribución de delitos a los jueces y fiscales era ir demasiado lejos, el texto aclara: "Hoy, en el año 2023, España se caracteriza por ser una democracia y un estado de derecho, en el que el principio de legalidad, el principio democrático y el respecto a los derechos fundamentales se configuran como pilares esenciales... Desde el año 1978, España cuenta con un texto constitucional homologable a los países de nuestro entorno".
Entonces, si en España hay una Constitución democrática y se respeta el Estado de Derecho, la "tensión social" que ha puesto en riesgo la convivencia en Cataluña no tiene ninguna justificación. Es una responsabilidad exclusiva de los que quisieron imponer su voluntad por encima de la leyes.
Premiar a los políticos que asumieron una responsabilidad tan grave con la sola excusa de mejorar la "convivencia" conlleva un peligro evidente. Porque incita a cualquier grupo a romper la convivencia sin el reparo de tener que pagar por ello.
Pongamos un ejemplo extremo para ver ese peligro de forma práctica. Estar en contra de esta ley de amnistía que ahora se pretende aprobar es legítimo. Si la tensión se hace insoportable porque de manera frecuente se convocan manifestaciones que derivan en violencia -como de hecho está sucediendo- y los políticos animan a ello, ¿sería justificable que se amnistiara a los responsables de esos delitos, algunos en el caso que ahora nos ocupa considerados como terrorismo por la Fiscalía, con el objetivo de mejorar la convivencia? ¿No es acaso esta exposición de motivos una llamada a la insumisión y la algarada al considerar que la recuperación de la convivencia es un bien superior que convienen preservas y está por encima de la ley y de los tribunales?
Creo que esta ley va a generar un conflicto social en España. Espero que los partidos parlamentarios no animen a calentar la calle. Pero con la redacción actual queda abierta la vía a la impunidad.
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hace 1 año
Sr G Abadillo
Su critica me parece razonable pero creo que es una excepción dentro del frente mediático de las derechas que encabeza el sr. J Losantos.
El pp y su socio de ultra derecha pueden decir cuantas mentiras, falsedades quieran tipo, dictadura, tirano, ilegal, ilegitimo, etc junto a su coro de jueces, fiscales, fuerzas armadas, empresarios, curas y colaterales.
Cuando el tribunal correspondiente, la comision europeaa y los tribunales de la ue digan que no hay nada. Es posible que entonces callen con la matraca. En su caso, parece que improbable, el gobierno tendria que cambiar lo que fuera indicado. Esto ocurre muchisimas veces por eso existe los tribunales europeos.
Manifestaciones cuantas quieran, juntos o separados, a ser posible cumpliendo con la legalidad. Seria deseable sin incitar a la violencia, la homofobia el odio etc,
Por supuesto y sobre todo que no saquen a ningun «tejero» a escena.
hace 1 año
La necesidad, mejor deberíamos llamarla «necedad», de esta ley es la de pagar por adelantado -como le exigió el Sr. Puigdemont- la investidura del sr. sánchez. ¿Quién manda en España? Nada más presentarla, a la Sra. Armengol le han entrado las prisas para convocar la sesión de investidura, previa orden de Moncloa para hacerlo. Esta señora es la presidenta del Congreso de los Diputados pero obedece a una parte de esos representantes e ignora a la otra que tiene los mismos derechos. No vamos a insistir sobre la Amnistía y su constitucionalidad. Si se aprueba se acaba el Estado de Derecho, la separación de poderes, se deslegitima la Justicia y a quienes la tienen que aplicar y se deja a España en el lugar más bajo de las democracias del mundo. Es decir, admitimos que en España no hay democracia y que la ley la administran jueces prevaricadores. Ahí es nada.
En otro orden de cosas, si perteneciera a los CC y FF de seguridad del Estado jamás aceptaría que me incluyeran en la misma cesta que a los golpistas, malversadores, y terroristas que asolaron una región de España y nos sumieron en el terror y la intolerancia. Ellos actuaron en cumplimiento de su deber. Los otros para desmembrar España.
hace 1 año
A/A Jose Javier.. Tal cual
hace 1 año
Me sorprende que, por todos, se analice una Exposición de Motivos que elude lo esencial: la Ley había de presentarse antes de la investidura por ser uno de los «pagos anticipados» de los futuros amnistiados y sus socios al futuro presidente para poder ser investido.
El único y verdadero motivo se evidencia sólo con eso: o se presenta esa Ley justo ahora o no hay investidura.
Todos los demás supuestos argumentos de la Exposición de Motivos no son más que una pobre y pretendida justificación de la evidencia.
hace 1 año
y en relación a la falacia de que un «conflicto» político se tiene que resolver por cauces políticos, me parece la mayor falacia en la que se ha enfangado el PSOE
Los delitos son los previstos en la ley, los cometa un político o no.
Este es otro de los grandes problemas de esta ley de amnistía, que da a entender que un político está por encima de la ley, que puede hacer lo que le de la gana porque tiene impunidad (por ser político).
por cierto que va a suceder ahora cuando al molt honorable president socio de Don Pedro le de por hacer un nuevo referendum o consulta o como quiera llamarse? o cuando el parlamento catalán apruebe leyes que atenten contra otras de orden superior?
y la chorrada de que una mayoría (simple, no cualificada) pueda hacer y deshacer normas que afecten a otras de orden superior, nos muestra que lo de la separación de poderes es para otros, que aquí la soberanía popular (simple) puede hacer lo que le de la gana respecto del resto de poderes, instituciones, y por supuesto ciudadanos a los que que se creen que somos borregos.