El resultado electoral de julio arrojó solo dos escenarios posibles, ya que el entendimiento entre PP y PSOE estaba desafortunadamente descartado: un gobierno dependiente de opciones políticas extremas o repetición electoral. No ha habido repetición electoral y hoy tenemos un gobierno dependiente de una de las derechas más extremas, identitarias, separatistas, supremacistas y xenófobas de Europa.

1.486 palabras resumen claramente el programa de esta legislatura; las que dijo Miriam Nogueras, la portavoz de Junts per-Catalunya, que ocupa el acuerdo PSOE-Junts. Nogueras subrayó con tono amenazante que "ni una de esas 1.486 palabras es casual ni sobra" y dejó en evidencia algo que todos ya sabíamos: el acuerdo con Junts es el único que ha permitido la investidura. Su cumplimiento será lo único que le permita gobernar a Pedro Sánchez. 

Y el acuerdo, léanselo, asume lo fundamental del marco independentista sobre lo ocurrido en Cataluña en los últimos 13 años. Lo más grave de la asunción de este relato es el historicismo: se apela a los decretos de Nueva Planta entre 1707 y 1 716 para definir a Cataluña como nación, como una realidad histórica.

Asume el PSOE algo que ignora: en nuestro sistema constitucional no pueden existir legitimidades alternativas, una legitimidad histórica frente a una democrática

 Asume el PSOE algo que ignora: en nuestro sistema constitucional no pueden existir legitimidades alternativas, una legitimidad histórica frente a una legitimidad democrática. Ambas son incompatibles porque generan desigualdades profundas entre ciudadanos, contrarias al principio de igualdad consagrado en la Constitución. No existe una legitimidad alternativa al principio democrático. Es la única legitimidad de la que surge la Constitución, de la que extrae su origen la actual existencia de la comunidad autónoma de Cataluña y su Estatuto, exactamente la misma legitimidad que la del resto de las CCAA de la nación española.

La importancia que esta claudicación del PSOE tiene para Junts explica el malestar que quisieron escenificar por la intervención inicial del candidato a la investidura. Y así se lo hicieron saber a su enlace, Santos Cerdán (pobre hombre, viéndose con el fugado desde marzo, según ha revelado él mismo). Me lo imagino en esa reunión urgente del miércoles por la noche a la que fue convocado por la portavoz de Junts para darle a conocer su exigencia de que Sánchez defienda lo firmado, que asuma públicamente lo que ha sido capaz de aceptar en privado para obtener los votos de la investidura. Que hable del conflicto y negociación entre iguales. De ahí también la amenaza expresada después en la tribuna de que, sin cumplimiento estricto de todos los puntos del acuerdo, las 1.486 palabras, no votarán ninguna iniciativa presentada por el gobierno. 

El cumplimiento del mismo estará en manos de unos verificadores internacionales de los que parece que solo conoceremos la identidad de uno de ellos, porque los demás se mantendrán clandestinos (por muchas veces que se lea, no desaparece el asombro ante tamaña indignidad), que se reunirán en un país tercero. Y serán ellos los que, sustituyendo la función de control de las Cortes, fiscalizarán el cumplimiento de los pactos de los que dependerá la continuidad del gobierno de España. ¿Qué estabilidad tendrá el gobierno nacido de una claudicación semejante? 

¿Cuándo acabará la legislatura? Es evidente que acabará cuando Junts decida que el acuerdo se incumple, o cuando entienda que la impunidad de los firmantes está garantizada y estimen que sus intereses políticos no aconsejan mantenerla.  Y por último, y no menos importante, ¿qué autonomía tendrá el futuro gobierno?

Junts ha dejado claro que no solo quiere controlar a Sánchez y sus acciones de gobierno, sino también supervisarle sus discursos. En realidad, parece que lo único que podrá hacer sin contradicción con sus socios –algo que quedo evidente en un debate no de investidura, sino de oposición a la oposición— es confrontar con la derecha. Una derecha, por cierto, que pasará a ser un bloque en el que se encuentren todos los que no le aplaudan, diga lo que diga y cuando lo diga: la extrema derecha, claro, tan útil al sanchismo; la derecha moderada, los progresistas no sanchistas y todos aquellos que no han sacrificado la razón, la lógica y las convicciones al oportunismo y no han abrazado el credo identitario. 

Alrededor de todos los que no le jalean o le usan para llevar a cabo sus verdaderos propósitos, Sánchez --ya lo advirtió en este espíritu de conciliación y convivencia del que se jacta-- levantará un muro. Gobernará España excluyendo a más de la mitad de los españoles. 

La polarización ha sido, ayer y hoy, y lo será mañana, el único escenario en el que Sánchez ha sido capaz de resistir y crecer. Lo hizo antes de tomar el poder en el partido, lo hizo como secretario general y lo hace como presidente del gobierno. Repitió una y otra vez a Feijóo: a usted solo le queda Vox. Sin reconocer, sin atreverse a reconocer, que a él solo le queda Puigdemont.  

Nadie ha hablado tanto de convivencia; nadie ha hecho tanto por destruirla. 

Sánchez ha tejido la investidura para estar en el gobierno, no para gobernar

Por ello, creo que Sánchez ha tejido una investidura para estar en el gobierno, no para gobernar. No habrá posibilidad de aprobar iniciativas legislativas de calado sin el apoyo de unos socios– nada se conoce aún del acuerdo firmado con Bildu-- que tienen intereses propios y absolutamente contrarios al avance y fortalecimiento del Estado español, al que ven como enemigo que hay que batir. La única forma de avanzar, para el nacionalismo separatista, es el vaciamiento de España.

No habrá posibilidad de abordar las reformas estructurales tan necesarias y pendientes desde hace años excluyendo al PP de estas y a las comunidades autónomas que este partido gobierna.  Mucho menos será posible un gobierno de izquierdas y de progreso que dependa de la derecha secesionista, supremacista y xenófoba a la que el PSOE ha dado la llave del gobierno.

Nos adentramos en una legislatura de confrontación en la que apenas habrá espacio para un proyecto común para todos los españoles. Será un periodo de resistencia para la democracia española. Para las instituciones y para los ciudadanos.

Será el momento en que las fuerzas políticas, de derechas e izquierdas deberán hacer un ejercicio de revisión de los grandes errores cometidos que han contribuido también a llevar a nuestro país a esta crítica situación. 

El PP, como derecha democrática, deberá asumir su grave error de llevar a la extrema derecha a los gobiernos autonómicos y corregirlo. Y la izquierda deberá recomponer sus principios. El primero, que ser de izquierda y nacionalista es incompatible, que no es posible un Estado de bienestar social que garantice la igualdad y la libertad sin proteger el Estado constitucional. Que la defensa de la unidad de España no es otra cosa que la defensa de la igualdad entre los españoles. Y habrá que hacerlo recuperando el respeto y el diálogo como los instrumentos más potentes de la política. 

Mientras Sánchez construye el muro que nos anunció en su debate de investidura, tendremos que construir puentes entre los demócratas.

Soraya Rodríguez es eurodiputada en el Parlamento Europeo en la delegación de Ciudadanos