La renuncia de Juan Carlos Campo pone contra la cuerdas a los otros dos miembros del sector llamado "progresista" que estarían incurriendo en situaciones de abstención para las que no tienen una auténtica barrera tras la que cobijarse.

El caso más flagrante es el de Laura Díez porque ha trabajado en el Ministerio de la Presidencia de Félix Bolaños. Es decir, se trata de una persona cercana a quien ahora dirige también las cuestiones de la administración de Justicia. Desde su puesto como directora general de Asuntos Constitucionales y Coordinación Jurídica del Gobierno es evidente que tuvo opinión sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la ley de amnistía que va a entrar en el Trribunal de garantías en cuanto sea aprobada por el Congreso de los Diputados a pesar de que el Senado, con mayoría absoluta de miembros del PP se esfuercen por retrasar su aprobación.

Pero hay más en su currículum. Esta catedrática de Universidad de Barcelona fue asesora del Govern catalán para la reforma del Estatut entre 2002 y 2004. Pero todavía hay más. La señora Díez ha trabajado como adjunta al Síndic de Greuges en Cataluña, con lo cual las recusaciones pueden multiplicarse por un número infinito cuando la ley entre en el Alto Tribunal.

El caso del presidente es distinto porque bajo otra presidencia distinta de la suya fue recusado precisamente por Carles Puigdemont, y él aceptó retirarse de las deliberaciones. Fue él mismo quien decidió apartarse porque sabía que el caso iba a ir directamente desde el Tribunal Constitucional al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y creía que la apariencia de imparcialidad era fundamental para que en ese tribunal europeo no tuviera cabida la reclamación del señor Puigdemont.

Ahora, los recurrentes podrán plantear que si se abstuvo en aquella ocasión para garantizar la neutralidad del órgano de interpretación de la Constitución por qué no debería hacerlo ahora. Es muy improbable que Cándido Conde-Pumpido se abstenga de intervenir en las deliberaciones pero ese es un riesgo que el Gobierno deberá correr si no lo hace.

Lo que pasa es que, con ese movimiento inesperado dentro del TC ha puesto un espejo para que se miren en él las dos personas que dentro del sector llamado "progresista" deberían también seguir su camino

El caso de Juan Carlos Campo es de libro porque está puesta por escrito su convicción de que una ley de amnistía no cabe en nuestra Constitución. Lo que pasa es que, con ese movimiento inesperado dentro del Tribunal Constitucional ha puesto un espejo para que se miren en él las dos personas que dentro del sector llamado "progresista" deberían también seguir su camino.

Y eso que la decisión de Juan Carlos Campo en este caso no es muy relevante porque el recurso planteado no tiene recorrrido. Lo que pasa es que sí marca el camino que el ahora magistrado del TC pretenderá recorrer cuando lleguen de verdad las recusaciones a una ley que más tarde o más temprano acabará recalando en el Tribunal del que ahora forma parte.

Todavía tiene que celebrarse un pleno para que se apruebe si es de rigor que Juan Carlos Campo se abstenga, pero es que lo tiene por escrito y se ha adelantado a casi todos para presentar su renuncia a deliberar sobre la constitucionalidad de la ley de amnistía.

Desde luego, estas recusaciones serán objeto de grandes controversias por parte de la oposición del PP y de Vox, que aunque la planteen por separado, tendrán un mismo objetivo, el de apartar de las deliberaciones a aquellos que se hayan pronunciado en un sentido o en otro en relación con la ley de amnistía que acaba de llegar al Congreso.

Parece que Cándido Conde-Pumpido se ha molestado con esta renuncia de Juan Carlos Campo. Puede que tengamos que ver al ex ministro de Justicia decir que donde dije digo ahora diré Diego porque las circunstancias me obligan a ello.

Eso sería más motivo aún de escándalo que el hecho de que ni siquiera Laura Díez haya hecho el menor movimiento en dirección a abstenerse en las deliberaciones futuras de una ley que todavía está en el telar de las Cortes Generales. Pero que acabará recalando inevitablemente en el máximo intérprete de la Constitución.

El movimiento de Juan Carlos Campo les obliga también a ellos dos.