Lo peor que ha hecho este Fiscal General del Estado es nombrar, porque le ha dado la gana y en agradecimiento al ascenso obtenido por él de la mano de su antecesora en el cargo, a su propia antecesora como Fiscal de Sala de lo Militar.

Eso es algo que le ha reprochado el Tribunal Supremo en su Sala Tercera que ha anulado el nombramiento. Ahora veremos si eso anula también el movimiento subsiguiente según el cual la antigua Fiscal General del Estado ha pasado a ocuparse de la Memoria Democrática, un papel para el que llevaba años preparándose y que no podía ocupar si previamente no hubiera ascendido a Fiscal de Sala.

Que a un Fiscal General del Estado se le anule un nombramiento clama al cielo, como clamó al cielo la chapuza de su antecesora, Dolores Delgado, de nombrar a Eduardo Esteban frente a José Miguel de la Rosa Cortina

Pero que a un Fiscal General del Estado se le anule un nombramiento clama al cielo, como clamó al cielo la chapuza de su antecesora, Dolores Delgado, de nombrar a Eduardo Esteban frente a José Miguel de la Rosa Cortina con muchos más méritos para acceder a Fiscal de Sala de la Fiscalía de Menores pero que contaba con un defecto que en opinión de la antigua Fiscal General del Estado le desacreditaba para el cargo: no era miembro de la Asociación Progresista de Fiscales, de donde sacaba la señora Delgado la mayor parte de sus nombramientos.

Pues aquí pasa algo parecido. El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que sí pertenece a la Asociación Progresista de Fiscales, minoritaria en la carrera, nombró Fiscal de Sala de lo Militar a Dolores Delgado en agradecimiento por su propio ascenso y para que ella pasara prácticamente sin solución de continuidad a Fiscal de Sala de la Memoria Democrática.

Estos son los nombramientos que la Sala Tercera del Tribunal Supremo le ha echado abajo. No exactamente el nombramiento de Fiscal de Sala para la Memoria Democrática pero sí el anterior por el que el Fiscal General del Estado hacía ascender de categoría por sí y ante sí a su antecesora en el cargo.

Con lo cual ésta ha de volver a la categoría de fiscal a secas de la Audiencia Nacional. A menos que el Tribunal Constitucional al que ella amenazó con recurrir altere lo establecido por el Tribunal Supremo, en cuyo caso estaríamos ante una cacicada de libro.

Esta es la razón por la que, por primera vez en la Historia de nuestra democracia, el Consejo General del Poder Judicial ha votado en contra del nombramiento por segunda vez, del Fiscal General del Estado.

Han sido ocho los vocales que han emitido su voto negativo al nombramiento de Álvaro García Ortiz y eso porque el vocal Enrique Lucas se ha abstenido por una razón de peso: su hermano, el magistrado Pablo Lucas participó en el recurso que ha dado lugar a la sentencia por la que se reprocha a García Ortiz de "desviación de poder" y se anula el nombramiento de Dolores Delgado.

En cualquier caso este trámite es meramente consultivo, pero hay que hacer constar que es la primera vez que un CGPJ mermado, es verdad, pero en activo vota contra el nombramiento de un Fiscal General. A la mayoría conservadora se ha sumado el magistrado Wenceslao Olea, que ocupa una plaza en la Sala Tercera y es muy sensible a los argumento de su Sala aunque de momento no ocupe ningún puesto en ella. Pero eso será temporal.

Pero la sentencia de la Sala Tercera ha sido el tema central del debate habido en el seno del CGPJ. El Fiscal General del Estado tenía que saber que una sentencia de la contundencia de la que nos ocupa debía haber removido al sector judicial en sus asientos. Y no se habrá sorprendido mucho al conocer la opinión negativa del Consejo General del Poder Judicial.

Aunque le importe un rábano.