Pedro Sánchez ha asumido que en España existe una conspiración de togas contra el Gobierno legítimo. Eso y no otra cosa es el lawfare (guerra judicial), concepto que en su día esgrimió Pablo Iglesias para deslegitimar a la Audiencia Nacional, y que ha hecho suyo Puigdemont para argumentar que su caso no tiene nada que ver con la comisión de graves delitos, sino con la persecución política al independentismo.

El líder de Junts, que ayer se reunió con el número tres del PSOE, Santos Cerdán en un lugar desconocido en Suiza para tratar en secreto temas que afectan a la estabilidad de la legislatura que acaba de comenzar, lo expresó así el viernes en su cuenta de Instagram: "Los cuervos togados se revuelven y enseñan las garras y colmillos, y se les pone cara de general Pavía". Lawfare, lawfare, lawfare,...

El error que ha cometido Sánchez al comprarle, por puro interés, esa mercancía averiada al hombre del que depende su puesto (¡qué caros están saliendo siete escaños!) probablemente es el más grave que haya cometido en su cinco años al frente del gobierno. Porque al confrontar el Ejecutivo con el Poder Judicial, cuestionando su objetividad y su independencia, esta socavando la base esencial del Estado de Derecho.

De manera chusca, Oscar Puente, el recién nombrado ministro de Transportes, dijo en una entrevista a elDiario.es: "El lawfare es como las meigas: uno puede no creer en ellas, pero haberlas, haylas". También con su particular estilo alambicado, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, explicó el sábado en una entrevista en RNE: "Una democracia sin que la ciudadanía sienta que el poder judicial es independiente, es una democracia que tiene peligros". Armengol da por hecho que la ciudadanía "siente" que el poder judicial no es independiente. Pronto veremos una encuesta sobre ello. Seguro que Tezanos lo tiene ya en mente para incluir esa pregunta en el próximo CIS.

Pero el que de forma más taimada dijo, sin decirlo, que en España existe lawfare fue el propio presidente del Gobierno en su entrevista bomba en RTVE (que provocó la llamada a consultas de la embajadora de Israel). Preguntado sobre si creía que en España existía el lawfare, Sánchez asintió con la cabeza para luego decir que el caso Kitchen es una demostración de la "instrumentalización de las instituciones". Que se sepa, en el caso Kitchen hay implicados ex altos cargos del Ministerio del Interior, pero ningún juez. Todo vale. Los entrevistadores no tuvieron los reflejos de repreguntarle sobre ese pequeño detalle.

El caso es que la mancha de la calumnia ya esta extendida desde el poder y desde sus terminales mediáticas. La tesis es que en España los jueces son mayoritariamente de derechas y ahora se quieren tomar la justicia por su mano.

La operación de desprestigio de los tribunales llega justo cuando se han producido tres hechos que dejan al Gobierno malparado: la anulación del ascenso de Dolores Delgado a Fiscal de Sala por parte del Tribunal Supremo; el cuestionamiento de la idoneidad del Fiscal General, Álvaro García Ortiz, por el CGPJ precisamente por su arbitrariedad en el nombramiento de Delgado, y, finalmente, la anulación también por el Tribunal Supremo de la elección de Magdalena Valerio como presidenta del Consejo de Estado.

Acumular esa ristra de varapalos judiciales en una semana es algo que no tiene precedentes en nuestra democracia. Y se produce en un contexto muy particular: la inmensa mayoría de jueces, fiscales y abogados se ha manifestado públicamente en contra de la ley de amnistía, que ahora se tramita de urgencia en el Congreso.

El Gobierno alimenta la idea de que los jueces se oponen a sus cesiones a los independentistas porque actúan como el 'brazo togado' de la derecha

El Gobierno, torticeramente, trata de colar que existe una relación causa/efecto entre una cosa y la otra. Como los jueces están en contra de la amnistía se vengan del Gobierno echando abajo sus "nombramientos legítimos". Es curioso como la "legitimidad" se ha convertido en un arma arrojadiza. Como el gobierno es "legítimo" (ningún partido relevante ha negado que no lo sea), todos aquellos actos que pongan en cuestión sus decisiones suponen un ataque directo a la soberanía que reside en el Congreso y de la que emana el Ejecutivo. Todo, como se ve, va encaminado al mismo fin: cuestionar las decisiones judiciales, en una maniobra claramente preventiva sobre lo que pueda suceder cuando, con toda seguridad, la ley de amnistía sea recurrida por el Tribunal Supremo ante el Constitucional.

La maniobra es tan grosera que puede convertirse en un boomerang para Sánchez. Porque, en el caso de que la ley fuera recurrida y el Tribunal Constitucional dictaminara su constitucionalidad, la objetividad de esa sentencia quedaría cuestionada automáticamente, porque, argumentaría la oposición, la mayoría progresista del tribunal de garantías habría cumplido con obediencia perruna los deseos gobierno.

El presidente, que basa su éxito en la audacia y en la falta de escrúpulos, ha ido echando sobre la ley y los jueces la carga más pesada de sus pactos con los independentistas. Los indultos se produjeron con el informe en contra del Tribunal Supremo, que dijo algo tan sensato como que no se puede indultar a personas que no se han arrepentido de sus delitos; después vino la eliminación del delito de sedición del Código Penal, con lo que los hechos de septiembre y octubre de 2017 podrían volver a repetirse sin miedo al castigo; luego, la rebaja a la medida del delito de malversación, un privilegio para una determinada casta política. Finalmente, llega la amnistía, sobre la que hay dudas más que razonables sobre su constitucionalidad. Y su tramitación se lleva a cabo por procedimiento de urgencia para evitar los informes del CGPJ y del Consejo Fiscal. Ante esos atropellos continuados, es lógico que la mayoría de los jueces y fiscales hayan puesto pie en pared por lo que consideran un ataque al Estado de Derecho.

A mi modo de ver, este desprecio hacia el poder judicial le va a costar muy caro al presidente, y probablemente terminará convirtiéndose en su tumba política. A diferencia de lo que ocurre con otros estamentos, los jueces son independientes y aplican, salvo contadas excepciones, la ley sin condicionamientos políticos. Esa es la garantía que tenemos los ciudadanos de que no se puede hacer lo que uno quiera desde el gobierno.

Lo peor es que el prestigio de la Justicia va a ser, está siendo ya, una de las víctimas de la batalla que se avecina.