De la entrevista de ayer lunes en la SER con el presidente del Gobierno nos queremos ocupar hoy de esa leve pero constante, insistente, como una gota malaya, de que existe lawfare en los tribunales españoles.

Eso, que es una mentira por mucho que se repita, acabará haciéndose de uso común en el lenguaje de los españoles y eso es lo que terminará con el Estado de Derecho en España.

Queda avisado: nos están metiendo con vaselina un concepto que dinamita la separación de Poderes en nuestro país. Es un término adoptado por determinados regímenes latinoamericanos en los que no existe separación de Poderes porque todo el poder descansa en el presidente del Gobierno, aunque sean aparentes democracias.

Y eso es lo que están introduciendo aquí poco a poco, con la ayuda del propio Pedro Sánchez. Dejemos para otra ocasión la resistencia a ceder al PP la alternativa en el uso del poder y centrémonos en lo importante hoy.

Para empezar, habla del bloqueo del Consejo General del Poder Judicial pr parte del PP. ¿Es ése en puridad un caso de lawfare? ¿Qué tiene que ver la decisión de un partido político con las sentencias judiciales? Pero él introduce el término, a sabiendas de que está equivocado porque tonto no es, para que vaya asentándose en el imaginario colectivo.

La no renovación del CGPJ es la consecuencia de un intento de engaño por su parte: cuando estaban a punto de firmar la renovación del Consejo (confundir jueces y poder judicial con CGPJ es ya un clásico) los del PP se enteran de que el presidente pretende eliminar el delito de sedición, a pesar de que Félix Bolaños le había dicho a Esteban González Pons que semejante cosa no se iba a producir. Y ahí se quedó todo, en octubre de 2022. Desde entonces acá no ha habido novedades.

Este sistema de elección por parte enteramente del Parlamento no existe más que en dos países de la Unión Europea. Todos los demás acercan sus características a lo que piden desde el ámbito del Consejo Europeo (Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Comisión de Venecia, Grupo de Estados contra la Corrupción) como desde la propia Unión Europea (tanto la Comisión como el Tribunal de Justicia de la Unión Europea). El resto de los países permite a los miembros de la carrera judicial elegir a parte de los integrantes de sus Consejos.

Él lo que quiere es que nos vayamos acostumbrando esa palabreja para cuando tengamos que ver cómo ciertas comisiones parlamentarias juzgan si el poder judicial se ha atenido o no a lo que esas comisiones establecen como adecuado

Esto ha dicho el presidente del Gobierno ayer lunes en su entrevista de la SER: “Se habla mucho estos días de lawfare, que tiene una acepción que es la politización de la justicia. No hay caso más paradigmático que este secuestro en el que tiene sumido el PP al Poder Judicial”. Es un modo como otro cualquiera de introducir el palabro en una circunstancia que no tiene nada que ver.

Pero a él le da lo mismo. Él lo que quiere es que nos vayamos acostumbrando esa palabreja para cuando tengamos que ver cómo ciertas comisiones parlamentarias juzgan si el poder judicial se ha atenido o no a lo que esas comisiones establecen como adecuado.

Y ayer tarde, un CGPJ sin renovar pero plenamente operativo para otras cosas, emitió un comunicado en el que "rechaza de plano el sometimiento a revisión parlamentaria de decisiones enmarcadas en la exclusividad del ámbito competencial de nuestros Tribunales que, por otro lado, entendemos que se produjeron de forma plenamente acorde con la legalidad entonces enjuiciada".

Ya hace 45 años que superamos la etapa dictatorial de unidad de poder y coordinación de funciones, dice el comunicado. En consecuencia "su instrumentalización por la mayoría parlamentaria para controlar al Poder Judicial que reside en todos y cada uno de los jueces y tribunales es, como ha dicho el alto representante del Consejo, una actitud sectaria, impropia y espuria". Por eso incluso llama a los jueces que sean llamados por esas Comisiones a rebelarse.

Es imprescindible que el juez constitucional y europeo, el único que puede garantizar un juicio justo, quede al margen de la cabeza de caballo que, en forma de amenaza, declaró al diario Público el prófugo de la Justicia, Carles Puigdemont. Como si esas comisiones de investigación supusieran la amenaza de ampliar eternamente tales comisiones para volcar definitivamente el Estado de Derecho en nuestro país.

Pero el presidente está de acuerdo. Está de acuerdo en todo lo que le ordene el prófugo de la Justicia que es el que manda realmente porque sin sus siete votos Pedro Sánchez no podría seguir adelante.

Esto es lo que hay y lo que tiene a la mayor parte de los jueces en vilo.