La decisión de comprar a través de la SEPI el 10% de Telefónica supone la operación empresarial más importante que ha tomado hasta ahora el Gobierno de Pedro Sánchez. Implicará el desembolso de en torno a 2.000 millones de euros, lo que obligará a transferir una cantidad de dinero equivalente vía presupuestos generales del Estado, o bien endeudar aún más el holding público dependiente del Ministerio de Hacienda, que soporta ya un pasivo superior a los 3.000 millones de euros.

La compra de Telefónica es volver 25 años atrás, cuando el Estado salió definitivamente del capital de la compañía, en un proceso que inició a mediados de los 80 el socialista Luis Solana y que luego concluyó Juan Villalonga, ya bajo el gobierno de José María Aznar.

La compra ha sido forzada por la entrada en Telefónica de la empresa saudí STC, que ya posee el 4,9% del capital y que tiene pendiente materializar la adquisición de otro 5%, lo que convertiría al consorcio árabe en el principal accionista de la empresa española.

STC comunicó a la CNMV el 5 de septiembre pasado la compra de ese paquete y su intención de llegar hasta casi el 10%. El presidente de Telefónica, José María Álvarez Pallete no fue informado previamente, a pesar de que existían acuerdos entre ambas empresas, lo cual fue interpretado como un gesto poco amigable.

En el Gobierno se encendieron las alarmas. Fue la ministra de Defensa la que primero se puso en guardia, ya que conoce de primera mano la importancia estratégica de Telefónica, de la que depende la seguridad de las comunicaciones más sensibles del Estado, entre ellas, las del CNI.

Margarita Robles habló con el presidente del Gobierno y le advirtió del peligro que podría representar que Telefónica tuviera como primer accionista a una empresa pública saudí. En un primer momento, la respuesta del Gobierno fue confusa. De hecho, la ministra de Economía, Nadia Calviño, resaltó la importancia de que un grupo extranjero se fijase en una empresa española para invertir.

La SEPI necesitará una transferencia de fondos vía presupuestos, ya que su deuda supone más de 3.000 millones. Por otro lado, la compra refuerza a Álvarez Pallete

Sin embargo, las tesis de Robles se fueron imponiendo, ya que sus argumentos fueron respaldados por altos directivos de Telefónica, por los mandos de Defensa y por la cúpula de los servicios de inteligencia. De hecho, según fuentes solventes, ya en septiembre Sánchez había tomado la decisión de frenar a los saudíes mediante la compra de un paquete por el holding público.

En un primer momento, el Gobierno trató de que los saudíes se conformaran con el 4,9% y no elevasen su participación al 10%. También se pusieron pegas a los deseos de STC de tener uno o dos consejeros.

Por eso, hace un mes se filtró que el Gobierno quería que la SEPI comprase hasta un 5% de Telefónica. Con ese paquete y las participaciones de otros accionistas españoles (CaixaBank y BBVA, que suman un 8,3%) se garantizaba el control de la compañía de telecomunicaciones. Sin embargo, STC se empeña en aumentar su participación, para lo que necesita la autorización del Consejo de Ministros.

El rechazo de STC a convertirse en un accionista minoritario y silente es lo que ha llevado al Gobierno a subir su apuesta y elevar la participación que tendrá la SEPI hasta el 10% del capital. Es, por tanto, un triunfo para las tesis de Robles y, al mismo tiempo, un refuerzo para el presidente de la compañía, cuestionado por algunos accionistas minoritarios.