El presidente del Gobierno y el líder de la oposición se reunieron ayer en el Congreso mientras los medios de comunicación, y el país entero, centraban su atención en el sorteo de la lotería de Navidad. La fecha, elegida por Alberto Núñez Feijóo entre tres posibles, dice mucho de lo que éste esperaba del encuentro. O, más bien, del escaso interés que tenía en que el resultado final de la cita se convirtiera en la noticia del día.

La tensión que se ha vivido desde que la legislatura comenzó a andar no auguraba nada nuevo. La amnistía a los condenados del procés y el pacto que dará la alcaldía de Pamplona al candidato de Bildu habían elevado la tensión política hasta límites desconocidos hasta ahora. Incluso en los días previos al encuentro hubo acusaciones cruzadas que hacían pensar en un fracaso estrepitoso, otro más, del intento de diálogo, algo que debería ser normal, entre el Gobierno y el principal partido de la oposición.

Sin embargo, no fue así. De los tres puntos que el Gobierno quería tratar (reforma del artículo 49 de la Constitución; renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), y reforma de la financiación autonómica), se alcanzó un acuerdo en los dos primeros. Lo que no está nada mal para haberse tratado de una entrevista a cara de perro.

Vayamos al meollo. Después de cinco años de mandato cumplido y tras varios intentos de pacto frustrados en el último minuto, ahora Sánchez y Feijóo han puesto las bases para una renovación que tendría que estar concluida antes de la primavera. Es más, la intención del Gobierno es que el tema se resuelva en unas semanas.

Feijóo no podía mantener el bloqueo. No sólo porque la Comisión Europea había llamado la atención de forma reiterada sobre la aberración que supone tener un poder judicial en funciones durante más de cinco años, sino porque la situación de la Justicia es ya insostenible. En la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo, por poner un ejemplo, hay diez bajas por cubrir, de tal forma que algunas de sus sentencias están siendo avaladas por los letrados de refuerzo de dicha Sala. Por no hablar de la situación de hartazgo de los propios vocales del CGPJ.

No deja de ser humillante que se requiera de un mediador o supervisor extranjero para resolver un asunto de política interna.

Un par de días antes del encuentro fuentes de Génova filtraron que el PP estaba dispuesto a retomar las conversaciones que saltaron por los aires en octubre de 2022, fecha en la que Félix Bolaños y Esteban González Pons estuvieron a punto de sellar un pacto que suponía la renovación con el sistema actual, que daría diez puestos a vocales propuestos por el PP, otros tantos al PSOE, y un presidente de consenso. Y dejar la reforma del sistema de elección, que implicaría que los doce vocales jueces sean elegidos por los propios jueces, para la próxima renovación.

Con esa perspectiva se sentó el presidente del Gobierno frente al líder de la oposición. Sánchez estaba dispuesto a aceptar ese planteamiento con los mismos interlocutores que hace un año. Lo que no se esperaba es que Feijóo le propusiera la mediación o supervisión de la negociación por parte de un miembro de la Comisión Europea; misión que le corresponderá, según propuesta del líder del PP, al comisario europeo de Justicia, el belga Didier Reynders.

Sánchez, por supuesto, no vio inconveniente a la propuesta de Feijóo. Sobre todo, porque al establecer la figura de un mediador, el PP estaba aceptando de hecho el marco de la negociación que ha establecido el Gobierno con Carles Puigdemont. Por mucho que se quiera vestir el santo, cambiando la denominación de "mediador" por la de "supervisor", al final es lo mismo. Poniéndose la venda antes de la herida, el propio PP se apresuró a decir en la nota que difundió a los medios que no era lo mismo un mediador salvadoreño que un miembro de la Comisión Europea. En efecto, no es lo mismo ser salvadoreño que belga. También es verdad que Reynders está al cabo de la calle de la disputa que hay en España a cuenta de la renovación del Poder Judicial... Pero no deja de ser humillante que en un asunto de política interna, España tenga que recurrir a la mediación de un tercero, por muy comisario y por muy belga que este sea.

La justificación dada por Feijóo en rueda de prensa no hace sino ahondar en lo lamentable que resulta esa figura: "Si sus socios no se fían de Sánchez, mucho menos puede hacerlo la oposición". No me explico como y con qué argumentos, a partir de ahora, va a criticar el PP la figura del mediador en el caso de Junts.

Nada sabemos, por cierto, si Feijóo ha puesto sobre la mesa la cuestión de los consejos regionales del Poder Judicial, o la posibilidad de que los Tribunales Superiores de Justicia se conviertan en la última instancia, vaciando de contenido al Tribunal Supremo. Ese troceamiento del Poder Judicial es algo que está en la agenda de los independentistas y que supondría un golpe definitivo a las bases del Estado de Derecho que establece la Constitución. La reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que pretenden tanto ERC como Junts, con el visto bueno de el resto de los socios del Gobierno, incluido Sumar, es mucho más grave para la independencia de la Justicia que la renovación del CGPJ. No pierdan de vista este asunto. Será la próxima gran batalla.