Todo lo que ocurra en las próximas semanas estará marcado por la cita electoral gallega del próximo 18 de febrero. Para el Gobierno, será la prueba no sólo para medir la solidez del liderazgo de Núñez Feijóo, sino el examen ante las urnas de su política de oposición frontal contra Sánchez, centrada, sobre todo, en su rechazo frontal a la amnistía a Puigdemont y los independentistas condenados por el procés.

De tal manera que si Alfonso Rueda, el candidato popular a presidir la Xunta, cosa que ahora hace por delegación de su mentor y jefe de filas, no logra al menos los 38 escaños que le darían la mayoría absoluta el 18-F, eso significaría el principio del fin del líder de la oposición. Eso, al menos, es lo que piensan en el entorno del presidente.

Los números están muy ajustados. Por eso, en Moncloa critican cada vez más abiertamente la táctica de Yolanda Díaz de humillar innecesariamente a Podemos. El intento de ir en coalición (Sumar y Podemos) a las elecciones gallegas salió mal porque el pacto se había hecho a espaldas de los que realmente mandan en ese partido, Pablo Iglesias, Irene Montero y Ione Belarra. Para el Gobierno la unidad de la izquierda a la izquierda del PSOE era vital para aspirar a derrotar al PP. Ahora los pronósticos apuntan a que ni siquiera Sumar superaría la barrera que le permitiría aspirar a un escaño. Un fiasco que en Moncloa adjudican a la vicepresidenta y ministra de Trabajo.

Aún con todo, el resultado es incierto. Porque ni siquiera la división de la izquierda garantiza el triunfo al delfín de Feijóo. En Génova preocupan dos cosas. Por un lado, los votos que les puede robar el partido del alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome (su partido, Democracia Ourensana, logró el 34% de los votos en las municipales de mayo en la capital ourensana); y, sobre todo, el apoyo que pueda tener Vox. El partido de Abascal es casi un fantasma en Galicia. En las elecciones autonómicas de 2020 obtuvo sólo 26.797 votos (poco más del 2% del censo). Sin embargo, en las elecciones generales de julio de 2023, Vox superó los 77.000 votos, rozando el 5% del electorado. Si repitiera ese resultado, la mayoría absoluta del PP estaría en el alero.

Por eso al PP le interesa que el votante de Vox vuelva al redil, que entienda que la Xunta se puede perder por unos miles de votos que no servirían de nada pero que restarían posibilidades al candidato popular y abrirían la puerta a un gobierno tripartito encabezado por el BNG (que es el partido opositor más fuerte en las encuestas), apoyado por el PSdG y Sumar.

En el Gobierno creen que si el PP no logra revalidad la mayoría absoluta será el principio del fin de Núñez Feijóo

Feijóo decidió adelantar las elecciones unos meses sobre el calendario previsto para aprovechar al máximo el desgaste del Gobierno por la amnistía (a esta razón principal luego se añadió el pacto con Bildu en Pamplona). En declaraciones a distintos medios, el candidato Rueda ha situado como su contrincante no a José Ramón Besteiro (PSdG), ni siquiera a Ana Pontón (BNG), sino al presidente del Gobierno, lo que da una idea de que él también tiene asumido que el debate en Galicia va a ser un calco de la disputa a nivel nacional. Es más, que sus opciones de ganar residen en que su campaña gire en torno a la amnistía y las cesiones del Gobierno a Cataluña. Para que no quepan dudas de lo que está en juego, el propio Núñez Feijóo hará campaña en Galicia con una caravana paralela a la de Rueda.

El PP, por tanto, va a condicionarlo todo durante las próximas seis semanas a ese objetivo prioritario: repetir por sexta vez la mayoría absoluta en Galicia.

La enmienda a la totalidad de la ley de amnistía, presentada la semana pasada, que incluye la posibilidad de disolución de los partidos que lleven adelante un referéndum de autodeterminación, esta concebida con ese objetivo: que los posibles votantes de Vox en Galicia sepan que el PP será tan duro como el partido de Abascal a la hora de combatir el independentismo.

La propuesta, que ni siquiera conocían previamente los barones del PP y que ha generado dudas en los sectores más conservadores de la judicatura, no está pensada para recibir el apoyo de las Cámaras o el apoyo entusiasta de las bases populares, sino que está concebida como parte del guion electoral gallego para mantener a raya a Vox.

Las elecciones en Galicia también van a condicionar otros asuntos de la política nacional, como es el caso de la negociación para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), acuerdo que el Gobierno pretende sacar adelante cuanto antes pero que tendrá que esperar, al menos, hasta después del 18-F. El PP no puede permitirse el lujo de que un pacto que lleva esperando más de cinco años pueda aguarle el triunfo en Galicia, a sabiendas de que Vox arremeterá contra él calificándolo como un pasteleo de cargos entre PP y PSOE, como ya se ha adelantado a vaticinar su jefe supremo.

Si el PP no le va a dar cuartel al Gobierno en las votaciones previstas en las próximas fechas (una de ellas, la del decreto ley omnibus que Junts amenaza con tumbar), Moncloa y el PSOE harán todo lo que esté en su mano para desgastar al líder de la oposición. Un traspiés de Feijóo en su tierra proporcionaría al Gobierno un inesperado balón de oxígeno para tratar de demostrar que el ruido de la amnistía no traspasa los muros de Madrid.

Así que, por primera vez, Galicia va a marcar el pulso de la política nacional. Porque el que se la juega el 18-F, más que ningún otro, es el aspirante a ser el próximo presidente del Gobierno.