El martes por la noche, unas horas antes del pleno del Congreso donde debían votarse los tres decretos con los que el Gobierno ponía a prueba la solidez de sus apoyos parlamentarios, tomaron una cena fría en Moncloa -jamón de jabugo incluido- Jordi Turull, Miriam Nogueras y Albert Batet, algo así como la plana mayor de Junts sin contar al jefe supremo, Carles Puigdemont. Los anfitriones fueron María Jesús Montero, Félix Bolaños y Santos Cerdán, el negociador del que dicen los ex convergentes que sí se fían.

El objetivo de esa cena en palacio era cerrar el acuerdo para que los siete votos de Junts avalaran los tres decretos de marras.

Llama la atención la diferencia de trato del Gobierno hacia Junts respecto al modo en que se ha dirigido a otros partidos. Las llamadas de teléfono a la desesperada de Bolaños a Cuca Gamarra, o de Yolanda Díaz a Borja Semper, con el fin de lograr el apoyo de los 137 escaños del PP. O los intentos de última hora para bizcochar a Ione Belarra (Podemos tiene 5 escaños) también por vía telefónica. El esfuerzo para seducir a estos grupos, cuyos votos eran tan vitales o más que los de Junts, fue más bien escaso. No hubo cena con jamón del bueno, ni comida de buffet, ni siquiera chocolate con churros.

Aun con todo, la deferencia del Gobierno con los tres capitostes de Junts no dio resultado. En la cena no se cerró nada concreto y la mañana siguiente el pleno del Congreso se vivió con la espada de Damocles del voto en contra de los independentistas catalanes. Fueron horas de mucha tensión que, finalmente, concluyeron con la ausencia de Junts de la votación (una abstención que en la práctica suponía dar luz verde a los decretos) a cambio de una serie de concesiones. ¿Quién desatascó la negociación? Una conversación telefónica de Puigdemont con Santos Cerdán. El Gobierno todavía no se ha enterado de que en Junts sólo manda uno y ese uno vive en Waterloo.

El acuerdo fue tan precipitado que los diputados del PSOE no se enteraron del acuerdo hasta que la presidenta de la Cámara, Francina Armengol, hizo público el resultado de la votación.

Por parte del Gobierno nadie ha explicado todavía la contraprestación a cambio de salvar dos decretos muy importantes (el tercero se rechazó porque Podemos votó en contra). Pero Junts se apresuró a vender su éxito inmediatamente en forma de comunicado oficial. Era un totum revolutum. El propio título de la nota era la prueba de que Junts había metido en la cesta de peticiones al Gobierno todo tipo de ocurrencias: "Junts per Catalunya se abstiene tras pactar la delegación integral de las competencias de inmigración a la Generalitat y la publicación inmediata de las balanzas fiscales". Y luego se añadían logros tan variopintos como la supresión del artículo 43 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil, o la rebaja del IVA del aceite al 0%. También se apuntaba la reforma de la ley de sociedades de capital para favorecer la vuelta de las empresas a Cataluña, que se marcharon precisamente cuando ellos tenían el poder en la Generalitat.

Ni el Gobierno ni el PSOE han hecho ninguna nota o declaración pública al respecto, a diferencia de lo que ocurrió con el pacto con ERC del mes de noviembre. Todo lo que han hecho desde el miércoles los ministros que han hablado sobre el asunto (Montero, Bolaños o la ministra portavoz, Pilar Alegría) ha sido echar agua al vino.

Para el presidente, Puigdemont se ha convertido en socio preferente, porque sus votos pueden inclinar la balanza de la legislatura

Por lo que parece, el pacto se cerró de forma apresurada y sin concreción. Pero el Gobierno le ha dado a Puigdemont la oportunidad de convertirse en el político clave de Cataluña, alguien que puede lograr cosas que otros (como ERC) no pueden conseguir, como, por ejemplo, la amnistía. Los dirigentes de Junts están encantados con lo que ha sucedido esta semana. El propio Turull ha declarado en una emisora de radio que su partido ha demostrado que no cambia de posición, y que va en serio.

Para completar la felicidad del ex president de la Generalitat, una encuesta del Instituto de Ciencias Políticas y Sociales de Cataluña, publicada este jueves, mostraba dos cosas. Por un lado, que Junts es el partido que más ha crecido en expectativa de voto en el último año en Cataluña (pasando del 8,5% al 15,5%), y que Puigdemont aparece como favorito para volver a presidir la Generalitat (un apoyo del 16,7%, frente a un 12,8% de su archienemigo Oriol Junqueras).

El debate sobre la aplicación de la ley de amnistía oculta una realidad palmaria: Puigdemont es su principal beneficiario. Aunque el Tribunal Supremo plantee una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia Europeo (TJUE), el líder independentista podrá volver a España nada más publicarse la ley en el BOE. Y el juez Llarena no tendrá más remedio que levantar las medidas cautelares que pesan sobre él. Es más, como no está condenado, sobre Puigdemont no pesa ninguna inhabilitación. Por tanto, podrá presentarse a las elecciones europeas del mes de junio o a las catalanas cuando se convoquen. Cosa que, por contra, no podrá hacer el líder de ERC, Oriol Junqueras, ya que sobre él sí pesa una inhabilitación para ejercer cargo público que se mantendrá hasta el año 2031. La cuestión prejudicial sólo supone que el proceso queda pendiente hasta que el TJUE decida si la amnistía es contraria a la legislación española y comunitaria.

Así que nos vamos a encontrar con la siguiente situación: Junqueras, que no se fugó y que pasó tres años en la cárcel, no podrá ser candidato hasta dentro de seis años, mientras que su competidor, Puigdemont, que se fugó y que ha vivido a cuerpo de rey en Bélgica, se beneficiará de la amnistía y está capitalizando para sí otros logros como las cesiones del Gobierno de esta semana. Así, no sería extraño que pudiera convertirse en el futuro presidente de la Generalitat.

ERC anda con la mosca detrás de la oreja, por no hablar del mosqueo de Salvador Illa, que ve cómo el Gobierno de Sánchez le está haciendo la campaña a Junts, partido que no tiene nada de izquierdas ni de progresista.

La clave para entender este súbito enamoramiento del Gobierno hacia un socio tan exigente y poco fiable hay que buscarla en el interés del presidente del Gobierno. Mientras que Sánchez cree tener amarrados los votos de Bildu y ERC (por razones ideológicas) e incluso los del PNV (por puro interés de mantenerse en el poder en el País Vasco), los de Junts están en el aire. No hay que olvidar que los siete votos de Junts podrían dar la mayoría al PP en una hipotética moción de censura (la derecha sumaría 178 escaños).

Puigdemont sabe que esa es su fuerza y por eso no le importa mucho filtrar a los medios la reunión de su gente con el líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, justo después de las elecciones generales. Sánchez sabía que tenía que amarrar los siete votos de Junts para su investidura y esa urgencia fue la que le puso en bandeja al ex president la consecución de la amnistía.

Con Puigdemont, Sánchez ha encontrado la horma de su zapato. Los dos son igualmente amorales, y, para ellos, el fin siempre justificará los medios para lograrlo. Veremos hasta cuándo dura la entente.