Recordemos que el Gobierno, a través de varios ministros, había dicho la semana pasada que el terrorismo era "una línea roja". Por cierto, tras incluir en la proposición de ley que la amnistía amparase a todos los acusados de delitos de terrorismo siempre y cuando no estuvieran condenados en sentencia firme.

Ayer, esa línea roja saltó por los aires, una vez más. El PSOE y Junts han pactado que la amnistía también abarque los delitos de terrorismo con sentencia firme. Con ello, en palabras de los negociadores, se "blinda" a todos los implicados en los incidentes de Tsunami Democràtic e incluso a los miembros de los CDR. También se "blinda" el regreso a España de Puigdemont al modificar un párrafo sobre las medidas cautelares.

Pero, centrémonos en el delito de terrorismo. Las fuentes consultadas (tanto del PSOE como de Junts) coinciden en que, con la nueva redacción, la ley de amnistía "gana seguridad jurídica". Es más, afirman que, con la redacción anterior, corría peligro su constitucionalidad. ¿A quién ha consultado el Gobierno para percibir tan claramente ese riesgo? ¿Acaso el presidente del Tribunal Constitucional hace de asesor para "blindar" la constitucionalidad de la ley de amnistía?

El peligro de la redacción tal y como la había pactado el PSOE con la mayoría de sus socios (excepto Junts) no sólo afectaba a la posible inconstitucionalidad de una ley que va a marcar esta legislatura, sino en que tenía difícil pasar el filtro de la Justicia Europea.

El disparate que se acordó la semana pasada podía llevar a situaciones tan absurdas como la siguiente. No amnistiar a una persona condenada por delito de terrorismo por colaboración en la financiación de algún acto (artículo 576 del Código Penal), y, sin embargo, amnistiar a otra persona que estuviera procesada por atentar contra la vida de un Policía Nacional.

Así que, para evitar estos males, el PSOE y Junts han pactado una redacción que ampara todos los delitos de terrorismo, exceptuando -esta es la novedad argumental- a los que hayan tenido la "intención directa" de provocar "violaciones graves de los derechos humanos".

La pregunta que surge inmediatamente es si existen delitos de terrorismo que no supongan violaciones graves de los derechos humanos. La nueva redacción de la ley de amnistía da un amplio margen de interpretación a los jueces, si es que, antes de su entrada en vigor, no se modifican los artículos relativos a los delitos de terrorismo en el Código Penal (que abarcan desde el 572 al 580).

Según la Directiva Europea, el terrorismo es en sí mismo una violación de los derechos humanos

Terrorismo y derechos humanos son conceptos antitéticos, incompatibles. No puede haber un delito terrorista que no suponga una agresión a los derechos humanos.

Así lo entiende la normativa europea. Según establece la Directiva (UE) 2017/541 del Parlamento Europeo y del Consejo del 15 de marzo de 2017 en su Apartado 2: "Los actos terroristas constituyen una de las violaciones más graves de los valores universales de la dignidad humana, la libertad, la igualdad y la solidaridad, y el disfrute de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, en los que se basa la Unión". Es decir, que el delito de terrorismo es en sí mismo un delito contra los derechos humanos.

El terrorismo es un concepto normativo, que tiene grados en cuanto a su gravedad, pero que no se puede edulcorar vaciándolo de contenido a conveniencia del legislador.

Así que el Gobierno (que ha dado su luz verde a este acuerdo entre PSOE y Junts) ha salido de Málaga para meterse en Malagón. Por evitar un conflicto, se ha metido en otro mayor.

Esto ocurre porque se pretende legislar a marchas forzadas y bajo a amenaza de un partido que tiene en su mano la estabilidad del Gobierno y que, día a día, va imponiendo su criterio, que consiste en librar de todo reproche penal a todas aquellas personas que actuaron bajo el amplísimo paraguas del procés.

Incluso con la asesoría impagable de grandes profesionales del Derecho (como lo es Cándido Conde Pumpido), la ley de Amnistía saldrá herida de muerte del Congreso. Entre otras cosas, porque sus redactores han hecho oídos sordos a las recomendaciones de los letrados de la Cámara y han evitado las consultas al CGPJ y al Consejo de Estado que hubieran servido para evitar barbaridades como las que se van a perpetrar.

El mal es de origen. La ley está siendo redactada por los beneficiarios de la ley, algo inaudito. Este Gobierno ha demostrado sobradamente que es capaz de saltarse todas las líneas rojas habidas y por haber. Cuando no se tienen principios, los límites son siempre flexibles.