La decisión de Junts de devolver la proposición de ley de Amnistía a los corrales de la Comisión de Justicia del Congreso no sólo pone en peligro que la norma sea aprobada, sino que deja temblando la legislatura.

Junts ha pretendido ir muy lejos: blindar a Carles Puigdemont de los posibles delitos de terrorismo y de traición al Estado, que podrían derivarse de dos sumarios que se siguen en la Audiencia Nacional (caso Tsunami) y en un juzgado de Barcelona (caso Voloh). Ya el PSOE aceptó algo que parecía imposible, la distinción entre delitos de terrorismo que respetan los derechos humanos y otros que no. Eso lo hizo para que Junts aprobara dos de sus decretos. Sin embargo, Puigdemont no se ha conformado con esa astracanada, y, aconsejado por su abogado, Gonzalo Boye, ha querido tapar todos los agujeros legales posibles para asegurar a su defendido, y a él mismo, la libertad plena.

Los negociadores del Gobierno (Félix Bolaños y Santos Cerdán, asesorados por Rodriguez Zapatero) le transmitieron al equipo de Puigdemont (Turull, Nogueras, Boye) que no se podía ir más lejos. Cualquier retoque pondría en duda la constitucionalidad de una ley que ya va cargada de despropósitos.

Pero ha sido imposible. La dirección de Junts, reunida de urgencia el martes por la mañana, rechazó la proposición de ley tal y como la había planteado el PSOE.

Se presentía el desastre. Aunque, con este gobierno nunca se puede decir que hay una línea roja que no pueda saltar. La intervención de la portavoz de Junts, en el Congreso, Miriam Nogueras, despejó todas las incógnitas: "Una amnistía selectiva y en diferido no es lo que firmamos". Arremetió contra los jueces, a los que llamó prevaricadores, e hizo una afirmación que demuestra hasta qué punto en su partido no han entendido nada de lo que ha pasado desde 2017: "Los unionistas no han ido a la cárcel, ni han pagado multas por serlo; los independentistas, sí".

El Gobierno sale tocado de su derrota en el Congreso. Es difícil que algo cambie en las próximas semanas. Junts dice que mantendrá sus exigencias. Y si la ley de amnistía decae, la legislatura corre riesgo

Es decir, que el independentismo no asimila que durante el procés se cometieron delitos, y enmarcan la actuación de los jueces en un proceso político contra las ideas soberanistas. No se puede ser más tarugo.

Había que ver las caras de funeral en el Pleno de María Jesús Montero y Bolaños. Era la prueba no sólo del fracaso de la negociación, sino del vértigo que produce imaginar lo que ahora se avecina.

Tras votar no, la proposición de ley vuelve a la Comisión de Justicia del Congreso, que tendrá hasta un mes para que se resuelvan las diferencias entre el PSOE y Junts. Tanto las fuentes de Ferraz como las de Moncloa aseguran que no moverán ni un dedo para ampliar más el ya generoso paraguas de la amnistía. Tampoco en Junts dan esperanzas de que Puigdemont rebaje sus exigencias.

¿Qué sucederá entonces? Pues que la ley de Amnistía puede decaer sin ni siquiera ir al Senado porque no tendrá los apoyos necesarios para su aprobación en el Congreso.

La "operación amnistía", la gran apuesta de Sánchez, habrá sido un fracaso. No sólo porque la ley no habrá salido adelante, sino porque Junts estará enfrente del Gobierno en todas y cada una de las votaciones que se produzcan en el Congreso, incluida la de Presupuestos. A eso hay que añadirle el desgaste interno que ha sufrido el PSOE entre sus militantes y, sobre todo, entre sus votantes.

Es por ello, que el rechazo de Junts no sólo pone en peligro la ley de amnistía, sino que deja en alero la legislatura.

Estamos ante la derrota más seria que ha sufrido Sánchez desde que llegó al Gobierno. ¿Será el principio del fin?