La esclavitud, como sinónimo de “trabajos forzados”, supone el aprovechamiento del esfuerzo de un ser humano en beneficio de otro, de una organización, o de un Estado. Ancestralmente este vasallaje surgía con la captura de los enemigos, que en vez de asesinarlos se les usaba como mano de obra gratuita. Aristóteles afirmaba que “al vencido en la guerra se le reconoce como propiedad del vencedor” (“Política”). En el Imperio Romano también se podía caer en la esclavitud por deudas, y otras causas. En España, hace apenas 150 años, se promulgó la “Ley Moret”, primera norma del proceso de abolición (como curiosidad, si la busca, puede leerla en el BOE nº 150 de 1870). Con el paso de la historia, las prácticas abusivas han ido evolucionando, pero sigue existiendo esa tendencia a aprovechar el esfuerzo de otros.

El preámbulo histórico no es para hacer una comparación literal. Pero existe un anacronismo que están sufriendo los abogados y procuradores de oficio. Hay un aprovechamiento injusto de su trabajo por parte del Estado. Es importante conocer que la asistencia jurídica gratuita para personas sin recursos, es un servicio OBLIGATORIO para abogados y procuradores. Es decir, mientras haya voluntarios, serán ellos quienes presten el servicio, pero si en algún momento faltan los espontáneos, entonces puede ser “reclutado” de manera obligada cualquier otro abogado. Sí, así es.

Es el último “trabajo forzado” que todavía existe. No lo podemos equiparar a la antigua esclavitud de cadenas y látigos, pero no deja de ser un abuso inaceptable. Cualquier ciudadano que vea expropiados sus bienes, tiene derecho a que se le abone un “justiprecio”. Ellos no reciben una compensación mínimamente adecuada.

Por otro lado, nuestra sociedad ha alcanzado, como logros importantes, el derecho de “defensa” y la “asistencia letrada” para todos. Artículo 24 de la Constitución y aceptado universalmente. En 1996 se aprobó la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita para quienes carecen de recursos, como un servicio público más, como puede ser la asistencia sanitaria.

Aquí me gustaría recordar que en el siglo pasado ya existía el “abogado de pobres”, un antecedente del actual sistema. Realizaban esta función social incluso de manera gratuita. Una actitud de generosidad con la sociedad. Eran tiempos en los que podían vivir de sus casos privados.

Actualmente los profesionales de “Oficio” deben cumplir exigentes requisitos de experiencia y formación. La ley dice que se les paga una “indemnización”. Yo digo “limosna”, porque es ridícula. La retribución puede ser 10 veces inferior a la que procedería por dedicación y responsabilidad. Juzguen ustedes mismos: por todo un procedimiento penal completo se “indemniza” con 270€. Esto incluye las entrevistas con clientes, testigos, peritos, preparación de demanda, redacción de recursos, preparación y asistencia a vistas y juicio. Sólo a modo de ejemplo.

Mientras Abogados y Procuradores podían subsistir de manera digna con sus clientes privados, se podían permitir esas “dádivas”. Pero las solicitudes ciudadanas de justicia gratuita han ido aumentando, con el consiguiente descenso de encargos propios.

En la actualidad muchos viven casi exclusivamente de asuntos de oficio. Las distintas crisis (gran recesión de 2008, pandemia de Covid, huelgas de jueces y funcionarios) han dejado a muchos al borde de la indigencia, aunque por orgullo tratarán de no mostrarlo. La mayor parte de la Abogacía está al límite. Con “limosnas” no se puede subsistir. Las “indemnizaciones” las fija el Estado unilateralmente y no las actualiza. Y las retribuciones tardar meses en pagarse.

Las horas dedicadas a cada asunto son absolutamente desproporcionadas al trabajo retribuido. Los  profesionales carecen de derechos básicos.

Las horas dedicadas a cada asunto son absolutamente desproporcionadas al trabajo retribuido. Los  profesionales carecen de derechos básicos. El Estado no cotiza por el trabajo realizado por Procuradores y Abogados. Asumen una gran  responsabilidad, pero no se les asegura esas posibles responsabilidades civiles. Los gastos (material, vehículos, gasolina, dietas) los deben costear los mismos trabajadores.

Los ciudadanos merecen  profesionales tratados con dignidad. Nos afecta a todos. Numerosos colectivos de abogados y procuradores (Movimiento J2, sindicato Venia, asociación Anama, asociación Ala, y otros grupos y foros de afectados) acudirán a una manifestación en Madrid el próximo 3 de febrero.

Que vivimos tiempos difíciles, todos lo sabemos. Que son imprescindibles cambios urgentes, también. Miles de abogados y procuradores reclaman una regulación del Turno de Oficio. Es un problema pero muy importante para el buen funcionamiento de nuestra justicia. La sociedad se lo merece. Y se requiere el esfuerzo de todos.

Como en la célebre canción imagine, de  John Lennon:  “Podrás decir que soy un soñador. Pero no soy el único. Espero que algún día te unas a nosotros, y el mundo vivirá como uno”.

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Pedro López Graña es abogado.