Alguien debió de decirle al presidente del Gobierno que había una sentencia de Aristóteles que le servía para justificar su manera de hacer política. Dicho y hecho. La pronunció en una entrevista en El País al comienzo de este año y luego la ha repetido en diversas apariciones públicas; la última, esta semana en La Sexta. La única verdad es la realidad. Me pregunto si la realidad que percibe el presidente es la misma que percibimos la mayoría de los ciudadanos.

¿Cómo interpretará Pedro Sánchez el revolcón que le dieron el martes los fiscales de la Sala Segunda del Supremo a su afirmación de que "el independentismo no es terrorismo"? Como suelen hacer los demagogos, el presidente hizo una afirmación en la que podemos estar todos de acuerdo, pero que, en realidad, lo que pretendía era camuflar el debate que plantea la instrucción del juez García-Castellón.

Los jueces y los fiscales lo que deben hacer es aplicar la ley. Lo dijo el miércoles el fiscal del Supremo Salvador Viada en entrevista con Carlos Alsina. Así de sencillo. ¿Se ajustan los hechos que están siendo investigados a lo que dice el Código Penal sobre terrorismo? Ese es el debate jurídico. Y ahí están de acuerdo la mayoría de los fiscales del Supremo, donde seguramente acabará la causa. Los fiscales no entraron en si los imputados son o no independentistas, sino si sus acciones sobrepasaron los límites de la alteración del orden público y si el fin de las mismas era alterar el orden legal constituido. Punto. Por eso, no es extraño que en esa tesis estén de acuerdo fiscales que pueden ser considerados conservadores, con otros progresistas, como Javier Zaragoza.

La realidad, presidente, es que la carrera fiscal sí ve terrorismo en los sucesos acaecidos en Barcelona tras conocerse la sentencia del procés. La realidad es que la carrera fiscal sí ve indicios suficientes como para investigar por terrorismo a Carles Puigdemont. Esa es la verdad.

Lo peor para Pedro Sánchez es que Puigdemont ya sabe que no controla la Justicia, y que la amnistía que le ha prometido puede dejarle desprotegido

La vicepresidente del Gobierno, María Jesús Montero, ha trasmitido a algunos periodistas el pesimismo que invade al Gobierno en torno a la ley de Amnistía. Es lógico. Junts ya ha dicho que no a la última ocurrencia de acortar los plazos de instrucción de los sumarios, modificando para ello la Ley de Enjuiciamiento Criminal, como una forma de cortarle las alas a García-Castellón y al juez Aguirre (que investiga los lazos del procés con Putin). ¿Qué se van a sacar de la manga ahora?

El pesimismo llega incluso hasta la columna de José Antich (que desde Elnacional.cat trasmite el sentir del independentismo más próximo al ex president), que concluía ayer: "Queda como una bravuconería para la historia la frase de Pedro Sánchez de que la Fiscalía depende de él".

La amnistía está bloqueada. Es un hecho. El presidente pretendió para asegurarse los siete votos de Junts, claves para la estabilidad de su Gobierno, darle a Puigdemont algo que no dependía sólo de él. O, mejor dicho, que no dependía sólo del Ejecutivo y de la mayoría en el Congreso. Quiso, siguiendo la filosofía aristotélica, cambiar la realidad sin tener las herramientas suficientes para lograrlo.

En su afán obcecado por darle a Puigdemont lo que este le exige, ha provocado un enfrentamiento sin precedentes entre los poderes del Estado. La Justicia, en efecto, se ha convertido en un valladar contra el abuso de poder de Sánchez.

Cuanto más empuje el Gobierno para doblegar a jueces y fiscales, mayor resistencia encontrará, incluso entre los que se consideran progresistas. Lo decía un magistrado hace unos días a uno de sus colegas: "No querían una taza, pues tendrán taza y media".

La realidad ha desbordado la hoja de ruta que pretendía saltarse a la torera a jueces y fiscales bajo la falacia de que la soberanía popular lo puede todo.

Hoy en Cataluña no se habla de la amnistía, sino de los problemas de la agricultura y de la sequía. La realidad ha desnudado la ineficacia de una gestión que lleva años girando en torno a la ficción de la creación de una república catalana independiente.

Lo que ha ocurrido en el Supremo, lo que está sucediendo en las carreteras de toda España, presidente, es una bofetada de realidad. Esa es la verdad.