Entre las protestas que oímos a los agricultores y ganaderos en estas últimas semanas, se menciona a menudo la PAC y las exigencias medioambientales y burocráticas que lleva aparejadas.

Quienes son ajenos al mundo rural, únicamente asocian la PAC a los cobros que perciben los agricultores y ganaderos europeos en activo, cuando cumplen ciertas condiciones. Es cierto que la PAC lleva asociadas ayudas a estos sectores, pero tales ayudas no son gratuitas, ni garantizan, como propugnan desde Europa y era en su origen uno de los objetivos, el nivel de vida de los trabajadores del sector, ni una mejora en la productividad y rentabilidad de las explotaciones agrícolas y ganaderas.

Muchos de los criterios que ha ido señalando la PAC para el cobro de las ayudas, suponen renuncias de gran calado, por ejemplo, todos recordamos el arranque de viñedos en España; la limitación de la producción de leche, mediante las cuotas lácteas, propiciando la desaparición de multitud de pequeñas explotaciones ganaderas de leche en España; el fomento del cultivo de girasol en sustitución del cereal; la posterior desincentivación del cultivo de girasol en beneficio de otros cultivos; los regímenes de barbecho que se imponen o la adopción de medidas limitativas a través de la PAC, en aras de una supuesta conservación del medio ambiente.

Si la PAC ha permitido modernizar y dotar de medios y tecnologías algunas explotaciones, también ha coartado el derecho constitucional a la libertad de empresa y ha desincentivado a muchos emprendedores del sector ganadero o agrícola, que antes lo intentaban y ahora abandonan la zona rural o inician su plan de negocio, no contando con la rentabilidad que derive de su esfuerzo inversor y de su trabajo, sino con las subvenciones y ayudas de la PAC, como si fuesen un activo de la empresa, aun estando sujetas a criterios cambiantes, ambiguos e inseguros y a un “mar burocrático”, en el que no es difícil perderse o emprender caminos que se frustran o que, finalmente, solo permiten la subsistencia, en una clara y difícil dependencia del Estado.

Si la PAC ha permitido modernizar y dotar de medios y tecnologías algunas explotaciones, también ha coartado el derecho constitucional a la libertad de empresa

El documento, titulado Comunicación de la Comisión el Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, de mayo de 2020, que tiene como lema “reintegrar la naturaleza a nuestras vidas”, como futuro Marco global sobre la biodiversidad para el periodo posterior a 2020 del Convenio sobre la Diversidad Biológica, anticipa la posición que se adoptará en la décimo quinta reunión de la Conferencia de las Partes del Convenio y de la estrategia de la Unión Europea sobre biodiversidad 2030.

Este documento ha informado o inspirado el Real Decreto 1057/2022, de 27 de diciembre, por el que el gobierno español adelanta, innecesariamente, y aprueba el “Plan Estratégico Estatal del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad a 2030” (BOE 30 de diciembre de 2022) los compromisos de España en el ámbito internacional y de la Unión Europea. Los nuevos criterios para la PAC que proponen estos documentos, de marcado contenido medioambiental y climático, es lo que ha determinado, que agricultores y ganaderos, hastiados de intervencionismos, ambigüedades, inseguridad jurídica y, sobre todo, de falta de rigor técnico científico e incluso empírico en tales propuestas, hayan decidido rebelarse.

Resulta revelador, que casi todas las fuentes que cita tal documento para avalar los criterios que propone son en su mayoría fuentes internas o de organismo cercanos a la UE y no tanto de científicos o expertos independientes. En cualquier caso, tras señalar como uno de los objetivos, la búsqueda de algo tan etéreo e indefinido, como una “agricultura respetuosa con el clima”, que ya de entrada permite casi cualquier exigencia por parte de una administración con vocación intervencionista, añade, sin explicación fundada alguna, que “la naturaleza se encuentra en un estado de crisis”, señalando como factores determinante de tal supuesto estado, “los cambios en los usos del suelo y del mar, la sobreexplotación, el cambio climático…”.

Además viene a decir que “provocan la rápida desaparición de la naturaleza” para proponer entre las posibles soluciones para aminorar esa supuesta crisis de la biodiversidad y climática”, la gestión sostenible, que tampoco define, de pastizales y suelos agrarios y forestales, anunciando, eso sí, un aumento de legislación y la adopción de las orientaciones políticas de la presidenta Von der Leyen y del Pacto Verde Europeo, con el fin, señala, de que de aquí a 2030, se vaya recuperando la biodiversidad, ampliando la red de espacios protegidos y desarrollando un Plan de Recuperación de la Naturaleza de la UE.

La propuesta de ampliación de la superficie de espacios protegidos hasta al menos un 30% de la superficie terrestre (España es el país que más aporta de la UE,un 27%) la incorporación de corredores ecológicos, dentro de una Red Transeuropea de Espacios Naturales; el anuncio de una “ protección estricta a una tercera parte de los espacios protegidos de la UE, como mínimo, incluidos todos los bosques primarios y maduros que quedan en su territorio”, suponen un gravísimo aumento de los ya conocidos problemas, pérdidas y limitaciones, que generan este tipo de espacios a agricultores, ganaderos, residentes, empresarios, entidades locales y propietarios en los terrenos sobre los que recae la protección, llegando a constituir verdaderas expropiaciones encubiertas de bienes y derechos previamente consolidados, sin ningún tipo de indemnización, sin permitirles siquiera, como exige la normativa, participar eficazmente y ser oído en la elaboración de los planes de gestión de tales espacios, que a menudo carecen, incluso, de definición territorial precisa e indubitada.

Lo grave está en que, si bien este documento señala a los agricultores como parte esencial de la conservación, inmediatamente apunta hacia ellos como responsables de la merma de la biodiversidad, proponiendo la transición a unas prácticas que denomina “sostenibles” y señalando como objetivo la mejora de la “condición y la diversidad de que llama los “agroecosistemas”, para reforzar, dice la “resiliencia del sector frente al cambio climático, los riesgos ambientales y las conmociones socioeconómicas”, y, al mismo tiempo, crear puestos de trabajo en los sectores de la agricultura ecológica, el turismo rural o el ocio. Este discurso, de marcado carácter retórico y poco comprensible, que se presenta como algo innovador, en realidad es un paso más en el camino intervencionista, iniciado hace décadas, con la política medioambiental europea y española particularmente.

La cuestión, no obstante, se agrava en el momento en que estos planteamientos se incorporan como criterios de la nueva política agrícola común (PAC), proponiendo, que los planes estratégicos de la PAC se evalúen con arreglo a criterios climáticos y ambientales y en favor de las prácticas que llaman sostenibles, como las que denominan “agricultura de precisión”, “agricultura ecológica”, “agroecología”, “agrosilvicultura”, “pastos permanentes poco intensivos”, proponiendo la aplicación de “normas más estrictas en materia de bienestar de los animales” o propugnando, entre otras cosas, “las franjas de protección, las tierras retiradas de la producción sobre la base o no de la rotación, los setos, los árboles no productivos, los muros de terraza y los estanques”, así como la mayor incidencia de la Directiva de hábitats; añadiendo, que al menos el 25 % de las tierras agrícolas de la UE debe dedicarse a la agricultura ecológica de aquí a 2030.

Tales planteamientos, que suenan bien para quienes disfrutan la naturaleza como lugar de ocio y disfrute en su tiempo libre, constituye una vuelta más de tuerca para quienes viven de la agricultura y la ganadería, que se ven abocados a renunciar a la rentabilidad de su trabajo y de sus empresas y a seguir siendo dependientes de ayudas y subvenciones del Estado. Asimismo, los propietarios rurales se ven despatrimonializados, porque cuando este tipo de normas recaen sobre sus bienes y derechos, éstos se devalúan de manera inmediata, al dejar de ser productivos y rentables. Todo ello ocurre, aún cuando técnicos, científicos y los propios agricultores y ganaderos califican muchas de estas medidas, desde su experiencia, como absurdas, ineficaces o innecesarias, además de, en muchos casos, inviables.

En definitiva, lo que resulta verdaderamente urgente es, que tanto la Unión europea, como el Estado español comiencen a reflexionar sobre las consecuencias de la aplicación de esta normativa, desmedida en el contenido y en las formas, que incluso resulta contraria al propio derecho europeo y estatal, que propugnan el derecho a la utilización racional de los recursos naturales con el fin de proteger la calidad de vida, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva; el derecho al desarrollo social y económico de los ciudadanos; a la distribución de la renta regional y personal más equitativa, el derecho a la libertad de empresa en una economía de mercado, así como el derecho a la propiedad privada, a la seguridad jurídica y a la participación en la elaboración de normas medioambientales que les afectan.