Preguntas sencillas, incluso para aquellos que cambian frecuentemente de opinión.

¿Ha intentado el presidente de Rusia, Vladimir Putin, desestabilizar varias democracias europeas? La respuesta es fácil: sí. ¿Dónde? Que sepamos, en España, Italia, Francia, Alemania, Austria, Eslovaquia… ¿Y cómo? Utilizando, con dinero y propaganda, las instituciones democráticas; financiando a los que las usan sin escrúpulos para destruirlas desde dentro. Hablamos de la extrema derecha en Francia, de esa misma extrema derecha, pero también de antiguos líderes socialdemócratas, en Alemania, del populismo italiano… y del secesionismo liderado por el prófugo Carles Puigdemont.

¿Puigdemont? ¿El mismo por el que el presidente Pedro Sánchez se bate el cobre desde hace meses para amnistiarle y que queden impunes sus delitos y los de sus seguidores en el intento de golpe de 2017? Sí, el mismo.

¿Y que hicieron los eurodiputados socialistas españoles en el pleno del Parlamento Europeo del jueves en el que se pedía investigar en España y en Bruselas los lazos entre el Kremlin y Puigdemont? Ninguna sorpresa. Votaron a favor de la resolución final. Era imposible lo contrario. 

Pero votaron en contra, inútilmente, de las enmiendas en las que se mencionaba a Puigdemont por su nombre y apellido, se detallaban las relaciones del prófugo con Moscú, se pedía que el caso de los eurodiputados secesionistas fuera al Comité Consultivo sobre la Conducta de los Diputados y se recordaba que, en España, el Gobierno quiere que se les amnistíe. Todas esas enmiendas fueron aprobadas por el pleno. 

Suficientes preguntas. La gravedad de los hechos es clara. Nos lo recordó el martes, también en el pleno de Estrasburgo, Margaritis Schinas, vicepresidente de la Comisión Europea: "Ahora conocemos todos los informes de los contactos regulares y los encuentros organizados entre funcionarios rusos y representantes de un grupo de secesionistas en España entre 2017 y 2020".  

La situación es tan grave –lo es para la gran mayoría del Parlamento Europeo, que "expresa su profunda preocupación por las campañas a gran escala de desinformación que Rusia ha llevado a cabo en Cataluña", además de lamentar "todos los ataques contra los jueces que investiguen cualquier actividad de injerencia"— que lo normal es que el propio Gobierno abra su propia indagación. La verdad es la realidad, presidente. Estoy segura de que no eludirá esta alta responsabilidad; estoy segura de que jamás se le ocurriría acusar al Parlamento Europeo de querer vulnerar la soberanía del Parlamento español para impedir la amnistía que da inmunidad al prófugo y a sus colaboradores.

Estoy segura, porque, de lo contrario, no va a ser fácil explicar a las instituciones europeas –la Comisión está investigando la ley de amnistía en el contexto del respeto al Estado de derecho en España, y la votación de Estrasburgo le será de gran ayuda— que hechos conocidos e investigados en procesos judiciales en curso que podrían constituir delitos de alta traición se obviarían en aras de un supuesta "recuperación de la convivencia entre Cataluña y España".

Sí, estoy convencida de que un político responsable y europeísta agarrará este toro por los cuernos, ahora que Estrasburgo y Bruselas iluminan la escena, y dejará de lado toda la chatarra argumental –y la de los que le rodean, sobre todo— al comprobar que las democracias europeas, que conocen bien la historia contemporánea, saben el peligro que entraña la alianza de fuerzas reaccionarias y populistas con un autócrata sanguinario como Putin para conseguir sus objetivos. 

Pido disculpas por las preguntas retóricas y por las ironías. Esto es serio, de verdad. Más serio de lo que hace meses imaginó Sánchez, cegado por su visión túnel de seguir en La Moncloa a cualquier precio. Más serio de lo que su séquito repite una y otra vez –a ver si así parece creíble— sobre la constitucionalidad de la amnistía y sus bondades para la convivencia.

Es serio, y no va a ser muy útil hacer como los eurodiputados socialistas españoles: respaldar la investigación de las conexiones entre el Kremlin y Waterloo y, al mismo tiempo, tratar de rechazar las enmiendas en las que aparecía el nombre de Puigdemont. Es infantil pensar que con borrar un nombre –objetivo fracasado, en todo caso— se puede borrar la gravedad de unos hechos, las dificultades a las que nos han llevado el maquiavelismo barato, un progresismo que no duda en ir del brazo de una fuerza minoritaria extremista y xenófoba que se ufana de los delitos cometidos y asegura que volverá a cometerlos.

No merecía la pena todo esto. No merecía la pena irrumpir así en los escenarios europeos, ni malgastar tantas energías en un monumental dislate como el de la amnistía –la impunidad negociada con los delincuentes-- cuando España tiene tantos problemas necesitados de esfuerzo, diálogo, consenso y pacto. No merecía la pena desgastar más aún unas siglas históricas, ni alimentar el escepticismo de los ciudadanos que seguía o siguen a esas siglas.

No se puede cobijar a los amigos de Putin y de los extremistas de Putin y de los extremistas en Europa bajo el paraguas del progresismo"

Y menos en un año, como 2024, tan importante desde el punto de vista electoral europeo y global. Las elecciones de junio en la UE y de noviembre en EE UU son solamente las más visibles de las que habrá en más de 80 países. La mitad de la población mundial con capacidad de decisión política acudirá a las urnas. Despreciar las denuncias que hemos escuchado en Estrasburgo, no tomárselas en serio o verlas como una nueva línea roja que saltarse como las anteriores, sería suicida. No se puede cobijar a los amigos de Putin y de los extremistas en Europa bajo el paraguas del progresismo. Está cayendo demasiada agua como para eso.

Ser compañero de viaje de un grupo relacionado con la extrema derecha europea y con Putin y querer justificarlo en nombre del progreso al tiempo que se cede en asuntos fundamentales que atentan contra la separación de poderes y la igualdad de los ciudadanos y se carga contra los jueces no soporta la menor lógica. Ni, desde luego, soportará el juicio de la Historia.

Hacer el juego a las autocracias, no distinguir –por razones de conveniencia política— entre amigos y enemigos del Estado de derecho y la separación de poderes incrementa la desestabilización de las sociedades en las que vivimos. Seguir tramitando la ley de amnistía es tóxico y debilitador. Desoír a Europa es muy peligroso para un país como España. Aclarar en qué consistieron y hasta donde llegaron los contactos entre el gobierno autonómico catalán y los servicios de inteligencia rusos es una obligación democrática para este Gobierno. La resolución que hemos aprobado en Estrasburgo no es un ataque contra el precario equilibrio de fuerzas en el que vive el Ejecutivo, sino una alerta para cambiar el rumbo. 

Soraya Rodríguez es eurodiputada del Parlamento Europeo en la delegación de Ciudadanos