Tras las elecciones en Estados Unidos de 2016, en las que contra pronóstico ganó Donald Trump, una cadena de televisión pública rusa entrevistó a Vladimir Putin. El periodista, sin mucha convicción, le preguntó al presidente ruso por la acusación hecha por los servicios secretos de EE.UU. de que Rusia estaba detrás de la filtración de unos emails de la candidata demócrata, Hillary Clinton, cuya difusión había caído como una bomba en plena campaña electoral. Putin sonrió: "Hay muchos hackers... Además, lo importante no es quién está detrás de la difusión, sino lo que dicen esos correos".

Para un dictador, lo importante es el fin, no los medios. Más aún si proviene del KGB y ha sido el máximo responsable de su heredero, el FSB.

En una democracia, las reglas de juego son muy importantes. Los principios sobre los que se asienta el Estado de Derecho deben primar sobre otras consideraciones de carácter político. Las batallas políticas no deben sobrepasar esos principios, porque entonces lo que se pone en riesgo es la democracia.

El pasado martes, elDiario.es publicó que el novio de Isabel Díaz Ayuso había sido denunciado por la Fiscalía de Madrid por defraudar a Hacienda 350.000 euros en los ejercicios de 2019 y 2020 a través de una de sus empresas, que se dedicó a intermediar en la compra de mascarillas durante la pandemia. Toque de corneta gubernamental. Había que dar bombo al asunto. Era urgente distraer la atención del caso Koldo y de la ley de amnistía, que el Congreso aprobó el jueves 14 de febrero por un estrecho margen.

Uno ya está acostumbrado a que los políticos se lancen a la yugular de sus oponentes utilizando como arma el titular de un periódico. Pero eso es una cosa y otra lo que hizo la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Porque fue ella la que ligó en una declaración en los pasillos del Congreso el cobro de comisiones, el delito fiscal -que dio por hecho- y la compra de un piso valorado en más de un millón de euros en el que Alberto González Amador (el denunciado) vive con Díaz Ayuso.

Si alguien debe mantener en secreto los datos fiscales de un contribuyente, ese es el ministro de Hacienda.

Si este caso no tiene consecuencias, los fiscales podrán utilizar las conversaciones con los abogados de los investigados para demostrar su culpabilidad

Pero el desborde de los límites de lo que se puede o no se puede hacer en un Estado de Derecho no concluyó con la metedura de pata de la ministra, tal vez excitada porque ya se veía con la cabeza de la presidenta de la Comunidad de Madrid adornando su despacho como justo premio a una cacería en la que ella se había cobrado la deseada pieza.

Lo que viene a continuación es mucho peor. Dos días después, el 14 de marzo, la Fiscalía de Madrid difundió una nota a todos los medios de comunicación en la que reproduce párrafos entrecomillados de correos cruzados entre el fiscal que lleva el caso, Julián Salto, y el abogado del presunto defraudador, Carlos Neira. El objetivo de esta repentina conversión a la transparencia no era otro que demostrar que el investigado había reconocido los delitos de los que se le acusa y que lo había hecho para buscar un pacto con la Fiscalía.

En la propia nota de la Fiscalía se aclara que la difusión de su contenido obedece "a las informaciones publicadas en varios medios de comunicación". Es decir, que se trataba de una maniobra de autodefensa. ¡Pobre Fiscalía! Cuántas veces ha dado la callada por respuesta ante la demanda de información de los medios por tratarse de casos subjudice.

Ángela Martialay publicó el viernes en El Mundo que la orden de difundir esa nota la había dado directamente el Fiscal General, Álvaro García Ortíz, lo que seguramente es cierto, no sólo por la solvencia de quien lo publicó, sino porque el aludido no se ha atrevido a desmentir la noticia.

Un fiscal amigo me transmitió el viernes por whatsapp: "Si el caso no tiene consecuencias, a partir de ahora un fiscal podrá utilizar conversaciones previas con un letrado para decir que el acusado es culpable porque ha querido conformar, adjuntando los correos al escrito de acusación". Más claro no se puede decir.

El asunto es de tal gravedad que el Colegio de Abogados de Madrid, la Asociación Profesional Independiente de Fiscales y el Consejo General de la Abogacía han hecho pública su repulsa ante esta burda vulneración del derecho de defensa.

Ya estamos viendo cómo esta barbaridad se intenta tapar con salidas de tono del jefe del Gabinete de Ayuso (desde luego, injustificables) y otras cosas por el estilo. Hay que enmarañarlo todo para que no nos fijemos en lo importante.

El Fiscal General del Estado ha ordenado o permitido una vulneración del deber de secreto con un objetivo claramente político. No olvidemos que el Tribunal Supremo apreció en García Ortiz "desviación de poder" en la propuesta para proponer a Dolores Delgado como Fiscal de Sala. Así que su trayectoria no acredita precisamente el respeto a la neutralidad a la que obliga su cargo.

Por otro lado, la ministra de Hacienda ha incurrido en un posible delito de revelación de secreto. O cuando menos, en una grave imprudencia que, en sí misma, debería inhabilitarla para el cargo.

El caso del novio de Ayuso no es algo que le venga bien a la presidenta de la Comunidad de Madrid. El enriquecimiento con la venta de material sanitario durante la pandemia, al margen de que pueda ir ligado a la comisión de un posible delito fiscal, no es algo como para lucir ante los madrileños.

Pero, a cuenta de acabar con su carrera política, el Gobierno se ha saltado todas las líneas rojas que conforman los límites que definen a un Estado de Derecho. Eso es mucho más grave que el posible delito fiscal de González Amador.

Pero al Gobierno y a los medios que le son afines, como a Putin, que se haya vulnerado el derecho de defensa o que la Fiscalía y la ministra de Hacienda hayan incumplido su obligación de confidencialidad, es lo de menos. Lo importante es lo que dicen los emails.