Todo empezó con el pacto fiscal. Corría el mes de febrero de 2012, y el PP, que había ganado las elecciones por mayoría absoluta el 20-N de 2011, tenía por delante la gestión de una crisis económica de caballo.

Artur Mas, entonces presidente de la Generalitat y líder de CiU, planteó públicamente al Gobierno la propuesta de un pacto fiscal para Cataluña. La idea era copiar el concierto del País Vasco: recaudar todos los impuestos y luego devolver a las arcas públicas una pequeña parte (el cupo) por los costes, como la defensa o los asuntos exteriores, que asume el Estado.

Mariano Rajoy no le hizo mucho caso. Bastante tenía él con negociar un rescate financiero con los hombres de negro para España y evitar la intervención que sufrieron otros países como Grecia, Irlanda y Portugal.

Pero Artur Mas, terco como una mula, insistió y el 21 de septiembre de 2012 (justo diez días después de una Diada masiva) se reunió con el entonces presidente del Gobierno en la Moncloa. No hubo acuerdo. Rajoy lo justificó porque España no tenía margen de maniobra y, además, porque lo que le pedía el presidente de la Generalitat suponía cargarse el sistema de financiación que afecta a todas las comunidades autónomas. Mas salió de la reunión cabizbajo, aunque no enfadado. "Con Rajoy uno no se puede enfadar, porque es muy correcto", dijo a los periodistas en una sala de prensa llena hasta la bandera. Pero, por primera vez, su amenaza de convocar una consulta sonó a algo más que a una bravuconada. Convocó elecciones autonómicas inmediatamente después, en noviembre de ese año, con el objetivo de capitalizar políticamente el desacuerdo. Pero el tiro le salió por la culata: CiU sólo obtuvo 50 escaños (12 menos de los que tenía), muy lejos de los 68 que requiere la mayoría absoluta.

Ya estaba entonces en marcha la investigación sobre las finanzas inconfesables de la familia Pujol y el comisario Villarejo buscaba trapos sucios, que, por cierto, encontró. La tensión fue subiendo y el 9 de noviembre de 2014 Mas convocó una consulta en la que sólo participó el 37% del censo, y que dio una mayoría del 80% que quería que Cataluña fuera un Estado. Meses después, la consulta sería declarada inconstitucional por el TC. La guerra ya se desarrollaba en campo abierto.

Doce años después, Pere Aragonés, presidente de la Generalitat, ha vuelto a plantear, esta vez a un gobierno de izquierdas, presidido por Pedro Sánchez, la propuesta de que Cataluña se quede con todos los impuestos que recauda, lo que, de llevarse a cabo, multiplicaría por dos su actual capacidad recaudatoria hasta alcanzar los 52.000 millones de euros.

Como a ERC le van mal las encuestas y la amnistía es un éxito que se ha apuntado en solitario Puigdemont, a Aragonés sólo le queda la baza de pedir para Cataluña un modelo como el del País Vasco

Las diferencias entre la propuesta de Mas y la que ahora hace Aragonés (ERC) son evidentes, aunque la más importante es que en 2012 el PP tenía mayoría absoluta y no necesitaba a CiU para gobernar y ahora Sánchez necesita los votos de ERC para seguir en la Moncloa.

Aragonés precisa de una baza electoral casi tanto como los catalanes que llueva a raudales. Ha visto con preocupación como Puigdemont ha capitalizado para Junts el éxito de la amnistía y él no puede lucir como aval una gestión medianamente aceptable. La opinión que tienen hoy la mayoría de los catalanes de su gobierno es que es un desastre.

Por eso, ha echado mano de una vieja propuesta para ver si así logra que ERC no quede en ridículo frente a Junts y acabe como tercer partido en las elecciones del 12-M.

Los republicanos fingen estar muy enfadados con el Gobierno y prometen no apoyar a Salvador Illa si el líder del PSC gana las elecciones, como parece probable. Saben que pactar con Madrid les ha salido muy caro en términos electorales. Por eso se aprestan a ser exigentes. No sólo demandan un pacto fiscal para que Cataluña sea como el País Vasco, sino que van a reclamar ya la supresión de los 15.000 millones del FLA más otros 1.600 millones que, dicen, se le deben para financiar a los Mossos.

Mientras Aragonés quiere hacer saltar por los aires el actual sistema de financiación autonómica (que dejaría en situación muy apurada a Castilla La Mancha, Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía), Puigdemont dibuja su hoja de ruta con la vista puesta en el referéndum de autodeterminación. ¡Menuda pinza!

¿A esto es a lo que Pedro Sánchez llama "reconciliación"? La amnistía se da ya por amortizada. Hasta tal punto que su aprobación por el Congreso no ha levantado el más mínimo entusiasmo ciudadano. Ahora toca lo siguiente, autodeterminación y pacto fiscal, pero la diferencia con lo que se se les ha concedido a los independentistas es que Sánchez ya no puede darles más. Creo.