Si Telefónica es una empresa estratégica para España, Naturgy debería tener esa misma consideración para el Gobierno.

Si de la empresa de telecomunicaciones cuelgan actividades tan sensibles para la defensa como la ciberseguridad o las redes por las que circulan mensajes encriptados, de la compañía energética depende el 24% de la energía primaria que se consume en España (el gas).

Si la compra del 10% de Telefónica por parte de la saudí STC llevó al Gobierno a contrarrestar ese porcentaje con la adquisición de otro similar por parte de la Sepi (con una inversión de unos 2.000 millones), el mismo razonamiento debería llevar al sector público a entrar en Naturgy, si es que se cierra la venta de un 40% de su capital al gigante de Emiratos Taqa.

El Gobierno, según adelantan ayer Carlos R. Cózar y Olga Rodríguez en El Independiente, ha sido coherente con ese razonamiento, es partidario de seguir el mismo patrón que en Telefónica y, para ello, está buscando la manera de entrar en Naturgy. Tanto el Ministerio de Economía, como el de Transición Ecológica estaban ya al tanto de las conversaciones entre Criteria (máximo accionista de la empresa gasista con un 26,7%) con la empresa de Emiratos.

Los fondos que, en principio, estarían dispuestos a vender serían CVC (20,7%) y GIP (20,6%), lo cual ha obligado a Taqa a lanzar una OPA sobre el 100% de las acciones. Lo lógico sería que la entrada de esta y la Sepi (si es esta la elegida por el Gobierno como en Telefónica) se llevasen a cabo de común acuerdo.

Tras la entrada en Telefónica, el Gobierno se plantea participar en Naturgy. Conociendo la propensión del presidente a controlar todas las instituciones, esos movimientos son poco tranquilizadores

En el caso de que también el porcentaje público fuera similar al comprado en Telefónica, el Estado tendría que destinar otros 2.000 millones para hacerse con un 10% de Naturgy. Es decir, que el Gobierno tendría que emitir más deuda pública de la ya prevista, elevando así su nivel actual, que ha encendido las alarmas de diversas instituciones. En su Informe de estabilidad financiera 2024, por ejemplo, el Banco de España ha llamado la atención sobre el aumento de la deuda pública a medio y largo plazo y advierte de que, si no se toman medidas, el ratio de deuda sobre el PIB alcanzará el 120% en 2040.

Parece que eso no le preocupa al presidente del Gobierno, que actúa como si tuviera mayoría absoluta cuando su posición en las Cámaras es la más débil de nuestra democracia.

En este afán de control de grandes empresas el presidente no está solo. La ministra de Transición Ecológica y próxima cabeza de lista del PSOE a las elecciones europeas, Teresa Ribera, es ferviente defensora de la contrarreforma económica, que consiste en concentrar bajo el paraguas del Estado a las compañías que pueden considerarse esenciales. Ribera llevaba pensando en el abordaje de Naturgy desde que la compañía puso sobre la mesa su posible segregación. La diferencia es que ahora ya hay un precedente (Telefónica) y que el accionista mayoritario (Criteria) vería la entrada pública con buenos ojos.

Tanto Telefónica como Naturgy han vivido durante muchos años sometidas a los vaivenes del mercado. Tan lógico es que un accionista extranjero (un fondo de inversión) quiera entrar como que quiera vender obteniendo una plusvalía. Así funciona el capitalismo. El Estado tiene mecanismos (por ejemplo, la acción de oro, que le permite intervenir en decisiones clave) para evitar que las compañías que considera vitales para el funcionamiento de la economía o la seguridad nacional pasen a depender de dueños no deseados.

Lo que está ocurriendo ahora es preocupante. No sólo porque el Gobierno está elevando de forma peligrosa el volumen de deuda (que lógicamente habrá que pagar con intereses), sino porque evidencia un indisimulado deseo de copar compañías con muchos recursos y que han estado bien gestionadas.

El gran argumento para privatizar el sector público a partir de los años 80 fue precisamente la introducción de criterios de eficiencia en empresas que habían vivido desde la época de Franco bajo un régimen de autarquía. Esas empresas, dependientes del Instituto Nacional de Industria (INI), eran poco competitivas y se convirtieron en el refugio de amiguetes y políticos en la reserva. La política de privatización fue iniciada por Felipe González y continuada después por José María Aznar.

Si Pedro Sánchez se hubiera comportado como un gobernante respetuoso con las instituciones, este movimiento de compra de empresas privadas no hubiera despertado sospechas. Pero, conociendo su propensión a dominar directamente desde la Fiscalía del Estado a RTVE (el caso Broncano es paradigmático), mucho me temo que el argumento utilizado para entrar tanto en Telefónica como en Naturgy sea sólo una excusa para ensanchar su manto de poder la sociedad.