Llegó a algunos despachos del Ibex-35 en 2018 que el dúo conformado por Pedro Sánchez e Iván Redondo aspiraba a influir en las empresas estatales, pero también en las privadas. No es ningún secreto a estas alturas que la SEPI es propiedad de quien gana las elecciones, pero el ‘nuevo PSOE’ quería ir más allá. Su intención era la de introducir en los órganos de gobierno de las grandes compañías estratégicas a personas de su confianza. Lo de Javier de Paz en Telefónica -antiguo secretario general de Juventudes Socialistas-, pero de forma generalizada. Alguno de los que escuchó estas consignas, anticipó: si hacen eso, España va directa al desastre.

Trascendía en estos días pasados la OPA de los emiratís de Taqa sobre Naturgy y la consiguiente intención del Gobierno de tomar una participación en la gasista… y era fácil asociarlo con el contenido de las conversaciones de Sánchez y su demiurgo -hoy, reconvertido en un broker- durante los primeros meses de su mandato. Todas las fuentes del mercado consultadas en estos días coincidían en este punto: cumpla o no el Ejecutivo con su ‘amenaza’ de entrar en esta empresa, la realidad es que quiere asegurarse un papel relevante en esta operación empresarial.

Esto lo han hecho todos los gobiernos, pero hay formas y formas. Cuando, en 2017, Isidre Fainé (Criteria) se fue a Italia para negociar la venta de Abertis a Atlantia, el Ejecutivo de Mariano Rajoy buscó un aliado en el sector privado español para evitar que la concesionaria de las autopistas españolas pasara a manos de una empresa de un tercer Estado. Es decir, no se le ocurrió comprar acciones de Abertis con el dinero de todos los españoles, sino que convenció a Florentino Pérez (ACS-Hochtief) de los beneficios que le generaría el participar en la operación.

No ha pasado ni una década desde entonces, pero la política ahora es diferente. Es más invasiva. Se trata de garantizarse el control de las grandes empresas estratégicas. Como decía Casimiro García-Abadillo el pasado 16 de abril, en este periódico, parece que Sánchez quisiera refundar el Instituto Nacional de Industria, conformado por empresas tan gigantescas como ineficientes; y basado en normas de gobierno corporativo que aterran a los inversores y que, de hecho, quiso extinguir la Unión Europea. Algunos países todavía mantienen participaciones en empresas como las telecomunicaciones. En España, desde luego, la mano el Estado no ha derivado en casi nada bueno.

Indra como señal sospechosa

Un caso paradigmático del sector público-privado es el de Indra. El Gobierno anunció el 23 de febrero de 2022 su intención de incrementar su participación en la empresa desde el 18 hasta el 28%. En junio de ese año, el presidente de Prisa, Joseph Oughourlian, utilizó su vehículo de inversión (Amber Capital) para entrar en el accionariado de esa empresa. Unos días después, se alió con la SEPI para destituir por sorpresa a varios consejeros a los que se consideraba como díscolos. Eso provocó que el Ejecutivo incrementara el control sobre la compañía. Lo justificaron en lo de siempre: el sector (defensa) y el momento (guerra).

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) adelantó entonces su intención de analizar esta operación, ante las sospechas de que se hubiera producido un acuerdo ilegal entre los accionistas que apoyaron la decapitación de los consejeros. Unos meses después, el 23 de diciembre, con agostidad, reconoció indicios de que se había producido un pufo, pero descartó sancionar a nadie. Dentro de su Pleno se encontraba Mariano Bacigalupo, el marido de la vicepresidenta Teresa Ribera, a quien Nadia Calviño había aupado hasta ese puesto en septiembre de ese año.

Hay quien todavía niega que este país se puede recorrer saltando entre las lianas que conectan a una persona influyente con la otra. ¿Seguro que no? El pasado febrero, el matrimonio energético más conocido de España asistió a un curioso acto en La Pedrera, Barcelona, en el que se debatió sobre el sector en España -como describió perfectamente Alberto Sanz- y que estuvo impulsado por Repsol, Cepsa, Naturgy, EDP, Enagás, ACS o Exolum. Allí confluyeron los ministros, la plana mayor del PSC y algunos notables miembros del PSOE S.A., que es la rama del partido que se encarga de lo importante, que es el business.

El acto llamó la atención de los más avispados, dado que se convocó en un momento en el que se acababa de anunciar la creación de una Comisión Nacional de Energía (CNE) que se segregará en los próximos meses de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Su gestación está siendo vigilada de cerca por Ribera, que antes de su presumible salto a Europa se ha convertido en la máxima autoridad energética nacional. 

Este nuevo organismo tendrá la posibilidad de analizar e incluso vetar las operaciones de compraventa que realicen los accionistas de las empresas eléctricas, gasistas y petroleras, entre otras. Así que es evidente que en la operación de Naturgy podría tener un papel protagonista. Si a esto se une la existencia de un escudo anti-OPAs en España que faculta al Gobierno a frenar los movimientos empresariales que superen el 10% de la transmisión de capital… se puede decir que Moncloa, si quiere, podrá tener la última palabra en el movimiento de la filial de Criteria.

¿Existe el libre mercado en España?

Habrá quien piense que en España opera todavía un régimen puro de libre mercado. Lo que ocurre es que este tipo de políticas -ni que decir discursos como el que considera que existen ‘beneficios caídos del cielo’- han difuminado este concepto, como pensarán a estas alturas fondos de inversión como CVC y GIP, que para deshacerse de su 40% en Naturgy (20 y 20) deberán esperar a que Moncloa les conceda el visto bueno.

En el Gobierno, por supuesto que no descartan la entrada en el capital de Naturgy. El PSOE ve una oportunidad de incrementar su influencia y sus socios de Sumar llevan un tiempo emocionados con la posibilidad de escalar en los sectores económicos estratégicos. Cuando el pasado 16 de diciembre se confirmó que Pedro Sánchez quería convertir a la SEPI en accionista de Telefónica, aplaudieron. Hubo incluso quien lo justificó en la necesidad de tutelar compañías a las que rondan las teocracias árabes, algo especialmente peligroso si se tiene en cuenta que gestionan contratos de Seguridad Nacional y de Defensa.

Sobra decir que la Administración cuenta con todo tipo de elementos burocráticos para neutralizar esos riesgos. También con instituciones que controlan la actividad de las empresas estratégicas -como la propia CNMC-. Entonces, aquí puede sospecharse que hay gato encerrado. Porque quizás exista una cuestión ideológica detrás del asalto al Ibex-35. O quizás todo esté relacionado con la influencia. O a lo mejor es por las dos cosas.

Los gobiernos intervencionistas -con el peronismo en la cúspide- persiguen siempre el gobernar el Estado tanto cuando ganan las elecciones como cuando están en la oposición.

Porque los gobiernos intervencionistas -con el peronismo en la cúspide- persiguen siempre el gobernar el Estado tanto cuando ganan las elecciones como cuando están en la oposición. Su propósito es siempre el de trepar, como la hiedra, por cada uno de los edificios del sector público para encaramarse poco a poco a todas las parcelas de poder. Consejeros como Javier de Paz en Telefónica valen oro para un partido, dado que permiten disponer de voz y voto en las empresas en cualquier circunstancia.

Así que la estancia en el accionariado de las grandes compañías permite manejar el cotarro llueva, nieve o haga sol; y configurar una especie de ‘Estado paralelo’ en el que los Maurici Lucena, los Pepiño Blanco, los José Montilla, los Miguel Sebastián… y todos los consejeros (algunos, conseguidores) y patrocinados del PSOE tengan más influencia en el sector económico español de la que les corresponde. Luego, cuando la cosa empieza a oler mal, como en Duro Felguera -y su rescate de 120 millones-, los mismos miembros del PSOE S.A. salen pitando.

Fuentes de los fondos de inversión advertían este jueves que, tal y como se está poniendo la cosa, a lo mejor hay quien empieza a encoger la mano y retirarse o a engrosar el sistema de ‘capitalismo de amiguetes’. Es decir, huir o aprovecharse de la situación de forma cuestionable. Todo ello iría en perjuicio de los ciudadanos, pero, ya se sabe, aquí de lo que se trata es de que ganen los de siempre. Los que crearon el plan para zamparse todo el Estado y prevalecer. Sobrevivir y rozar la inmortalidad si es menester.