El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama acordó ayer reabrir la causa abierta en mayo de 2022 en la que se investiga quién está detrás de los hackeos a los teléfonos del presidente del Gobierno y los ministros de Interior, Defensa y Agricultura, que tuvieron lugar entre 2020 y 2021.

Calama decretó el archivo provisional de la causa en julio de 2023, frustrado por la falta de colaboración de Israel, país donde opera la empresa NSO Group que es la ha diseñado el software espía que sólo se vende a estados, no a particulares. El Gobierno español no hizo mucho de su parte para averiguar quién le había espiado. No recurrió a la vía diplomática, como apuntó el juez, para que Israel presionara a NSO Group, y luego la Abogacía del Estado dejó pasar el plazo para recurrir el archivo de la investigación judicial.

Fue El Independiente quien dio la noticia que daba la clave para la reapertura. El 11 de julio de 2023, Irene Dorta y Francisco Carrión publicaron que la cuenta a través de la que se había espiado a Grande Marlaska y Margarita Robles ([email protected]) era la misma que se había utilizado para hackear el móvil de la activista prosaharaui Claude Magin, caso que se investigaba en Francia dentro de una amplia operación en la que los servicios de inteligencia galos habían descubierto que miembros de su Gobierno, periodistas y empresarios habían sido víctimas de una infección masiva en sus móviles.

Desde El Independiente pedimos al juez que solicitara la colaboración de Francia, ya que el responsable del hackeo a su gobierno y al nuestro era el mismo. Pero la causa se archivo.

Ahora Francia ha remitido a la Audiencia Nacional una Orden Europea de Investigación en la que se hacen constar unos llamados "indicadores de compromiso", que son los rastros que deja el atacante. El juez Calama, en virtud de esa Orden remitida por la autoridad judicial francesa ha decidido reabrir el caso y ha pedido al Centro Criptográfico Nacional (que depende del CNI) un informe pericial para contrastar los datos que obran en su poder con los remitidos por el país vecino.

Aquí convine hacer una precisión. Francia ha puesto, a diferencia de España, todo su interés en saber qué estado soberano ha espiado a su gobierno, a sus periodistas y empresarios. Llamo la atención sobre esta diferencia porque las sospechas sobre quién puede estar detrás del espionaje masivo tanto en Francia como en España apuntan a Marruecos. Pero, mientras que la relación del gobierno francés con el reino alauí no pasan por su mejor momento, las de Pedro Sánchez y Mohamed VI gozan de muy buena salud.

Las fechas del espionaje al presidente y a los ministros españoles (eso sí se conoce con precisión) coinciden en el tiempo con los momentos de máxima tensión con Marruecos. La crisis se desató tras saberse que el líder del Polisario Brahim Ghali había sido traslado a España en secreto para ser atendido en un hospital tras su contagio por Covid. Marruecos montó en cólera y fue envió a miles de jóvenes a cruzar la frontera de Ceuta, hace ahora tres años.

Poco después, Sánchez forzó la dimisión de la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, en un gesto que se interpretó como un primer paso para recuperar la relación con Marruecos. La propia González Laya ha reconocido en privado que su móvil fue hackeado durante esas fechas.

Francia quiere llegar hasta el final en la investigación sobre el espionaje a su Gobierno. Los datos que ha puesto a disposición del juez Calama obligan a reabrir el caso del hackeo al presidente Sánchez, ya que el responsable es con toda seguridad el mismo. Todo apunta a Marruecos.

Unos meses después, en marzo de 2022, Sánchez cambió la política de España respecto al Sahara reconociendo de hecho la soberanía de Marruecos sobre la ex colonia española.

No sabemos la relación causa efecto entre el espionaje al presidente y a sus ministros y este giró histórico en política exterior que no sólo suponía una rectificación sobre la política llevada a cabo por todos los gobiernos desde la muerte de Franco, sino que suponía una "traición" al apoyo del PSOE al pueblo saharaui y, además, un motivo de fricción con su socio de gobierno. Sin embargo, las pistas apuntan a Rabat.

Lo que se desconoce es qué documentos, conversaciones o fotografías se pudieron "exfiltrar" de los móviles del presidente y de, al menos, tres ministros.

Ayer, la ministra de Defensa dijo en los pasillos del Congreso que la reapertura de la causa era "una buena noticia". Me temo que el presidente no pensará lo mismo.

Como ya he dicho, la actitud del Gobierno en este caso ha sido más bien pasiva.

Fue el gobierno, en efecto, el que, a bombo y platillo, anunció el 2 de mayo de 2022 no sólo que había sido espiado, sino que remitía una denuncia a la Audiencia Nacional.

Sin embargo, ese gesto fue sólo una cortina de humo que le sirvió como excusa para recomponer su relación con ERC, rota a partir de saberse que sus líderes (entre ellos Pere Aragonés) habían sido espiados con el mismo sistema Pegasus por orden del CNI.

Sánchez le colgó el muerto a la directora del CNI, Paz Esteban, a la que destituyó semanas después.

Pero una vez que las aguas con ERC volvieron a su cauce, el gobierno se olvido de ayudar a la Justicia a investigar un caso que "puso en riesgo la seguridad nacional", como escribió en su auto de archivo el propio juez de la Audiencia Nacional.

Ahora, Calama no tiene excusa para llegar hasta el final.