La situación actual de la democracia y de la información en España se caracteriza por una confusión enorme entre hechos como evidencias, opiniones muchas veces motivadas por la desinformación y bulos o informaciones directamente falsas. Por otra parte, es evidente que la triple crisis de emergencia climática de biodiversidad o ecológica y de desigualdad se encuentran en situaciones que comprometen incluso la propia existencia de la humanidad. 

Además, se observa que la actuación de los poderes públicos y de los partidos no está a la altura requerida para dar solución a esas tres crisis, cuyo riesgo no deja de aumentar. Se comprueba además que el funcionamiento de los poderes públicos y empresas es mucho más lento de lo que pediría una inteligencia colectiva general. 

Por ello, ante la gravedad de la crisis de representación democrática y ambiental, la participación ciudadana es una palanca decisiva de renovación democrática que se está extendiendo en toda Europa. 

Nos enfrentamos a una crisis global sin precedentes, que abarca no solo el ámbito medioambiental sino también el político y el social. La emergencia climática, la pérdida de biodiversidad y la desigualdad son desafíos interconectados que requieren respuestas urgentes y transformadoras. En este contexto, la democracia participativa emerge como una herramienta poderosa para involucrar a la ciudadanía en la toma de decisiones y abordar estos problemas de manera integral.

Uno de los puntos centrales de esta propuesta es la creación de un Parlamento Ciudadano Climático permanente, que constaría de dos componentes fundamentales: una Asamblea Ciudadana por sorteo y un Consejo Climático de expertos y actores sociales. Esta estructura busca garantizar una representación equitativa y diversa de la sociedad, permitiendo que voces diversas y conocimientos especializados contribuyan al proceso decisional.

La Asamblea Ciudadana, conformada por 100 miembros seleccionados por sorteo y con libre acceso a información científica de primer nivel, representaría la voz de la ciudadanía, preocupada por la crisis climática y por la dejadez de funciones del Estado y los partidos políticos. Este enfoque aleatorio asegura que personas de diferentes orígenes, edades y perspectivas tengan la oportunidad de participar activamente en la formulación de políticas. Esta diversidad puede enriquecer los debates y generar soluciones más inclusivas y resilientes.

Por otro lado, el Consejo Climático estaría compuesto por expertos y representantes de la sociedad civil, incluyendo a asociaciones medioambientales, actores sociales, agentes económicos y académicos independientes. Este consejo proporcionaría asesoramiento especializado y en profundidad sobre temas relacionados con el cambio climático y la transición ecológica. La combinación de la sabiduría ciudadana y el conocimiento técnico puede generar decisiones más fundamentadas y efectivas.

Un aspecto crucial de este modelo es su enfoque permanente y continuo. La idea es que esta estructura no sea temporal, sino que se convierta en una institución sólida y confiable a largo plazo. Esto implica no solo su establecimiento formal, sino también la garantía de recursos, transparencia en su funcionamiento y evaluaciones periódicas de su eficacia y representatividad.

El establishment político español parece unido por un corporativismo cerrado que no entiende cómo la innovación democrática constructiva podría fortalecer la confianza de los ciudadanos

La participación ciudadana no se limita a los miembros directos de la Asamblea y el Consejo, sino que se extiende a toda la sociedad a través de espacios de difusión mediática y participación abierta. Esto no solo promueve la educación ambiental y la conciencia pública, sino que también fortalece la legitimidad de las decisiones tomadas por el Parlamento Ciudadano Climático.

Es fundamental destacar el respaldo y la colaboración de la sociedad civil y las organizaciones internacionales en esta iniciativa. El apoyo de ONGs como WWF, Oxfam, Greenpeace y otros grupos ecologistas y sociales, que ha sido clave en países donde esta agenda ha avanzado, será clave también en España para impulsar esta propuesta y asegurar su viabilidad y efectividad a largo plazo. La hipocresía y el desinterés, cuando no la desconfianza, mostrados por todos los partidos políticos con representación en el Congreso de los Diputados hacia este enfoque viene a avalar su potencial transformador. Más allá de la ideología, el establishment político español parece unido por un corporativismo cerrado que no entiende cómo la innovación democrática constructiva podría fortalecer la confianza de los ciudadanos en las instituciones representativas actuales y en los partidos políticos, que se encuentra bajo mínimos y sigue bajando.

En conclusión, la creación de un Parlamento Ciudadano Climático permanente representa un paso audaz hacia una democracia más participativa, transparente y efectiva en la gestión de la crisis climática y ambiental. Al integrar la inteligencia colectiva, la representatividad equitativa y el conocimiento especializado, podemos aspirar a una sociedad más justa y sostenible para las generaciones presentes y futuras.

Nuria Borda de la Fuente es miembro de la Junta Directiva de la asociación Asamblea Cívica por el Clima

Fernando Prieto es director del Observatorio de Sostenibilidad

Rafael Jiménez Aybar es experto en democracia medioambiental

Agnès Delage Amat es responsable de campaña en democracia ambiental del Observatorio de Sostenibilidad.