Podría afirmar quien lea estas líneas que la Ley de Amnistía no cambiará su vida un ápice. Mañana sonará el despertador a las siete de la mañana y cada ciudadano volverá a situarse alrededor del cuello el yugo de la rutina, que siempre obliga a estar preocupado por los problemas o por la ausencia de ellos; por el trabajo o por el desempleo; y por las idas y las venidas. Al día le seguirá la noche y a los enfados y desvelos cotidianos, lo de siempre: las remontadas, cada vez más plomizas y menos limpias.

¿En qué afectará la amnistía a la rutina de la gente de a pie? Aparentemente, en nada. Los quehaceres de los españoles que viven fuera de Cataluña no se alterarán ni los problemas de los catalanes que se oponen a la secesión se resolverán. Muchos de estos últimos seguirán escuchando de forma periódica el insoportable sonsonete del independentismo y asistiendo a las homilías callejeras de esta congregación con los mismos cánticos y la misma forma de entonar L'Estaca, de Lluís Llach, como se estila, mezclando el franquismo con lo actual y las churras con las merinas. Los espectadores pasivos de todo esto pensarán: ¿cuándo volverá a repetirse lo de 2017?

Porque estas cosas son más molestas de lo que parece y siempre obligan a significarse en los colegios, en los centros de trabajo y en las cenas con la familia. Nada nuevo, pero hay que reconocer que cuando la situación política entra en ebullición, no debe ser sencillo ser catalán y caminar de puntillas en cualquier entorno social. Los radicales suelen ser más ruidosos e insistentes que los moderados. Y más plomizos. Son además incorregibles en su mayoría, salvo cambio de rumbo existencial.

El discurso oficial

Sostengo esto con convicción y desesperanza; y a riesgo de ser etiquetado como pseudo-periodista por parte de quienes consideran que toda crítica surge del lodo tóxico. Porque este discurso difiere del oficial. De hecho, afirma Pedro Sánchez sin miramientos que con el perdón de la Ley de Amnistía se entra en una nueva etapa de reconciliación y purga de los pecados. Eso dice..., pero cuesta ver que nada vaya a cambiar. Es más, podría anticiparse que si algún juez se atreve a modificar si quiera uno de los puntos de la nueva norma, los independentistas podrían utilizar la sentencia como un casus belli, al igual que hicieron en 2010, tras conocer la decisión del Tribunal Constitucional sobre el Estatut.

El discurso de los secesionistas tampoco se ha moderado. De hecho, pareciera que con esta victoria han recuperado el aliento, lo que les permite vociferar con más fuerza. Así lo demostraba este jueves Miriam Nogueras en el Congreso, cuando aludía a “una batalla” que libran “desde hace siglos las dos naciones” que son España y Cataluña; y aludía a la “represión” y a la persecución a la que ha sido sometido el independentismo.

Ni confirmaba su rechazo a la idea de la autodeterminación ni mucho menos respaldaba el discurso de Pedro Sánchez de avanzar hacia una convivencia tranquila. "Seguiremos luchando mientras los catalanes no alcancemos la plena libertad", apuntaba. Gabriel Rufián, añadía: “La siguiente parada es el referéndum”. Mientras tanto, Francina Armengol escuchaba cómo unos diputados llamaban a otros "filonazis" y se negaba a tomar medidas, cuando, en 2022, una diputada era expulsada por referirse a otros como "filoetarras". Hemos recuperado el decoro, sin duda.

¿Y qué ha cambiado?

Quizás concluya usted, al leer y quizás releer estos párrafos, que nada cambiará ni mejorará sustancialmente tras la aprobación de esta ley, dado que los independentistas no han renunciado a su objetivo ni consideran que se haya puesto fin al conflicto.

Entonces -se preguntará el lector-, ¿de qué ha servido todo esto? La respuesta es evidente. A la mayoría, para nada. A una minoría, para evitar las consecuencias penales por los presuntos delitos cometidos y para ahorrarse el pago de todo lo que malversaron. Y a otro partido, para mantenerse en el Ejecutivo. Podría decirse que es una ley que beneficia exclusivamente a un selecto grupo de gente.

Incluso sería posible plantear una pregunta especialmente incómoda: si el legislador se atreve a redactar normas que sólo resuelven los problemas de unos pocos, pero afectan a la mayoría -de sus impuestos proceden los varios millones que reclama el Tribunal de Cuentas a los 34 responsables del 1-O por desvío de fondos-, ¿se puede decir que Puigdemont y Pedro Sánchez han salvado el tipo gracias a la generosidad de los contribuyentes? Los fiscales del Tribunal Supremo incidían este jueves que la malversación no puede entrar en el paraguas de la amnistía. Veremos...

Sea como sea, desconozco si alguien se atreverá a responder esa pregunta como merece. No es agradable que te sitúen en el terreno del fango o el de los ultras por intentar observar la actualidad desde el prisma de la razón.