Nunca unas elecciones al Parlamento Europeo habían despertado tanta expectación en el sector agrario. Pese a que los agricultores y ganaderos españoles siempre han sido tremendamente conscientes de que su futuro se decide inexorablemente en Bruselas, la convocatoria del próximo 9 de junio ha cobrado, en esta ocasión, mayor trascendencia que nunca. 

Con las movilizaciones llevadas a cabo a lo largo y ancho de todo el territorio europeo durante este invierno, el sector agrario europeo ha dejado patente el hartazgo que acumula y su rotundo rechazo a unas políticas verdes elevadas a la máxima expresión; a un sinfín de prohibiciones y restricciones productivas y a unos requisitos medioambientales que van más allá de lo razonable. Y la política comercial de la UE con terceros países (máxima apertura para las producciones de fuera de la Unión, en clara competencia desleal con las producciones internas) ha terminado por exasperar aún mas los ánimos.

La legislación medioambiental comunitaria, con el Pacto Verde Europeo como buque insignia, han generado no solo el rechazo del sector agrario sino también la división entre los partidos con representación parlamentaria y tanto la Comisión como el Consejo parecen haber tomado nota.  La propia presidenta de la Comisión, Ursula Von der Leyen, que ha hecho de la agenda verde buena parte de su legado, dice estar dispuesta a hablar mas de competitividad europea y de cambios y reformas en las políticas agrarias desarrolladas hasta la fecha.

En los últimos meses, ya se han visto ejemplos de este cambio de rumbo. La flexibilización de las medidas de la PAC y la retirada de la polémica ley para reducir el uso de los pesticidas en la UE son dos de ellos. No obstante, en el otro lado de la balanza se sitúa la aprobación, por parte del PE, de la polémica Ley de Restauración de la Naturaleza que durante meses ha enfrentado a ecologistas y agricultores; a conservadores, con socialdemócratas, liberales y verdes e incluso a los países miembro entre sí.

El panorama está, cuando menos, revuelto a la par que entretenido. El sector agrario europeo, compuesto por unos 13 millones de productores, se juega mucho en esta contienda electoral. De su resultado, una vez que se configuren las fuerzas políticas, dependerá, no solo el futuro y la viabilidad de nueve millones de explotaciones agrarias, sino también la soberanía y la seguridad alimentaria de 450 millones de consumidores.

Desde ASAJA, consideramos de vital importancia el tratamiento que se dé, en la nueva legislatura europea, a las cuestiones clave para el futuro del sector agropecuario de la UE. Por ello, apuntamos las que entendemos que deben ser orientaciones básicas para el futuro inmediato:

  • Reforzar la competitividad y la rentabilidad del sector agropecuario de la UE y mantener su potencial de producción sostenible. Implementar medidas para equilibrar el poder de negociación de los agricultores frente a las grandes corporaciones agroalimentaria, asegurando precios justos y condiciones comerciales equitativas. Volver a situar la preferencia comunitaria y el valor del mercado único en el centro de la PAC.
  • Conciliar la mitigación del cambio climático y la conservación de la naturaleza con la producción alimentaria y fomentar el uso de tecnologías agrícolas avanzadas, como la agricultura de precisión y la biotecnología que permitan un modelo productivo competitivo adaptado a las condiciones climáticas extremas.
  • Promover la soberanía y seguridad alimentaria con el fin de reducir la dependencia de la UE de producciones extracomunitarias y exigir reciprocidad en los acuerdos comerciales con terceros países para evitar que nuestra agricultura compita en desventaja con productos que no respetan los estándares de calidad, seguridad y sostenibilidad que rigen en la UE.
  • Defender la PAC, como base para construir una nueva agricultura y ganadería, y la cooperación intergeneracional, favoreciendo el relevo en el sector. 
  • Impulsar la inversión para la modernización del regadío con el  objeto de promover un uso mas eficiente del agua. La inversión en tecnología para este fin es una prioridad. Como también lo es impulsar la contribución de agricultores y ganaderos hacia las energías renovables y la bioeconomía. En suma, invertir e innovar en las zonas rurales para estimular la creación de empleo y el emprendimiento.

Y todo esto debería llevarse a cabo haciendo una verdadera revisión del presupuesto agrícola; con un Comisario de Agricultura y Zonas Rurales con mando en plaza, es decir, con funciones de vicepresidente de la Comisión Europea; con estudios de impacto sobre cualquier nueva propuesta relacionada con la agricultura y con una amplia dosis de coherencia entre la política comercial de la UE y sus ambiciones para el mercado interior. 

Lo dicho, nos jugamos mucho en esta convocatoria electoral, de cuyos resultados dependerá el porvenir del sector agrario europeo.   

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Pedro Barato es presidente nacional de ASAJA