Cada 5 de junio Naciones Unidas celebra el Día Mundial del Medio Ambiente y este año lo ha querido dedicar a la lucha contra la desertificación, la restauración de tierras y la sequía. Sin lugar a dudas cuestiones que afectan muy directamente a España y que, como viene denunciando Greenpeace desde hace décadas, son consecuencia del cambio climático, que está agravando la situación cada vez más. 

A pesar de la percepción general de que la desertificación y la sequía en nuestro país son causadas por la falta de lluvia, esto es una concepción errónea: es principalmente consecuencia de la mala gestión del agua, que está poniendo en riesgo a casi todos los ecosistemas peninsulares, lo que afecta a la economía del país, pero también a la salud de las personas.

Actualmente, 12 millones de personas en toda España viven en regiones con algún tipo de restricción en el uso del agua, bien por escasez o contaminación o porque se priorizan otros usos. Esto está generando dotaciones limitadas, prohibiciones de riego, baldeos… y todo ello, a pesar del respiro que nos han dado las últimas lluvias primaverales.

Según el Ministerio para la Transición Ecológica, más del 70% del territorio español está clasificado como área susceptible de desertificación. Este fenómeno es el resultado de una combinación de factores climáticos, como las sequías estacionales, la variabilidad extrema de las lluvias o el aumento de las temperaturas, pero también humanos, como la sobreexplotación de recursos, la deforestación, los incendios o la agricultura y ganadería intensiva e industrial que agotan y contaminan los recursos hídricos y dañan la vegetación.

Existen otros factores que también contribuyen al avance de la desertificación, como el abandono de terrenos productivos debido al éxodo rural, la explotación irresponsable de los recursos hídricos y el crecimiento urbano desordenado, especialmente en zonas costeras. Por supuesto, el cambio climático viene a agravar todos estos impactos, ya que el calentamiento global y la disminución de precipitaciones empeoran las condiciones existentes, reduciendo la capacidad de los suelos para retener carbono y afectando sus propiedades físicas, químicas y biológicas.

Es necesario un recorte de casi 633.000 hectáreas de regadíos, empezando por los ilegales, y los intensivos e industriales

Para abordar la problemática de la desertificación y la sequía, Greenpeace propone una serie de medidas específicas dirigidas a mitigar, en lo posible, sus consecuencias tanto en la población como en los ecosistemas. Entre las acciones a tomar, en primer lugar, destaca el cierre del millón de pozos ilegales repartidos por toda la geografía, la lucha contra la sobreexplotación de acuíferos y la contaminación de los recursos hídricos en general. Además, es necesaria una gestión sostenible del suelo y del agua, que promueva buenas prácticas agrícolas que respeten los ciclos naturales y reduzcan la presión sobre el medio ambiente. Por ello, es necesario un recorte de casi 633.000 hectáreas de regadíos, empezando por los ilegales, y los intensivos e industriales. Aplicar políticas forestales adecuadas y la restauración de ecosistemas degradados son también parte de las actuaciones, así como el impulso de la agricultura regenerativa y la protección de las zonas más vulnerables a la desertificación. Con estas medidas se busca no solo combatir la desertificación, sino también adaptarse a los efectos del cambio climático, que se prevé que incremente la frecuencia e intensidad de los periodos de sequía en la Península Ibérica.

Para impulsar la implementación de medidas contra la desertificación en España, es fundamental la participación activa y organizada de la sociedad. Esto puede lograrse a través de la sensibilización y movilización ciudadana, utilizando plataformas de comunicación y redes sociales para difundir información y generar conciencia sobre la gravedad del problema. La colaboración con organizaciones ambientales como Greenpeace puede amplificar el mensaje y las demandas. Además, es importante la participación en consultas públicas y foros de discusión relacionados con la gestión del medio ambiente y la sostenibilidad. La presión política mediante el contacto directo con representantes y la promoción de peticiones o iniciativas legislativas son también herramientas clave. La unión de esfuerzos entre distintos sectores de la sociedad, incluyendo la comunidad científica, ONGs, y el sector privado, puede crear un frente común que impulse cambios significativos en las políticas y prácticas actuales.

En resumen, la desertificación, la sequía y la consiguiente pérdida de biodiversidad en todo el país no solo representa una amenaza para el medio ambiente y la salud de las personas, sino que también tiene repercusiones directas en la economía del país, especialmente en sectores clave como la agricultura y el turismo. Es fundamental abordar de manera urgente esta situación para preservar la sostenibilidad económica y ambiental de España.

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Julio Barea es responsable de la campaña de Aguas de Greenpeace