“Pregunté a unos estudiantes: ¿qué motivo creen ustedes que hace de EE.UU. un país libre? ¿Qué parte de la Constitución creen que lo recoge y nos hace lo que somos?

Me contestaron (y lo contestaría cualquier americano) que la libertad de expresión, la prensa libre, que no hubiera búsquedas ni detenciones sin motivo; no ocupaciones militares en las casas. (En definitiva) esas maravillosas provisiones de la Declaración de Derechos.”

Éstas son palabras de Antonin Scalia ante el Comité Judicial del Senado en 2011. Si me han leído con anterioridad, la probabilidad de que ya conozcan a Scalia es alta. No obstante aclararé que fue Juez del Tribunal Supremo desde 1986, nominado por Ronald Reagan, hasta su muerte en 2016.

La intervención que hace la motiva una cuestión y es el llamado “Excepcionalismo Americano” o por qué el modelo de los EE.UU es un fenómeno extraordinario. Podrán estar más o menos de acuerdo, pero es la democracia vigente más longeva y eso que superaron una Guerra Civil. Ya ven, parece que hay mejores ejemplos de cómo superar una vergüenza nacional.

Pero sigue Scalia: “Si creen que la Declaración de Derechos es lo que nos hace distintos, están locos. Cualquier república bananera tiene una declaración de derechos. La de la URSS era mejor que la nuestra. Nosotros garantizamos libertad de expresión y libertad de prensa… menudo hallazgo. Ellos garantizaban libertad de expresión, de prensa, de manifestación y que si alguien era cazado intentando suprimir la crítica al gobierno, sería llevado ante los jueces. ¡Wow! ¡Material espectacular! … Pero no son más que palabras en un papel. Un parche de garantías.”

Scalia cuenta que lo que hace que EE.UU. sea excepcional es la separación de poderes. Legislativo de dos cámaras con competencias propias y plenas, sin papeles menores a la otra; un Ejecutivo elegido aparte del Legislativo y un Judicial en el que los jueces, nominados por el Presidente y confirmados por el Senado, tienen en potencia más perdurabilidad que cualquiera de ellos.

Comenta su perplejidad cuando, en sus viajes a Europa, en los sistemas bicamerales, una de las cámaras tiene mayor poder que la otra o que si se habla de la separación de poderes, en realidad se está hablando de la independencia del Judicial porque, entre otras cuestiones, el Ejecutivo depende del Legislativo. Si el Legislativo decide que el Primer Ministro no le vale, elige a otro.

Captan la música, ¿verdad?

“Un parche de garantías”. El término rebota hasta la herida porque un parche, a fin de cuentas, se puede pegar y despegar. Se puede coser y, por muy fuerte que sea el hilo y la costura, siempre hay una tijera más grande y lo suficientemente afilada como para rescatar el agujero.

Respecto al excepcionalismo, ya sé que me van a decir que si Trump o que si Biden, pero les argumentaré con la dimisión de Nixon o el New Deal de FDR (que me puedo ir al Roosevelt anterior, Theodore, o a Lincoln, ojo). Seamos serios: un sistema no prevalece por lo fácil que sea legislar, sino por lo extremadamente respetuoso que se es con la legislación. Y sí, a menor legislación, mayor respeto.

Pero, en España, estamos ante un Gobierno que, por un lado, intenta incrementar y reorientar la legislación todo lo que puede, porque no olvidemos que la amnistía no deja de ser una ley arbitraria y personalizada y que, por cierto, aún está por ser publicada en el BOE. Que debe ser que con elecciones se paran las imprentas. Esto sin contar con esos extremos ejercicios de redefinición legal como las agresiones sexuales, la malversación o la reforma laboral.

Pero cuando llega el ojo ajeno, el Gobierno, en su cruzada por la virtud y el cumplimiento, debería considerar, por ejemplo, que no renovar el Judicial no es dotarle de independencia. Dotarle de independencia implica un nuevo reglamento que aleje al Judicial del Legislativo y, por supuesto, del Ejecutivo. A fin de cuentas, como dice Scalia, parece ser nuestra mayor discusión respecto a la separación de Poderes.

Es más, si tanto acusa el PSOE al PP de incumplimiento de la Constitución, debería mirarse el articulado sobre los Presupuestos Generales del Estado y entender el peazo de incumplimiento de la Constitución que supone el haber decidido prorrogarlos sin haberlos presentado, especialmente cuando se tendrían que haber presentado antes de fin de 2023 ( que bien claro lo tenían ya el 23J con aquel “Somos Más” y “la mayoría progresista”) y no escudarse en unas elecciones catalanas que han tenido lugar en pleno mayo.

Una democracia no se defiende agarrando un atril. Se defiende, paradójicamente, sin intención de reorientarla, reinterpretarla o redefinirla

Una democracia no se defiende agarrando un atril. Se defiende, paradójicamente, sin intención de reorientarla, reinterpretarla o redefinirla y, por supuesto, haciendo lo posible por respetar las reglas no escritas, pero que establecen un límite ético para cualquier gobernante responsable.

Es que si no luego hay que dirimir y legislar sobre lo que un cónyuge puede o no puede hacer mientras el Gobierno sale en tromba a defenderle como si fuera una institución del Estado, Y no lo es: no es una institución, no puede tirar de recursos del Estado no debería tener influencia ni hacer por influir y, sobre todo, no está por encima de la ley.

Pero resulta que todo es personal y todo es una cruzada y, como escuché el otro día a Paco Rosell, hay una izquierda que prefiere ser nieta de la Guerra Civil que hija de la Democracia.