Tres veces ha citado Pedro Sánchez a Alvise Pérez en la entrevista que ha concedido este miércoles a Silvia Intxaurrondo y Marc Sala. Puede decirse que ha hecho más referencias a este eurodiputado en ciernes que a la vivienda y a la sanidad, lo cual no es casual. Forma parte de una estrategia que consistirá en utilizar a este excéntrico anti-sistema y a otros agitadores de pelaje similar para justificar dos 'paquetes de medidas' con los que el Gobierno pretende desbloquear el Consejo General del Poder Judicial y arrinconar a los medios de comunicación "de la ultraderecha".

No hay nada como recurrir a este tipo de personajes para conseguir que la opinión pública apoye las medidas más impopulares, que suelen ser las que minan la fortaleza de la democracia y concentran el poder en un líder. En este caso, se trata de manipular la realidad para mostrar a los ciudadanos que toda la prensa hostil actúa como Alvise Pérez. O para intentar demostrar que la investigación judicial sobre su mujer no es fruto de unos hechos sospechosos, sino de una conspiración de jueces de ultraderecha que no quieren un Gobierno progresista. Así se escribe el guión de un sainete por el que se justificarán auténticas barbaridades. Por el que, como escribía Casimiro García-Abadillo aquí el pasado fin de semana, ser un periodista libre se convertirá en una profesión de riesgo en España.

Quiere Sánchez reformar la judicatura y las reglas del sector mediático en verano y son muchas preguntas las que se plantean sobre este último aspecto, que por supuesto no se esforzarán por analizar Prisa ni José Miguel Contreras, claros cómplices de esta estrategia. Por ejemplo: ¿entran dentro de este ámbito El Confidencial o este periódico, que han informado sobre el 'caso Koldo' o sobre Begoña Gómez? ¿Se privará del acceso a la publicidad institucional a la prensa que se ha hecho eco de las actuaciones del juez Peinado?

¿Se utilizará esta excusa para inflar con más campañas a los medios que aportan 'calidad' a la democracia, es decir, a los que dicen la verdad? ¿Y qué es la verdad? ¿Lo que diga el Ejecutivo? ¿Lo que determine el presidente? ¿Y qué sucedería en caso de que al Gobierno no le convenga una verdad y trate de ocultarla tras una mentira?

Cómplices de una barbaridad

Es de prever que ni el PSOE ni Sumar se van a esforzar en resolver estas cuestiones. Tampoco lo harán los periodistas, sindicatos y asociaciones que estos días pasados han tenido una epifanía que les ha impulsado a pedir una reforma de la Ley de Prensa, a la que ahora ven insuficiente. Entre todos, han dado alas al Gobierno para acotar el campo de acción de la prensa.

Es previsible que los ataques los sufrirán en igual medida los editores que los anunciantes. Espere el lector una campaña contra quien contrate publicidad en un medio indeseable.

¿Y cuáles son esos? Pedro Sánchez no lo ha aclarado, pero ha ofrecido alguna pista. "La sede social de la máquina del fango se encuentra en Madrid", que es donde un Gobierno financia a los medios de comunicación que publican las mentiras en las que posteriormente se fundamentan las denuncias "de los sindicatos ultraderechistas". ¿Cree alguien realmente que aquí sólo están Alvise y los cuatro agitadores? Que se echen a temblar también en ABC y El Mundo.

Los fariseos de la Corte

Pero hay una cuestión todavía más patética. Porque los medios afines a Moncloa utilizan los datos de reparto de publicidad institucional que asigna la Comunidad de Madrid -con alguna barbaridad, como suele ocurrir- para atacar a la derecha, pero no abundan en el destino de los 138 millones de euros que repartirá Moncloa en este 2024. ¿Por qué? Buena pregunta, pero, por lo que sea, ninguno incide en que el Ejecutivo no publica la información sobre el destino de sus campañas.

Es más opaco que Madrid, que Cataluña o que la Comunidad Valenciana, dado que sabe que con ese oscurantismo puede recurrir a una asignación mucho más arbitraria de esos fondos. Las centrales de medios -intermediarias- también contribuyen a esa falta de información. Hay alguna que impugna una y otra vez las solicitudes que este periodista ha realizado a Transparencia para saber adónde han ido los cientos de millones de euros que ha repartido Pedro Sánchez entre los medios desde 2018. ¿Lo saben eso los sindicatos? ¿Y Escolar?

El presidente es plenamente consciente o debería serlo. Así que cuando anuncia su voluntad de regenerar el sistema mediático para aclarar sus vías de financiación... sólo cabe preguntarse el motivo por el cual su propio Gobierno no lo aclara.

Intxaurrondo... hoy tocaba ser mansa

Sobre esto podría haberle preguntado Silvia Intxaurrondo. Lo que sucede es que la presentadora del contrato de los 537.000 euros guarda las preguntas hostiles para las entrevistas con la oposición. Hoy, una vez más, ha vuelto a ser mansa e incluso tierna.

Por cierto, podrían haberle hecho otra pregunta crucial al presidente: ¿A por qué medios y jueces va? ¿A por 'los Alvises' y los ultras? ¿O hacia todos los que le lleven la contraria?

Y la última: si el 8 de agosto de 2025 entra en vigor el reglamento europeo de libertad de medios de comunicación, ¿qué pretende hacer ahora? ¿No resulta esto sospechoso?