Pedro Sánchez lleva ya seis años en Moncloa y ahora anuncia para el mes de julio un "paquete de regeneración democrática". Eso ha dicho en una entrevista en TVE, a cuyo plató llegó poco después de intervenir en la sesión de control del Congreso, donde no ha habló de ese asunto, ni tampoco sobre el ultimátum al PP para acordar la renovación del CGPJ... en quince días.

Así es como entiende nuestro presidente el papel del Congreso. En la sede de la soberanía nacional se dedica a darle mandobles al líder de la oposición, mientras utiliza a los medios de comunicación afines para contar sus planes de Gobierno.

No me referiré al órdago al PP sobre el CGPJ. Ya habrá tiempo. Quiero centrarme en el núcleo de su "paquete de regeneración democrática", que tiene como fin ahogar a los medios que supuestamente difunden bulos, según ha dicho en la mencionada entrevista.

El presidente ha amenazado con retirar el dinero público de los medios "que mienten sistemáticamente". Ahora bien, ¿cómo se determina que un medio miente? ¿Se trata de una apreciación subjetiva? ¿Cuál es el baremo para medir la mentira?

Hablando de bulos y "tabloides digitales", Sánchez se ha referido a las informaciones sobre su esposa y su hermano, ambos imputados, por cierto. Es obvio que al presidente le molesta que haya medios que publiquen supuestos negocios de su pareja o atribuyan a su hermano un comportamiento fiscal poco ejemplar. Pero, si Begoña Gómez cree que hay medios que mienten puede presentar una demanda por vulneración del derecho al honor en un juzgado y así poder comprobar si, efectivamente, el medio en cuestión está difundiendo bulos. Los políticos, como cualquier ciudadano, pueden recurrir a la vía judicial si creen que hay un medio que los difama, sea digital o no.

Si no son los jueces, ¿quién decidirá si los medios difunden bulos?

La desconfianza en la Justicia está en el fondo de esa alergia a presentar demandas contra los medios que supuestamente difunden bulos. El presidente ya extendió el manto de la sospecha contra el juez Juan Carlos Peinado, que instruye la causa contra su esposa, en su última misiva publicada en la red social X. El presidente puede tener la tentación de establecer una especie de tribunal de honor, compuesto por profesionales o expertos en comunicación, que sean los que determinen si un medio miente o no. Eso sería un ataque directo al Estado de Derecho, porque sólo son los jueces los que están capacitados para estimar si una información incurre o no en delito.

Sánchez desliza en la entrevista otra de sus grandes preocupaciones: las tertulias que difunden esos bulos y en las que "no hay mucho tertulianos progresistas".

No es difícil adivinar en qué medios digitales y en qué tertulias está pensando el presidente.

El affaire del fichaje de Broncano por Televisión Española, enredo que le costó la cabeza a la anterior presidenta, muestra hasta qué punto el presidente está preocupado por la imagen que dan de él algunos programas que tienen, por cierto, gran audiencia.

Sánchez se cree legitimado a utilizar todos los medios de que dispone -que son muchos- para proteger su imagen y la de su familia. Piensa, erróneamente, que esa es la causa de que los españoles no le voten en masa y sitúa el origen de la "máquina del fango" en Madrid. Ve a Miguel Ángel Rodríguez -jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso- como una especie de Rasputín con una capacidad de intoxicación que para sí hubiese querido Josep Goebbels.

Lo peor de todo es que en su paranoia le acompaña no sólo la dirección de su partido, sino algunos líderes políticos de los grupos que apoyaron la investidura, y, ¡oh sorpresa!, periodistas militantes en eso que él llama "la causa progresista".

Sánchez quiere infundir el miedo a los gestores que miran más las cuentas de resultados que la defensa de la libertad de información. Miedo a perder publicidad institucional, que cada vez cuenta con mayor presupuesto, y miedo, como hoy publica Rubén Arranz, a que algunos anunciantes retiren sus campañas de los apuntados en la lista negra de Sánchez.

El PSOE ha perdido las elecciones europeas, bien es cierto que por menos de lo que se esperaba; tiene en riesgo llegar a un pacto con ERC para gobernar en Cataluña; además, se enfrenta a una rebelión de los fiscales contra el Fiscal General del Estado, y no las tiene todas consigo respecto a sí la Sala Segunda del Supremo aceptará que la amnistía borre los delitos de malversación de Puigdemont y Junqueras,... Pues bien, con la que está cayendo, Sánchez inicia una guerra contra jueces y periodistas. No le preocupa tanto gobernar como imponer su criterio. ¡Menudo verano nos espera!