“Lo he dicho siempre, Chiqui, son 1200 millones, eso es poco. Eso, quitas o pones una parte del presupuesto.”

Esta vez la Chiqui podría ser Marta Rovira, número uno de ERC, en conversación telefónica desde Suiza con María Jesús Montero, vicepresidenta del Gobierno, en plena negociación para la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat. 

Todo en la política española vuelve a ser tan estrafalario como inverosímil. ¿Recuerdan las declaraciones de Pilar Alegría, la ministra portavoz del Gobierno, diciendo que las negociaciones para la investidura de Illa se harían en Cataluña y las llevaría a cabo el PSC? Todo era un bulo. Ni Cataluña es el lugar ni Illa es el interlocutor. Qué ironía: en el momento de mayor debilidad del apoyo social al independentismo en Cataluña, la gobernabilidad de España está en sus manos. Y es con el Gobierno de Sánchez con el que los independentistas materializan sus extorsiones. No tienen nada que negociar con Illa porque éste nada tiene que ofrecerles.

Suiza es de nuevo el país elegido por los prófugos de la justicia española en el que el Gobierno sigue negociando su supervivencia.  

Todo lo que sucede es un atropello a nuestra democracia, a las instituciones nacidas del acuerdo constitucional de 1978

No nos engañemos. Todos sabíamos lo que sucedería al día siguiente de cerrarse las urnas europeas: que la extorsión continuaría. Primero, para la elección de la presidencia del Parlament; a continuación, para la votación de investidura de la presidencia del Gobierno de Cataluña, unido a la supervivencia de Pedro Sánchez y tras la publicación en el BOE --retrasada debidamente en campaña electoral-- de la infame ley de amnistía. 

Todo lo que sucede es un atropello a nuestra democracia, a las instituciones nacidas del acuerdo constitucional de 1978. Este el objetivo declarado de Puigdemont y Rovira, el objetivo aceptado por el PSOE y sus socios de gobierno: el desguace a plazos del Estado a cambio de mantener un gobierno inviable.

Y actúan de manera sincronizada. Sólo así se entiende el último espectáculo de esta semana protagonizado por Montero y Josep Rull, que dijo en su toma de posesión de la presidencia del Parlament (incumpliendo la legalidad y con lazos amarillos en los escaños de los prófugos) que esa Cámara no tiene su origen en la Constitución de 1978, sino que es la expresión de una nación milenaria, una institución que va más allá de los siglos. Dos días después, la vicepresidenta Montero reconoció esta singularidad para comenzar las cesiones en cuanto a la financiación de Cataluña: “Un tratamiento singular en materia de financiación para responder a sus necesidades y a las competencias singulares que tiene por razones históricas”.

La apelación a los derechos históricos es común a todos los nacionalismos; recurrir a la historia y manipularla para justificar una soberanía que nunca existió es un puro bulo. La reclamación de esa supuesta existencia histórica pretende definir la comunidad autónoma de Cataluña como una realidad nacional. En el marco independentista, lo normal; lo extravagante y peligroso es la asunción de este marco por el Gobierno de España.

Como explica de manera magistral Alfonso Guerra en su libro “La España en la que creo”, las comunidades autónomas son la expresión formalizada de un ordenamiento constituido por la voluntad soberana de la nación española única e indivisible, como establece el articulo 2 de la Constitución. Por ello, es una transgresión constitucional pretender que los poderes de una comunidad emanan del pueblo de esa comunidad, y no de la única e indivisible soberanía del pueblo español. No existe el derecho a decidir del pueblo de una comunidad autonómica, ya que la Constitución –hay que insistir-- establece como único titular de la soberanía al pueblo español. Y esta soberanía no es fraccionable ni puede ser descompuesta en 17 titularidades diferentes.

No hay en nuestro ordenamiento jurídico dos legitimidades en disputa, la legitimidad democrática y una legitimidad histórica. Solo hay una, la democrática. Y Cataluña es un sujeto creado en el marco de la Constitución en virtud de del ejercicio de un derecho soberano exclusivo de la nación española. No hay –de nuevo es necesario reiterar-- una doble legitimidad o una legitimidad alternativa al principio democrático. 

El reconocimiento de la diversidad nunca puede dar lugar al privilegio. El artículo 138 de la Constitución es claro: “Las diferencias de los Estatutos de las distintas comunidades autónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos y sociales”. 

Es la igualdad de los españoles lo que se está negociando, a trozos. En palabras de Turull, “a tanto la pieza”.

La igualdad ante la ley con esta amnistía que garantiza la impunidad a cambio de siete votos está ahora, como hemos visto en muchos regímenes autoritarios, estimulando una resistencia férrea de los fiscales del procés frente al fiscal general del Estado. El fiscal, dispuesto a todo por hacer efectiva esta infame ley de impunidad, está tan convencido de la legalidad y constitucionalidad de laa medida que hará todo con tal de que no llegue a ser examinada por el Tribunal de Justicia de la UE. Y en medio del conflicto llega, de la mano de Montero, la financiación autonómica como herramienta para establecer ventajas para un territorio en perjuicio de los ciudadanos españoles. 

No me cabe duda de que defender que esto es una barbaridad será calificado de pensamiento facha por los que perpetran esas maniobras y los que las justifican. Tal es el absurdo del momento político en el que vivimos que defender los derechos supuestamente históricos se considera un signo de progreso, y defender que los titulares de derechos son los ciudadanos y no los territorios --y garantizar la igualdad de estos derechos por encima de cualquier discriminación basada en el nacimiento, origen religión sexo, tal y como establece el articulo 14 de la Constitución— es retrógrado y facha. 

No hay nada de izquierdas en lo que está haciendo el PSOE para mantenerse en el poder

Pero no hay nada de izquierdas en lo que está haciendo el PSOE para mantenerse en el poder. Y los socialistas lo saben, porque durante años han defendido lo contrario. Con la zurda se están llevando a cabo las políticas más reaccionarias que podíamos imaginar en contra de la igualdad de todos los españoles. Page ha vuelto a levantar la voz en contra de este atropello, algo que le honra, pero lamentablemente ya sabemos los efectos políticos que esto puede tener. Como con la ley de Amnistía: todos los diputados socialistas de Castilla y la Mancha votaron a favor de una ley que el presidente de su partido y de su Comunidad anunció que recurriría por inconstitucional. Seguro que estarán dispuestos a votar un régimen de financiación singular privilegiado para Cataluña y en perjuicio de su Comunidad. 

Hasta que los votantes de izquierdas y progresistas de verdad de este país no estén dispuestos a decir basta, el PSOE de Sánchez no se detendrá en esta espiral de descomposición del Estado. Espero que lo hagan pronto; espero que le expliquen a Sánchez lo que se juega cada día con sus pactos. Espero que se atrevan a decirle claramente: es la igualdad, estúpido.

Soraya Rodríguez es eurodiputada en el Parlamento Europeo