El pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha estimado parcialmente el recurso de amparo de Magdalena Álvarez, que fue consejera de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía entre 1994 y 2004, contra las sentencias de la Audiencia Provincial de Sevilla y la Sala Penal del Tribunal Supremo que la condenaron a nueve años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación.

Con su sentencia, el TC ha actuado de facto como una instancia superior al Tribunal Supremo, suplantando su función como máximo intérprete de la ley.

Para los desmemoriados, hay que recordar que el llamado 'caso de los ERE' consistió en que durante diez años la Junta de Andalucía, controlada por el PSOE, utilizó un sistema (llamado "transferencias de financiación") para poner al margen de los controles ordinarios un total de 679 millones de euros que, en principio, debían ir destinados a financiar los expedientes de regulación de empleo de empresas en crisis. Lo que ocurrió en la práctica fue que una parte importante de esos fondos se repartió entre personas afines al partido e incluso hubo altos cargos de la Junta que se quedaron con dinero para fines tan poco sociales como la compra de cocaína. Los hechos fueron descritos con abundancia de datos en su día por los periodistas Antonio Salvador y Sebastián Torres en las páginas de El Mundo, y sirvieron de base para la condena de la Audiencia Provincial de Sevilla.

Magdalena Álvarez (que después de su paso por la Junta fue nombrada ministra de Fomento por Rodríguez Zapatero) participó activamente en la elaboración de los anteproyectos de presupuestos de la Junta entre 2002 y 2004, ejercicios en los que estaba en funcionamiento el sistema de las "transferencias de financiación". Su responsabilidad penal fue establecida por la Audiencia Provincial de Sevilla y luego ratificada por el Supremo.

Pues bien, el Tribunal Constitucional, en ponencia que marcará época de su vicepresidenta, Inmaculada Montalbán, estima que "la elaboración de los anteproyectos de ley y su aprobación como proyectos de ley no puede ser constitutiva de delito de prevaricación... (porque) al tratarse de meras propuestas que no tienen más alcance que, en su caso, ser objeto de deliberación del Parlamento, no pueden ser sometidas a control judicial".

Tras releer varias veces la sentencia, entendí lo que quería decir el TC: como el proyecto de presupuestos es tan sólo una propuesta y no se convierte en ley hasta que lo aprueba el Parlamento, no se puede atribuir a los miembros del gobierno el delito de prevaricación ya que sus acuerdos no pueden considerarse como un "asunto administrativo". Es decir, que los miembros del gobierno son 'penalmente irresponsables' (así lo señalan los cuatro magistrados que han votado en contra de la sentencia: César Tolosa, Ricardo Enríquez, Concepción Espejel y Enrique Arnaldo) dado que sus proyectos tienen que pasar necesariamente por el filtro del parlamento.

En resumen: esta sentencia establece un blindaje total para las decisiones del gobierno cuando deben ser refrendadas por el parlamento.

Juan Carlos Campo fue alto cargo de la Junta de Andalucía implicada en los ERE y la ponente de la sentencia del TC, Inmaculada Montalbán, recibió la medalla de la Junta cuando todavía la controlaba el PSOE

Entre el año 2000 y hasta 2012, el PSOE controlaba cómodamente el Parlamento de Andalucía, rozando la mayoría absoluta y gracias a su pacto con Izquierda Unida. Era más que obvio que todas las resoluciones que salieran del gobierno, más aún tratándose de los presupuestos, iban a contar con el visto bueno de la cámara andaluza. Plantear que los proyectos de ley de presupuestos de la Junta de Andalucía en aquellos años era "meras propuestas", como establece el TC, es una burla a la inteligencia.

Lo que ha hecho el TC (se nota la mano de Cándido Conde Pumpido) ha sido blanquear uno de los mayores escándalos de corrupción de la democracia. Ni más, ni menos.

Algo debía saber sobre la sentencia (conocida el pasado día 19 de junio) el presidente del gobierno cuando invitó a la primera fila de su mitin en Benalmádena, celebrado el 5 de junio, a Magdalena Álvarez, que fue aplaudida por los asistentes como una heroína, aunque no tanto como Begoña Gómez, imputada a su vez por tráfico de influencias por un juzgado de Madrid.

Magdalena Álvarez se ha venido arriba y habla ahora de "cacería" y se atreve a califica el 'caso de los ERE' como "un bulo". Gracias, Montalbán. Gracias, Conde Pumpido. Habéis colaborado a poner al Supremo a los pies de los caballos. Sólo les ha faltado decir que las sentencias de la Audiencia de Sevilla y de la Sala Segunda son un ejemplo claro de lawfare.

Otro dato que habla de lo irregular de este fallo es que, de los siete magistrados que votaron a favor, dos de ellos tuvieron relación con la Junta andaluza cuando mandaba el PSOE. Juan Carlos Campo, ex ministro de Justicia, fue director general de Relaciones con la Administración de Justicia de la Junta entre 1997 y 2001, con Magdalena Álvarez ya en el puesto de mando del departamento de Hacienda. Por otro lado, la ponente, Inmaculada Montalbán, recibió la medalla de Andalucía, que otorga la Junta, en 2012, cuando todavía estaba controlada por el PSOE.

Pedro Sánchez llegó al poder en 2018 gracias a una moción de censura que tenía como fin acabar con la corrupción. Ahora vemos que aquello no fue más que un slogan. Magdalena Álvarez ya está rehabilitada y pronto lo estarán otros altos cargos que participaron en la trama de los ERE.

Cuando el PSOE decidió apartar al ex ministro José Luis Ábalos de las filas de su grupo en el Congreso y suspenderle de militancia, en febrero de este año, el presidente del Gobierno lo argumentó como una prueba de que su gobierno sería "implacable e incompatible" con la corrupción. Pero Ábalos todavía no está imputado en el 'caso Koldo'. El propio asistente del ex ministro se ha preguntado por qué a él el partido le ha aplicado medidas disciplinarias que no ha empleado, por ejemplo, con Begoña Gómez, que sí está imputada. No le falta razón. Pero Sánchez, cuando se le ha preguntado por el caso de su esposa, responde contundente: "No hay nada". Luego, hay que suponer que en su opinión sí hay algo en el caso de Koldo que afecta a su jefe.

En fin, que el criterio para ser "incompatible" con la corrupción es bastante elástico y siempre en interés del presidente.

Tendremos que esperar a que Ábalos aparezca en la primera fila de un mitin del PSOE para adivinar que sus problemas con la Justicia ya se han solventado.