Soy periodista del diario francés L'Humanité, reportera que durante mucho tiempo estuvo adscrita al servicio internacional. Trabajo sobre el norte de África desde 2010. He informado e investigado con frecuencia desde Argelia, Túnez y Marruecos. Y tengo que decirles que todo mi trabajo sobre Marruecos y el Sáhara Occidental ha sido desde entonces sistemáticamente objeto de comentarios insultantes y abusivos en línea, probablemente orquestados y organizados, así como de artículos viles en la prensa difamatoria vinculada al régimen marroquí - esto obviamente se ha agravado con el auge de las redes sociales. Éstas y otras cuestiones son las que nos han llevado a cerrar los comentarios de los artículos publicados en nuestro sitio web.

He estado en Marruecos muchas veces, entre otras para cubrir el juicio en apelación del defensor de los derechos humanos Wafae Charaf en 2014, para cubrir el juicio de los presos políticos saharauis de Gdeim Izik en Rabat en 2016 y para cubrir el levantamiento popular en el Rif, en un contexto de represión violenta, en 2017. Durante estas coberturas, se me sometió sistemáticamente a una vigilancia estrecha y muy visible, claramente destinada a intimidarme. En el caso del Rif, estas intimidaciones policiales contra mí se documentaron en un informe de Reporteros sin Fronteras. Durante este reportaje, cuando seguían al fotoperiodista que me acompañaba, el seguimiento nunca cesó y sólo conseguimos escapar de los policías que nos perseguían desactivando la opción de localización de nuestros dos teléfonos.

Durante estas coberturas, se me sometió sistemáticamente a una vigilancia estrecha y muy visible, claramente destinada a intimidarme

Más recientemente, investigué los cargos inventados contra el periodista Omar Radi, una voz crítica cuyo trabajo sobre los movimientos sociales, las violaciones de derechos humanos, el acaparamiento de tierras y los intereses entrelazados de la monarquía y el capital, marroquí o extranjero, resultaba muy inquietante para Palacio. Omar Radi fue condenado injustamente a seis años de prisión. En junio de 2020, Amnistía Internacional publicó un informe en el que revelaba que su teléfono había sido infectado con el programa espía israelí Pegasus. Esto desató la furia represiva de la policía política contra él. Él mismo se vio acusado de espionaje, atentar contra la seguridad del Estado y, por último, para completar el arsenal de cargos, se presentó contra él una denuncia por "violación". Con mi colega Rachida El-Azzouzi, de Mediapart, llevé a cabo una larga investigación sobre este asunto para L'Humanité. Nuestra investigación causó un gran revuelo: arrojó luz sobre las acusaciones contra este periodista. Sacó a la luz la "estrategia sexual" del régimen marroquí y de su policía para desprestigiar y demoler a periodistas y opositores. En el curso de esta investigación, nos enfrentamos al miedo a hablar, a intentos de manipulación, a presiones e incluso, en una ocasión, a la intrusión de un anónimo en una videoconferencia con una de nuestras fuentes en Marruecos.

Sacamos a la luz la "estrategia sexual" del régimen marroquí y de su policía para desprestigiar y demoler a periodistas y opositores

En lo que a mí respecta, empecé a notar fallos de funcionamiento en mi iPhone desde finales del verano de 2019. Se hicieron más frecuentes durante el invierno de 2019, cuando estaba cubriendo el movimiento popular y las disputadas elecciones presidenciales en Argelia. Las aplicaciones se abrían solas, la memoria se saturaba sistemáticamente y era casi imposible utilizar mi navegador web, que detectaba demasiadas redirecciones. Estas disfunciones fueron en aumento hasta que en marzo de 2020, en vísperas de mi confinamiento, mi teléfono se congeló por completo. No podía arrancarlo: se quedaba atascado en la manzana de Apple. Lo llevé a un taller, que tuvo que reiniciarlo, y perdí muchos datos.

Durante la investigación sobre Omar Radi, además de la intrusión en la videoconferencia, me di cuenta de que ciertas fuentes conocían el contenido y los detalles de conversaciones confidenciales que yo había mantenido con otras fuentes. En ese momento tuve serias dudas, así que reinicié mi teléfono, me deshice de él y me compré otro.

En la primavera de 2021, periodistas del consorcio Forbidden Stories se pusieron en contacto conmigo y me informaron de que sospechaban que mi teléfono podía tener implantado un programa espía. Les entregué mi teléfono para que un equipo especializado del Laboratorio de Seguridad de Amnistía Internacional lo comprobara y analizara. El análisis no reveló nada en el nuevo dispositivo, así que me tranquilicé.

Pero en julio, la víspera de las revelaciones del Proyecto Pegasus, un periodista de Forbidden Stories volvió a ponerse en contacto conmigo para comunicarme que, efectivamente, yo figuraba en una lista de objetivos potenciales de este programa espía israelí, lista elaborada, según el consorcio de medios internacionales que investigó el caso, por un servicio de seguridad del gobierno marroquí. En mi caso, los reinicios forzados y luego voluntarios de mi teléfono hicieron desaparecer cualquier rastro del programa espía.

Sin embargo, presenté una denuncia, mi periódico interpuso una demanda civil, fui interrogada en el marco de la investigación preliminar por agentes de policía encargados de la lucha contra la ciberdelincuencia, y ahora se ha abierto una investigación judicial.

La cibervigilancia es una prolongación de la vigilancia física a una escala vertiginosa

La cibervigilancia es una prolongación de la vigilancia física a una escala vertiginosa. Pero es mucho más aterradora porque es invisible e indetectable. Viví las acusaciones de que habían pirateado mi teléfono como una situación de gran violencia que me afectaba personalmente, pero también a mis allegados, mis amigos, mis colegas y mi familia. Es una intrusión potencialmente insoportable, una violación de mi intimidad y de mi vida privada. Es como si me robaran datos personales de otras personas. Pero lo que me parece más grave es este ataque frontal a la confidencialidad de las fuentes.

Cuando eres periodista e investigas temas delicados, sobre todo en zonas vigiladas por regímenes autoritarios, tu mayor preocupación es no poner en peligro a las personas que te dan información. En este caso, mis fuentes pasadas y presentes están claramente en peligro. Y en el futuro, esto compromete mi capacidad para establecer los vínculos de confianza esenciales que permiten a las fuentes confiarme información, a riesgo de hacerlo. La existencia misma de este sistema de vigilancia crea un clima de miedo, y por tanto de silencio, entre nuestras fuentes. En el caso de Marruecos, esto es evidente: ahora estoy aislada de la mayoría de mis fuentes sobre el terreno.

Somos muy vulnerables, sobre todo los periodistas. Nunca podremos competir con los medios desproporcionados que despliegan los Estados autoritarios y las multinacionales de la vigilancia, que no tienen límites y están completamente por encima de la ley. Y sean cuales sean las herramientas y protocolos que adoptemos para proteger nuestras fuentes, seguiremos expuestos. La hipervigilancia que estos sistemas de cibervigilancia nos obligan a mantener es también una forma de violencia, un obstáculo para el libre ejercicio de nuestra profesión: genera ansiedad y supone una pérdida de tiempo y energía.

Y también debo decirles que tomo precauciones cuando informo, utilizando teléfonos rudimentarios cuando el contexto lo requiere, sin conexión y sin localización. Pero nunca imaginé que tendría que tomar tales precauciones en suelo francés. Lo vertiginoso aquí es la desterritorialización de los ataques a la libertad de prensa, a la confidencialidad de las fuentes y a las prácticas represivas.

Edward Snowden tiene razón cuando dice que hay que prohibir este tipo de armas tecnológicas, que las dictaduras usan contra las voces críticas dentro y fuera de sus fronteras. Puesto que los tratados internacionales prohíben las armas no convencionales, debemos prohibir los programas espía, que son un arma formidable en una terrorífica ciberguerra mundial contra las libertades. Hay vidas en juego: las de periodistas y activistas encarcelados o asesinados, como Cecilio Pineda Birto en México. Deben adoptarse sanciones contra los Estados que han utilizado este software espía para tales fines, que nada tienen que ver con la "lucha contra el terrorismo y la delincuencia" que proclaman. También deberían rendir cuentas los directivos de la empresa que lo comercializó bajo el paraguas del Ministerio de Defensa israelí. Añado, por lo que respecta a Francia, que la complacencia de París ante las prácticas autoritarias de la monarquía marroquí no es ajena a esta situación.

Confiando en su impunidad, las autoridades marroquíes y su policía se sienten autorizadas a traspasar todas las líneas rojas. Los periodistas marroquíes en el exilio son seguidos, acosados y amenazados en suelo francés. Yo misma fui testigo de ello el 15 de febrero de 2019 en París, en una sala llamada Le Maltais rouge, donde una conferencia sobre la libertad de prensa en Marruecos fue brutalmente interrumpida por pesos pesados que cortaron la electricidad y lanzaron mesas y sillas a los participantes.

¿Cuál habría sido la reacción de Francia si semejante escándalo de ciberespionaje hubiera implicado a China o Rusia?

La complacencia de Francia ante el escándalo de ciberespionaje Pegasus es inaceptable, habida cuenta de que están implicados miembros del Gobierno, e incluso el Presidente de la República. ¿Cuál habría sido la reacción de Francia si semejante escándalo de ciberespionaje hubiera implicado a China o Rusia? Habría habido, con razón, una reacción diplomática y política de una envergadura completamente diferente.

Me gustaría concluir con un episodio que dice mucho de la arrogancia en Europa de Estados autoritarios decididos a silenciar a los periodistas que se niegan a plegarse a su propaganda. Me refiero al procedimiento judicial iniciado por el Reino de Marruecos contra los medios de comunicación franceses que informaron sobre el escándalo Pegasus, entre ellos Le Monde, Radio France, France Media Monde y Mediapart. Afortunadamente, el fiscal rechazó el principio de abrir un proceso por difamación. Pero el Reino de Marruecos ha recurrido. Está representado en este asunto por un abogado especializado en amordazar a los periodistas en beneficio de las grandes empresas y multinacionales, y que lleva a cabo un verdadero acoso judicial contra los periodistas críticos.

Rosa Moussaoui es periodista francesa de L'Humanité. Extracto de su intervención frente al Comité del Parlamento Europeo que investigó el caso Pegasus.