Este miércoles se celebra en Tenerife la Conferencia Sectorial de la Infancia y la Adolescencia que debería dar solución al problema que sufren las islas Canarias con la llegada masiva de inmigrantes.

La cuestión es especialmente grave en el caso de los menas (menores no acompañados). Aunque los datos no son muy precisos, se estima que este año han llegado a las islas casi 6.000 menas, cuando cuando la capacidad de sus centros de acogida no llega a los 2.000. El resultado de esta saturación es el hacinamiento, las malas condiciones higiénicas y sanitarias en las que estos niños y jóvenes malviven y todo lo que ello lleva consigo.

No se puede cerrar los ojos a esa realidad y es obligación del Gobierno y las comunidades autónomas encontrar ya una alternativa, como reclama con toda razón el Ejecutivo de Canarias, fruto de un pacto entre Coalición Canaria y el PP, presidido por Fernando Clavijo.

La ley de Extranjería vigente no contempla esa cuestión y lo que sucede es que el reparto de menas depende de la buena voluntad de cada comunidad autónoma. Por supuesto, la ley hay que cambiarla para que haya criterios objetivos de reparto del esfuerzo y también de los fondos que el Gobierno debe aportar en función del esfuerzo que haga cada una de ellas. Tanto la distribución de menas, como la reforma de la ley, necesitan del consenso del PSOE y del PP.

El líder del PP tiene que dar una respuesta al problema de los menas y a las amenazas de Vox

Las posiciones previas a la reunión no animan al optimismo. El Gobierno quiere un pacto que incluya a todas las CCAA, pero, al mismo tiempo, se ve ante el dilema de desairar a Junts, que ha pedido quedar fuera del reparto argumentando la "singularidad" de Cataluña. El PP, en principio, está por la labor de reducir la presión en Canarias, pero, a la vez, se enfrenta al ultimátum de Santiago Abascal, que amenaza con romper los acuerdos vigentes en cinco autonomías si el PP pacta con el Gobierno. Vox, por supuesto, rechaza cualquier criterio de reparto y es partidario de devolver a los menas a sus países de origen y de utilizar a la Armada para evitar su llegada a las islas.

Núñez Feijóo tiene un problema, pero también una oportunidad. Para aprovecharla, debe ser muy claro en su planteamiento. En primer lugar, debería exigir para firmar el acuerdo que ninguna comunidad quede fuera del mismo, lo que obligaría al Gobierno a imponer a la Generalitat una cuota de reparto. Y, si Vox se atreve a cumplir su amenaza, debe asumir que hay autonomías en las que tendrá que gobernar en solitario. Si Abascal se atreve a presentar mociones de censura junto al PSOE para derribar gobiernos autonómicos de derechas, ese es su problema. Los electores no se lo perdonarán.

El líder del PP tiene que aguantar el tirón, porque a lo mejor la chulería de Abascal al plantear un ultimátum en este asunto es la ocasión que estaba esperando para distanciarse definitivamente de Vox.

Con el tiempo, Vox ha ido situándose cada vez más en la extrema derecha. No se ha atemperado, como especulaban algunos, con su llegada al poder en algunas autonomías de la mano del PP. Todo lo contrario. De Vox salieron los perfiles más liberales, como Espinosa de los Monteros, y ahora acaba de romper con Meloni para aliarse con Viktor Orbán en el grupo Patriotas por Europa, al que también se ha sumado el partido de Le Pen.

Feijóo tiene que ser valiente y coger el toro por los cuernos. Tarde o temprano tendrá que romper con Vox. Ahora se le presenta una oportunidad única. Nadie entendería que, por hacerle un feo al Gobierno, dejara sin resolver una crisis que afecta a miles de niños y jóvenes. Ese gesto tiene más valor político que amilanarse ante las amenazas de Abascal.