Ningún mandatario sobre la faz de la tierra propondría una ampliación de la libertad de prensa en un momento en el que los periódicos difunden casi cada día noticias negativas sobre él y su familia. Esta perogrullada debería haber hecho saltar las alarmas entre los editores y las asociaciones profesionales, pero, lejos de eso, aguardan al miércoles -cuando Pedro Sánchez presentará su proyecto de ‘regeneración democrático-mediática'- como la vaca que observa pasar el tren al lado de la vía y espanta las moscas que se posan sobre su figura con el rabo o con la lengua.

No es difícil adivinar las razones de su silencio. La valentía muchas veces perjudica la carrera profesional, especialmente, en un país cada vez más polarizado, más mediocre y más maniático -y torpe- a la hora de seleccionar a los círculos de confianza. Cuesta entender a quienes consideran que la cúspide de su carrera se encuentra en conservar un sillón a cambio de ser cómplices de la infamia. Sobre todo, después de haber pagado la hipoteca. Hay quien a cambio de algo de influencia y de una bandeja de canapés en los eventos es capaz de tragar toneladas de bufónidos. También hay quien es presa de su sectarismo y eso le impide analizar la realidad con la agudeza que requiere en los momentos críticos.

Hay quien a cambio de algo de influencia y de una bandeja de canapés en los eventos es capaz de tragar toneladas de bufónidos

Pero ellos deberían ser conscientes de que hay algo inquietante en los planes de un presidente que anunció un plan de ‘regeneración’ del sector mediático en su momento más complicado. Es decir, cinco días después de que un juez confirmara la investigación sobre su mujer. Basta escuchar sus palabras, en las que señala exclusivamente a la prensa de la “derecha y la ultraderecha” para cerciorarse de que sus medidas surgen de sus intereses personales y de su animadversión hacia los “tabloides digitales” -quienes le rodean son conscientes de esto-.

Más allá de la forma y el contenido de las normas que presente, de momento han conseguido algo que ya es grave de por sí, y es transmitir la idea entre los periodistas de que apuntar hacia el Gobierno puede implicar el meterse en un lío. En otras palabras: que le corten el chorro de publicidad institucional a tu editor y eso te deje sin trabajo.

Regenerar los medios públicos... o cerrarlos

Diría que hay algunas urgencias en el sector de los medios a las que el presidente del Gobierno no se ha referido hasta el momento, pero que requieren soluciones inmediatas. Me refiero a las que tienen que ver con los medios de comunicación públicos, que históricamente han sido utilizados por las diferentes Administraciones de este país como vehículos para transmitir a la opinión pública sus argumentos de forma directa. Cualquiera que haya observado los boletines informativos que ha emitido La 1 de RTVE durante los descansos de los partidos de la Eurocopa se habrá dado cuenta de ello. El relato del Gobierno se ha transmitido intacto.

Su director de informativos, Pep Vilar, no tiene un nexo directo con el PSOE, pero ha sido con este partido en el Gobierno con el que más alto ha llegado dentro de los medios públicos, tanto en RTVE como en Barcelona Televisió… como en la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales, donde fue nombrado consejero (2012) a propuesta del PSC. Lo de Concepción Cascajosa -la líder interina de RTVE- es de sobra conocido. Fue durante muchos años afiliada al partido e incluso ocupó un pequeño puesto en el PSOE madrileño. Solicitó su baja en el partido tras ser nombrada presidenta, pero tampoco tiene un perfil neutral.

Todavía es más grave el caso de Irene Lozano, cuyo nombre han vuelto a deslizar estos días desde Moncloa a algunos periodistas afines. La venden como la favorita de Pedro Sánchez para presidir a partir de septiembre RTVE. De hecho, su plan es que el Partido Popular la acepte a cambio de recibir cuatro asientos en el Consejo de Administración, según detallan fuentes conocedoras de los contactos entre las formaciones. Lo que sucede es que Lozano ha sido miembro del Gobierno y ha tenido nexos profesionales con el presidente, lo cual -llámenme loco- a lo mejor no encaja dentro de cualquier concepto honesto de regeneración de los medios.

Cualquier cosa es posible porque al frente de la Agencia EFE se encuentra Miguel Ángel Oliver, que, ciertamente, es un presidente mucho mejor que Gabriela Cañas -coinciden en afirmar desde dentro-, pero que fue nombrado a dedo por Moncloa tan sólo 2 años después de haber abandonado la Secretaría de Estado de Comunicación. O sea, también perteneció al Ejecutivo. Son múltiples ejemplos los que se han registrado en los últimos años a todos los niveles. Desde Dolores Delgado cuando fue nombrada Fiscal General del Estado tras haber sido Ministra de Justicia de quien la designó; hasta el presidente de Correos o el ex de Paradores, quien el domingo observaba atentamente el partido desde el palco de autoridades del estadio berlinés.

¿Regeneración o degeneración?

Se hace difícil pensar que quien ha pecado de nepotismo en tantas ocasiones en el pasado vaya a plantear una verdadera regeneración mediática en este momento de su mandato, en el que su mujer, su hermano y algún exministro díscolo se encuentran pendientes de investigaciones, como poco, inquietantes (sin ser culpables de nada de momento, por supuesto). Pero es que, además, en el terreno mediático está asesorado por alguien que, de la noche a la mañana, montó una productora y desde 2018 ha conseguido 28 millones de euros en contratos con RTVE. Esa empresa hoy es de un grupo de medios (no diremos nombres) cuyo periódico generalista llevaba en el quinto scroll la noticia sobre la declaración de Carlos Barrabés.

A lo mejor la regeneración consiste en eso: en penalizar a quien conceda demasiada importancia a los temas que incomodan, mientras se sitúa a gente de confianza en los medios públicos y se amenaza a los privados con reducir el caudal de la publicidad institucional o con multas más fuertes. Vaya usted a saber. A lo mejor la regeneración es considerar como un ‘bulo’ cualquier información que no guste en el PSOE.

Sea como sea, yo le propongo un plan, señor Sánchez. Es el de convocar un concurso público -¡uno de verdad!- para elegir a los consejeros de los medios del Estado, con un reglamento que priorice los méritos curriculares sobre los políticos… y en el que los partidos tan sólo tengan la opción de votar a favor de los 10 candidatos que mejor calificación obtengan. Si no están dispuestos ni en Génova ni en Ferraz a hacer eso, le planteo una opción mejor: cierre esas empresas y dejen de estafar a los ciudadanos con servicios públicos que están bajo su descarado control.