El presidente del Gobierno tendrá que declarar como testigo ante el juez que investiga a su esposa por presuntos delitos de corrupción el próximo día 30 de julio. Lo hará en el Palacio de la Moncloa, privilegio que está recogido en el artículo 412 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim). La providencia del titular del juzgado número 41 de Plaza de Castilla ha provocado un terremoto político. En el PSOE y en el gobierno dicen estar "indignados", Patxi López habla de "cacería política"; por su parte, Núñez Feijóo ha pedido la dimisión del presidente aludiendo a unas declaraciones de Pedro Sánchez en las que este le pedía la renuncia a Mariano Rajoy por tener que declarar como testigo en el caso Gürtel.

La citación de Sánchez era lógica tras la declaración del empresario Juan Carlos Barrabés en la que dijo que en al menos dos de sus entrevistas en Moncloa con Begoña Gómez el presidente estuvo presente.

Sánchez puede acogerse a su derecho a no declarar (recogido en el artículo 416 de la Lecrim), o bien puede optar por colaborar con la Justicia, como es la obligación de todo cargo público, más aún del presidente. También puede optar por un camino intermedio: responder a las preguntas del abogado de su esposa y tal vez a las del fiscal, y negarse a responder al juez y a las partes. Creo que esta será su decisión final, lo cual es como colaborar con la Justicia sólo en lo que a él le puede interesar.

El drama político que vive España a cuenta de las andanzas de Begoña Gómez no es consecuencia de la instrucción de un juez, sino que tiene su origen en la decisión del presidente de abandonar sus funciones durante cinco días para reflexionar de si le merecía o no la pena seguir al frente del gobierno en medio de una "operación de acoso y derribo", como dijo en su carta publicada en X el pasado 24 de abril.

La lógica de esa carta marca todo lo que ha sucedido después. Para el presidente, esa "operación de acoso y derribo" no está dirigida contra su esposa, sino contra él. "Denuncian a Begoña por ser mi esposa", decía Sánchez en su carta. Esa operación, dirigida por los partidos de la derecha y la ultraderecha y llevada a cabo por medios de comunicación de ese perfil, se puso en marcha porque el PP y Vox "no aceptan el veredicto de las urnas".

Por tanto, todo lo que tiene que ver con Begoña Gómez forma parte, en la lógica del presidente, de un complot antidemocrático por parte de partidos y medios que no respetan "el veredicto de las urnas".

Fue el presidente el que optó por la estrategia de convertir el caso de su esposa en un asunto de Estado

Se trata de un blindaje a prueba de bomba. Al negar la mayor, la posibilidad de que Begoña Gómez pueda haber cometido un delito, todo lo que tiene que ver con los indicios que apunten en esa dirección es considerado por el presidente y, por tanto, por el gobierno y por su partido, como parte de una trama que no busca esclarecer los hechos, determinar si hubo o no delito en su manera de actuar, sino que se inscribe en un contubernio al que el propio Sánchez bautizó como "máquina del fango".

El aparato propagandístico del que dispone el presidente es tan potente, que el juez Peinado tiene que tentarse la ropa cada vez que toma una decisión, aunque esté plenamente justificada por la instrucción del caso. Hasta tal punto, que ya los dirigentes del PSOE hablan del "caso Peinado" para referirse a la investigación sobre las actividades de la mujer del presidente.

Pedro Sánchez es el verdadero y único responsable de la estrategia de convertir el caso de su esposa en un asunto político de primer orden. Cuando tomó la decisión de dejar el país en estado de pausa durante cinco días, Sánchez ya sabía que su mujer estaba siendo investigada, cosa que ocultó en su carta. Y en las reuniones que se llevaron a cabo en Moncloa con Antonio Camacho -abogado de Begoña Gómez- fue el presidente el que argumentó que todo era un montaje para intentar echarle del poder por métodos espurios.

Si no había nada, si todo lo que hizo su esposa es perfectamente legal, lo lógico hubiera sido dejar actuar a la Justicia, respetar las decisiones del juez y esperar a que el asunto se desinflara ante la falta de pruebas.

Pero no. Sánchez lo elevó hasta tal punto que todo lo que afecte a ese caso tendrá consecuencias políticas para él como presidente del gobierno y no sólo como marido de Begoña Gómez.

¿Por qué tomó esa decisión el presidente? Sencillamente, porque no aceptó que se cuestionara su honorabilidad. Llama la atención que el presidente viera como normal que su esposa dirigiera una cátedra sin ser licenciada; que recibiera al rector de la Universidad Complutense en Moncloa; que tuviera varias reuniones con un empresario en la sede del Gobierno; que su esposa escribiera cartas de recomendación a ese mismo empresario que, tras recibir tan importante aval, multiplicó su facturación; que su esposa pidiera dinero a grandes empresas para diseñar un software para la Complutense del que luego ella quiso sacar provecho,... Todas esas cosas Sánchez las sabía antes de que las publicaran los supuestos pseudomedios. Así que, en lugar de intentar reconocer errores, algunos de libro, como le ha recordado incluso el portavoz del PNV, Aitor Esteban, en su última intervención en el Congreso, el presidente prefirió convertir el caso en un asunto de Estado.

La soberbia ha llevado al presidente a cometer este error de cálculo que le va a complicar la vida mucho más de lo que él podía pensar.