Mucho se ha hablado a lo largo de los últimos días del acuerdo entre ERC y el PSC para investir como presidente a Salvador Illa. Sobre todo, porque la contraparte exigida por los independentistas consiste en el traspaso total y absoluto de la materia tributaria a la Generalitat. Las bases del partido republicano votaron el fin de semana pasado por dar luz verde al pacto que cedería la gestión, recaudación y liquidación del 100% de los impuestos que se pagan en Cataluña. La exigencia por parte de los de Esquerra es que Cataluña debe ocupar el mismo puesto en recibir gasto del sistema de financiación que el que ocupa en los ingresos. En otras palabras, adiós al principio de solidaridad interterritorial, esa solidaridad de la que históricamente se han vanagloriado los socialistas.

El caso es que el movimiento por parte de ERC busca subsanar años y años de desastrosas políticas económicas llevadas a cabo por una clase política cuya última de sus preocupaciones ha sido el desarrollo económico de su población y la estabilidad jurídica para sus empresas. Al contrario, al igual que muchas otras materias, estas se han desechado o subordinado a los intereses del independentismo. Siendo la segunda región en cuanto a PIB, el avance de su economía es inversamente proporcional a la efervescencia separatista. Desde 2017 la inversión extranjera ha caído en más de un 50% desde los 8.300 millones de euros hasta quedarse por debajo de los 4.000 millones, un tercio de la inversión que recibe la Comunidad de Madrid. Es uno de los factores que ayuda a explicar por qué el PIB catalán ha aumentado ligeramente por encima del 7%, por debajo del promedio nacional del 7,8% y mucha distancia del 11% de la CAM.

Esto es algo que podíamos prever si tenemos en cuenta, no sólo la ausencia de seguridad y estabilidad jurídica, que provocó que casi una decena de miles de empresas tuvieran que cambiar su sede social, sino al aumento de impuestos, gasto y, sobre todo, endeudamiento de la región, que supera los 87.000 millones de euros, frente a los 38.000 millones de Madrid. Hace unos meses saltaban los titulares sobre la posibilidad de la condonación de la deuda de 15.000 financiada por el Fondo de Liquidez Autonómico. Pues bien, este FLA ha financiado el 84% de la deuda catalana y menos mal (para ellos), porque de no haber sido de esa forma, el acceso a los mercados para financiar su deuda habría sido una tarea bastante complicada.

Es imposible que Cataluña pueda financiar de forma autosuficiente y desarrollar un régimen de pensiones y de protección social de los residentes

El caso es que, cuando hablamos de las exigencias recientes de los separatistas en materia económica siempre hay una que destaca por su ausencia: La Seguridad Social. Y esto es muy sencillo, y es que es imposible que Cataluña pueda financiar de forma autosuficiente y desarrollar un régimen de pensiones y de protección social de los residentes en esta comunidad sin la ayuda estatal. Debemos matizar que Cataluña tiene el mayor déficit entre el saldo entre lo que recauda la autonomía por cotizaciones y lo que gasta en prestaciones, situándose sobre los 4.000 millones de euros. Para poner esto en contexto, la Comunidad de Madrid presentó un superávit de unos 3.000 millones. Y si añadimos otras partidas sociales a cargo de la Seguridad Social que se abonan en su mayor parte con transferencias del Estado y que benefician más a las regiones, como Cataluña, con mayor población, la diferencia entre los ingresos y gastos se agrandan en el caso catalán.

Es aquí donde aparece el concepto de la caja única de la Seguridad Social, y es que, gracias a esta, la Seguridad Social cubre los posibles desequilibrios entre ingresos del sistema y los gastos necesarios para hacer el pago de las prestaciones. Las regiones con mayores déficits necesitan recibir una gran cantidad de recursos del gobierno para poder cubrir el pago total de las pensiones. Eso explica que la caja única de la Seguridad Social está beneficiando más a Cataluña que a cualquier otra comunidad autónoma. De hecho, el propio PNV nunca ha tenido la más mínima intención de romper la caja única, y aunque Sánchez pactase entregar al País Vasco la gestión del régimen económico de la Seguridad Social en su territorio, las pensiones vascas seguirán siendo sufragadas con las cotizaciones de todos los españoles.

Y claro, una forma de cubrir esta brecha entre ingresos y gastos en pensiones en Cataluña podría ser a través del endeudamiento, pero como hemos dicho ¿Quién, además del estado español a través del FLA, sería capaz de financiar a la Generalitat?

La única forma de conseguir financiación sería ofreciendo un rendimiento de la deuda significativamente más altos de lo que paga la deuda española para compensar esa inestabilidad y riesgo político permanente que rige en la Generalitat. Y emitir deuda con tipos de interés tan altos sería un lastre adicional sobre unas finanzas ya muy maltrechas. ¿La solución? Lo que ya está establecido, la caja única a nivel nacional, y si hay que endeudarse, que sea el Reino de España quien emita deuda, a fin de cuentas, esa deuda se repartirá a partes iguales entre un recién nacido en Cáceres y uno en Lérida.
Por lo que sea, aquí a los independentistas no les interesa hacerse cargo de su propio destino.

La Seguridad Social, por propio diseño y la situación demográfica actual, es un agujero deficitario, que además se agrandará con el paso del tiempo. Y esa brecha es más grande en Cataluña que en cualquier otra región española. Cuando el déficit llama a la puerta, la soberanía se va por la ventana. Esto lo saben mejor que nadie los independentistas, que en este campo se suben con más ahínco que ningún otro al barco de la unidad nacional y la solidaridad interterritorial.