“¡Bien!”, grité a finales de mayo, apretando el puño, tras el anuncio de la petición del Fiscal de la Corte Penal Internacional para que este tribunal dicte órdenes de detención contra Netanyahu, Sinwar y otros altos cargos israelíes y de Hamás. Un pequeño paso en la dirección adecuada, que puede ser de gigante viendo los negros nubarrones que se ciernen sobre el orden internacional basado en normas, ya que la justicia es la última esperanza para detener la sangría en Gaza y Cisjordania. Salvando las distancias, me recordó a la votación de los Lores que autorizó la detención de Pinochet en Londres en 1998. 

El flujo de noticias sobre atrocidades israelíes en los Territorios Palestinos Ocupados es incesante, como lo es el suministro de armas, sobre todo estadounidenses, de donde son casi 3 de cada 4 de las armas que Israel ha importado en los últimos cinco años según el SIPRI (el 30% son alemanas, y el 1% restante italianas, británicas, francesas, rumanas o checas, entre otras procedencias). Sin ellas, Israel tendría más difícil llevar a cabo los brutales atropellos a los derechos humanos a las que el mundo asiste, en parte atónito y en parte cómplice, sin la voluntad política necesaria para detenerlas. 

Cada arma israelí exportada contribuye a abaratar los costes unitarios de su fabricación

Los Estados que sigan facilitando armas a Israel o a Hamás y otros grupos armados palestinos a sabiendas de que se están usando para cometer genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad corren el riesgo de ser cómplices de estas atrocidades. El riesgo de que Israel use esas armas para cometer graves violaciones de derecho internacional, incluido un riesgo plausible de genocidio es inaceptable, demasiado grande. Este aviso para navegantes no es solo a los Estados, sino también a las empresas y personas físicas que proporcionan armas a Israel, que pueden ser cómplices en la comisión de crímenes de derecho internacional.

Israel ocupa el 9º puesto del “top 10 “ de exportadores mundiales de armas, precedido por España y seguido por Corea del Sur, con cerca del 2,5% de la “tarta” armamentística mundial. Así, cada arma israelí exportada contribuye a abaratar los costes unitarios de su fabricación, algo que agrava las carencias del sistema israelí de control de exportación de armas, que permite que empresas israelíes exporten armas a países que violan sistemáticamente los derechos humanos.

Los presuntos crímenes de guerra y otras vulneraciones graves del Derecho Internacional Humanitario y de los Derechos Humanos, en su mayoría cometidos con armas estadounidenses, son recurrentes. Uno de los últimos casos conocidos fue el mortífero ataque contra una escuela de la ONU, en el que aviones de las Fuerzas de Defensa de Israel utilizaron una bomba de pequeño diámetro GBU-39, fabricada por Boeing. No sería de extrañar que el anuncio del ejército israelí de una investigación sobre el “incidente” pase a engrosar la lista de investigaciones sin resultados claros que duermen el sueño de los justos. El pasado lunes Israel bombardeó la zona humanitaria de Mawasi, al sur de la Franja de Gaza, matando a 27 personas.

En diciembre Amnistía advirtió de que municiones fabricadas en Estados Unidos mataron a 43 civiles en 2 bombardeos aéreos israelíes en Gaza. Por eso no me sorprendió que hace un par de semanas EE.UU. haya reanudado el envío a Israel de bombas de más de 200 y 900 Kg. que suspendió hace un par de meses. Son las mismas que en diciembre pasado habían causado un grado de destrucción no visto desde la guerra de Vietnam. 

Palestinos en un atardecer en mitad de la destrucción de Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza. | EFE

Uno se pregunta dónde están las famosas líneas rojas del gobierno de Biden. Esto me remite a la negociación del Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA) hace más de una década. Rara era la ocasión en que, en las conversaciones con las ONG y las autoridades de EE.UU., no saliera la “seguridad nacional”, además de Israel, un país al que EE.UU., por ley, debe dar más una ventaja cualitativa en su asistencia militar en la región frente a otros aliados de EE.UU. como Arabia Saudí o Egipto y al que, desde hace años, facilita casi 4.000 millones de dólares anuales en asistencia financiera para comprar armas (básicamente, estadounidenses, para que todo quede en casa). 

Los presuntos crímenes de guerra y otras vulneraciones graves del Derecho Internacional Humanitario y de los Derechos Humanos, en su mayoría cometidos con armas estadounidenses, son recurrentes

En 2013 en Amnistía nos empeñamos en encontrar una redacción del TCA que, garantizando el principio de la “Regla de Oro”, consistente en no autorizar la transferencia de armas para cometer atrocidades, reflejase estas dos cuestiones claves para EE.UU. Ahí aprendí a no subestimar la importancia de las comas en la negociación de un tratado. En el texto final conseguimos incluir la prohibición de la transferencia de armas para cometer genocidio, crímenes de guerra y de lesa humanidad, pero no las transferencias de armas para cometer violaciones graves de derechos humanos. La propuesta del embajador español en este sentido, apoyada por Reino Unido y otros países influyentes, no fue respaldada por EE.UU. Sin embargo, sí logramos que, para las exportaciones no prohibidas, deba evaluarse la posibilidad de que contribuyan o menoscaben la paz y la seguridad (EE.UU. y otras delegaciones vetaron la inclusión de una referencia explícita a la seguridad del país receptor, permitiendo una interpretación más amplia, favorable a los intereses del país exportador) y del riesgo de uso para violaciones graves de derechos humanos.

Para EE.UU., su seguridad (no la del país importador de las armas) e Israel eran dos líneas rojas y no estaba dispuesto a que los derechos humanos pesaran lo mismo que esas dos cuestiones y el respeto al derecho internacional humanitario, pero sí que fueran un elemento a considerar, aunque no “el” elemento clave.

EE.UU. firmó el TCA. Sin embargo, como muchos otros acuerdos en las últimas décadas, no lo ha ratificado. 113 Estados sí lo han hecho. La legislación de EE.UU. prohíbe el uso de armas estadounidenses para cometer los peores crímenes y atrocidades, incluido su uso para impedir el suministro de ayuda humanitaria y del uso del hambre como arma de guerra. 

Sin embargo, eso no le ha impedido suministrar a su aliado clave en Oriente Próximo desde el pasado mes de octubre al menos 14.000 de bombas MK-84 de 900 kilos, 6.500 bombas de 200 kg., 3.000 misiles aire-tierra guiados de precisión Hellfire, 1.000 bombas antibúnker, 2.600 bombas de pequeño diámetro lanzadas desde el aire y otras municiones. 

En respuesta al polémico informe del gobierno de EE.UU. presentado al Congreso en mayo sobre las garantías de uso acorde con el derecho internacional de las armas estadounidenses en siete países, incluido Israel, Amnistía Internacional publicó un informe de investigación que denuncia que municiones y armas suministradas por EE.UU. al gobierno de Israel se han usado para violar el derecho internacional. Otras organizaciones presentaron informes con información fidedigna y recomendaciones útiles. La conclusión del informe estadounidense fue que era “razonable” pensar que Israel había usado armas de EE.UU. para violar el derecho internacional humanitario.

A mayores, en febrero de 2022 Amnistía Internacional publicó un informe en el que concluía que Israel está cometiendo el crimen de lesa humanidad de apartheid contra todos los palestinos. Otras organizaciones internacionales, israelíes y palestinas, han llegado con anterioridad a conclusiones similares, entre ellas Human Rights Watch, B'Tselem, Yesh Din, Al Mezan, Al Haq y otras. Esto ya justificaría una suspensión de la venta de armas como la que llevamos años pidiendo.

La visita de Netanyahu a EE.UU. la semana pasada fue objeto de numerosas críticas y puso de manifiesto el riesgo de complicidad estadounidense en la comisión de crímenes de guerra en Gaza. Pronto veremos sus consecuencias en el suministro de armas a Israel.

Recursos ante la justicia 

A lo largo de estos ya 10 meses de matanzas continuas, las ONG han presentado, con diversa suerte y apoyándose en el Tratado sobre el Comercio de Armas, recursos ante los tribunales de justicia nacionales para paralizar el suministro de armas a Israel. 

Así, en Bélgica, la región francófona de Valonia anunció la suspensión temporal de dos licencias de exportación de pólvora a Israel. En Países Bajos la justicia ordenó el cese de la transferencia de piezas del avión F35. En Reino Unido, los tribunales permitieron a Amnistía Internacional y otras organizaciones intervenir en los recursos presentados. El nuevo gobierno británico podría restringir determinadas ventas de armas a Israel.  En Dinamarca, Amnistía Internacional y otras ONG interpusieron un recurso judicial. En enero, un tribunal federal de EE.UU. falló en contra de los demandantes que acusaban al gobierno de Biden de complicidad en la comisión de genocidio, por tratarse de una cuestión política, pero reconoció la sentencia de la Corte Internacional de Justicia y pidió al gobierno de Estados Unidos que examinase su política de envío de armas a Israel. El recurso presentado fue desestimado hace pocos días. En Francia se presentaron diversos recursos sobre diversas licencias de exportación, con desigual resultado. Además, en Bélgica o España ha habido sindicatos que han mostrado su voluntad de impedir este flujo de la muerte. 

Tránsito de barcos a Israel

En los últimos meses, los ataques hutíes en Yemen a barcos con destino a Israel han provocado un cambio de ruta que ha reforzado este tráfico por el Mediterráneo. Además, muchos de los envíos de EE.UU. también hacen esta ruta. 

Por ello, celebramos la decisión del gobierno español de denegar la autorización de tránsito del buque Marianne Danica en mayo y la decisión de denegar sistemáticamente las peticiones de escala de buques con armas para Israel. 

Ojalá se hubiera aplicado el mismo rasero a los barcos de la muerte saudíes que durante años han transportado armas a Arabia Saudí que podrían usarse en Yemen, un conflicto ignorado.

En Amnistía celebramos la reacción del Gobierno español ante la crisis actual, en particular la decisión de no autorizar nuevas licencias de exportación de armas desde el 7 octubre, que creemos debe convertirse en permanente hasta que deje de existir un riesgo sustancial de que las armas puedan ser utilizadas para la comisión de crímenes de derecho internacional y violaciones de derechos humanos. La suspensión de estas operaciones es algo que llevamos pidiendo 15 años, desde 2009. 

El Gobierno español aún puede y debe hacer más, especialmente en relación con las transferencias de armas a Israel

Igualmente, celebramos especialmente las numerosas declaraciones públicas y condenas en relación a la necesidad de un alto el fuego, que se respete el Derecho Internacional Humanitario, la UNRWA y otras cuestiones como el cumplimiento de las medidas provisionales ordenadas por la Corte Internacional, la revisión del Acuerdo de Asociación comercial con la UE y la prohibición de la importación de productos de los asentamientos ilegales o las sanciones a colonos. 

Sin embargo, el Gobierno español aún puede y debe hacer más, especialmente en relación con las transferencias de armas a Israel, en particular, promoviendo un embargo europeo de armas a Israel y grupos armados palestinos como Hamás y presionando, con todos los instrumentos a su disposición, a países clave como EE.UU. y Alemania para que cesen el suministro de armas a Israel. Solo así se contribuirá de forma decisiva a acabar con esta pesadilla.

Alberto Estévez Suárez es analista de Amnistía Internacional España sobre comercio de armas.