En la primera etapa de su recorrido, la Caravana Humanitaria por la Vida, por la Paz y por la Permanencia en el Territorio ha visitado entre julio y agosto el Oriente antioqueño. Además, se desplazará al Sur de Bolívar, Arauca, Chocó y Suroccidente de Colombia, regiones gravemente afectadas por el conflicto interno colombiano. La iniciativa, que cuenta con el apoyo de más de 100 organizaciones nacionales e internacionales, tiene, entre otros objetivos, los de recopilar y registrar testimonios e informaciones sobre la situación en materia de derechos humanos, visibilizar la situación sobre las condiciones de vida de las poblaciones y fomentar la solidaridad y apoyo internacional. 

En Colombia, la Paz no llegó a los territorios ni con la firma de los acuerdos del año 2016, entre las FARC-EP y el Estado colombiano, ni con la proclamación de Gustavo Petro, como primer Presidente progresista, dentro de la candidatura del Pacto Histórico, en 2022. Por el contrario, este conflicto se reconfigura permanentemente y el balance de la violencia política, en forma de asesinatos, desplazamientos y confinamientos, que se registra en forma de estadísticas se naturaliza en Colombia y pasa desapercibido a nivel internacional junto a otras noticias como las del genocidio palestino en Gaza o, ahora, la nueva crisis en Venezuela. 

Para romper ese silencio y dar la voz a las comunidades, la Caravana compuesta por representantes de organizaciones sociales, comunitarias, iglesias, organizaciones defensoras de los Derechos Humanos, organizaciones no gubernamentales e instituciones nacionales e internacionales, empezó su viaje por el Oriente antioqueño donde recorrió San Francisco, San Luis, Granada y Santuario. En una colorida chiva, que es como se conocen los vehículos de transporte público rural, originarios de Antioquia y adaptados para recorrer las montañas de la cordillera central de los Andes, convertidos en uno de los símbolos culturales del país, los caravanistas pudieron visitar esta zona montañosa. En las reuniones con las comunidades recibieron el testimonio de liderazgos juveniles, campesinos, ambientales, defensores de derechos humanos y autoridades quienes destacaron el atraso estructural de 30 años que tiene esta subregión y la negligencia a la hora de atender las violencias basadas en género, la descampesinización y el riesgo de pérdida de la identidad de los municipios, provocada por la construcción de megaproyectos, especialmente las hidroeléctricas. 

El Oriente antiqueño sufrió las ejecuciones extrajudiciales, conocidas como falsos positivos, y los rigores del paramilitarismo


Pero la afectación más grave que se cierne sobre la región es la de la sombra del paramilitarismo. Precisamente en una región que fue de las más afectadas por la violencia en el pasado reciente, tanto por los enfrentamientos entre las insurgencias y el Estado colombiano, como por la reacción del Estado para combatir estas insurgencias. El Oriente antiqueño sufrió las ejecuciones extrajudiciales, conocidas como falsos positivos, y los rigores del paramilitarismo; ambos producto de un doctrina de seguridad militar y la doctrina del enemigo interno que no se ha desmantelado todavía a pesar de las peticiones realizadas en ese sentido por las organizaciones defensoras de derechos humanos. 

Bajo las órdenes del general Mario Montoya Uribe, el Batallón de Infantería nº 4 Jorge Eduardo Sánchez (BAJES) fue responsable de cientos de víctimas inocentes asesinadas por el ejército para hacerlos pasar como guerrilleros. La Jurisdicción Especial para la Paz determinó que Antioquia concentra el mayor número de estos casos: “De las 6.402 víctimas identificadas por la JEP entre 2002 y 2008, 1.613 (25,19%) ocurrieron en este departamento. De este total, 501 casos ocurrieron en el oriente antioqueño, que concentró más víctimas que cualquier otro departamento en Colombia”. El Oriente antioqueño fue así el campo de experimentación de una política criminal que se extendió a todo el país y la motivación de los asesinatos fue responder a la presión por obtener “bajas” y “litros de sangre”, en palabras del propio general Montoya. 

Raíces de la violencia

De igual manera, los grupos paramilitares que hicieron parte de la estrategia contrainsurgente en alianza con el Estado inundaron de violencia la región con masacres que afectaron especialmente al movimiento social. En el libro “¿Del paramilitarismo al paramilitarismo? Radiografías de una paz violenta en Colombia”, entre cuyos autores aparece el defensor de derechos humanos, investigador y sacerdote Javier Giraldo se describe como esa violencia fue funcional a los proyectos políticos convencionales: “Asimismo, la articulación del Estado con el paramilitarismo queda manifiesta en ciertas obras, como los Metrocables en Medellín, Hidroituango y otras pequeñas centrales hidroeléctricas que han estado en el ámbito de influencia de los actuales grupos armados. La ciudadanía y las comunidades han denunciado que estas facciones desempeñan dinámicas de vigilancia y seguridad para resguardar su ejecución, así como acciones de represión y eliminación de quienes comportan un obstáculo para su culminación. El mismo criterio se extiende hacia proyectos mineros, legales e ilegales, mecanismos de explotación y comercio sexual, trata de migrantes y en distintos eslabones de la cadena de producción y distribución del narcotráfico: la población civil y las guerrillas son confrontadas violentamente por paramilitares toda vez que estas constituyen un factor de entorpecimiento para las dinámicas económicas descritas”.

Algunas fuentes señalan que de los 125 municipios de Antioquia el 80% tiene presencia del Clan del Golfo y en el 60% existe, además de presencia, control paramilitar

Después de los procesos de desmovilización de los paramilitares entre el Estado y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en los periodos 2006-2011, 2012-2016 y 2017-2021 diferentes gobiernos aseguraron que el paramilitarismo había desaparecido y que las nuevas estructuras eran “bandas criminales emergentes” que afectaban la seguridad y la convivencia de las comunidades. En la actualidad se mantiene abierto el debate entre negacionistas del paramilitarismo y los que afirman que estos grupos siguen siendo actores claves en la región. La Caravana recibió testimonios que apoyaban cada una de estas posturas. Entre las autoridades el negacionismo es la postura principal y desde las organizaciones sociales se lanza un mensaje de alarma ante lo que califican abiertamente como presencia y control territorial paramilitar, señalando al Clan del Golfo como el principal actor en la región. Algunas fuentes señalan que de los 125 municipios de Antioquia el 80% tiene presencia de dicha estructura armada y en el 60% existe, además de presencia, control paramilitar.

Retos y dificultades

Entre los retos o dificultades para abordar este problema se encuentran los que plantean una institucionalidad local y departamental que responsabiliza a bandas criminales de las denuncias que se realizan respecto al actuar de los grupos armados que desde hace años tienen actividad en esta subregión. El gobernador del departamento Andrés Julián Rendón, elegido para el periodo 2024-2027 ha pedido la creación de “frentes de seguridad” y de una “red de cooperantes de la fuerza pública”. Aunque el político del Centro Democrático afirme que se trataría de grupos de ciudadanos no armados y sin contradecir lo dispuesto en la ley, la propuesta recuerda demasiado a las CONVIVIR, las cooperativas de vigilancia y seguridad o grupos de autodefensa legalizados que sirvieron en el pasado para impulsar el paramilitarismo. En los años 90 la Gobernación de Antioquia impulsó las CONVIVIR y, en estos momentos, Rendón insiste en que "no vamos a cesar en nuestro esfuerzo de crear unos 10.000 frentes de seguridad”. 

Ante la falta de actuación de las instituciones departamentales y locales y la falta de garantías, las organizaciones sociales hacen un llamado al Gobierno nacional para que intervenga en la región, solicitando el apoyo de las Naciones Unidas; entre otras acciones, piden de la Defensoría del Pueblo declarar al Oriente Antioqueño en Alerta Temprana, un documento de advertencia que permitiría al Gobierno nacional adoptar medidas preventivas y de reacción rápida ante los riesgos que presenta la región, y que se declare la Emergencia Humanitaria.

El paramilitarismo tendría ahora como objetivo adicional el desmantelamiento y arrinconamiento de las organizaciones sociales como ya sucedió en el pasado. La realidad de los datos confirmaría estas afirmaciones y es que en lo corrido de 2024 en el Oriente de Antioquia se han contabilizado más de 100  homicidios y entre los muertos se encuentran los de las masacres ocurridas el 26 de junio,  con siete personas muertas, en Rionegro, y la de Cocorná, con 3 muertos, sucedida el pasado 21 de julio. 

“El monstruo grande de la guerra está otra vez aquí”, expresó una fuente

“El monstruo grande de la guerra está otra vez aquí” expresó una de las fuentes a la que tuvo acceso la Caravana, en referencia a la inmensa amenaza que supone el paramilitarismo en una región dónde hay más muertos incluso que en otros territorios de Colombia en situación de guerra abierta. Que los paralelismos que se están viviendo actualmente en el Oriente antioqueño con otras situaciones del pasado y que la sensación de déjà vu que nos trasladaron los habitantes del territorio no terminen convirtiéndose en la repetición de las masacres y desplazamientos masivos del pasado es una responsabilidad que va mas allá de unas autoridades locales y departamentales, comprometidas en reconstituir un proyecto de extrema derecha nacional, y se convierte en un llamado urgente a la acción del Gobierno de Gustavo Petro para desmontar el paramilitarismo y la doctrina de seguridad nacional, basada en el enemigo interno.

Luis Mangrané es miembro del Comité de Solidaridad Internacionalista de Zaragoza.