La actual política de gestión de la inmigración en Italia por parte del Gobierno de Giorgia Meloni es difícil de analizar sin recordar algunos antecedentes históricos sobre este tema.

Italia se encontró a sí misma como un país de inmigración a principios de los años 90. Hasta entonces se describía casi exclusivamente como un país de emigrantes. Si hubiera que identificar una imagen de cuándo cambió esta percepción, sería sin duda la de la llegada del Nave Vlora al puerto de Bari, a principios de agosto de 1991. A bordo iban más de veinte mil albaneses, que huían tras la caída del régimen comunista.

En aquellos años, cuando el número de extranjeros registrados en Italia superaba ligeramente los 500.000, se adoptaron las primeras medidas legislativas para la gestión de los flujos entrantes. Estas medidas legislativas siguen vigentes hoy en día y representan la actual ley de inmigración. A lo largo del tiempo se han introducido muchos cambios, pero hay un aspecto que nunca ha cambiado: la percepción de los inmigrantes. En efecto, siempre se les ha calificado de invasores, frente a la población local considerada siempre en peligro.

La actual política de gestión de los flujos ve a los migrantes como invasores y a quienes les apoyan como delincuentes

Entonces, en 2017, ocurrió algo realmente único. Ese año comenzó una campaña de desprestigio contra las organizaciones humanitarias que realizan rescates en el mar. Estas son una expresión directa de la sociedad civil: ciudadanos que a lo largo de los años han aportado su experiencia profesional para rescatar a personas en apuros en el Mediterráneo central. La cuestión, como se desprende de los numerosos titulares y comunicados en las redes sociales, no es la inmigración como tal, ni las personas que llegan ni la magnitud de los flujos, sino la parte humanitaria señalada por, supuestamente, facilitar las salidas. Las mismas organizaciones, a lo largo de los años, han sido acusadas, sin una base real para ello, de ser un factor de atracción, de actuar fuera de un marco legal y de estar confabuladas con los traficantes de personas.

Es en este contexto en el que hay que situar la actual política de gestión de los flujos. Es decir, en un escenario que ve a los migrantes como invasores y a quienes les apoyan como delincuentes.

Esta equiparación ha permitido a lo largo de los años la aprobación de leyes que dificultan las prácticas de salvamento marítimo. Entre ellas, la ley 77/2019 (convertida por el decreto de seguridad bis de 53/2019) y la más reciente ley Piantedosi, 15/2023. La primera introdujo la prohibición de «entrar, transitar o hacer escala en aguas territoriales italianas» salvo en caso de autorización de los ministerios de Interior, Defensa y Transportes, con sanción al capitán del buque del pago de una suma de entre 150.000 y 1.000.000 de euros.

La segunda, además de confirmar lo ya previsto, estipula que se sancionará a los buques que operen al margen de la coordinación de las autoridades competentes. En virtud de ello, en el último año, la mayoría de los buques humanitarios han sido detenidos y multados.

Voluntarios de Open Arms rescatan a varios migrantes en un cayuco, a 3 de enero de 2024, en el Mar Mediterráneo. 6 | EP

Además, dada la dificultad de gestionar las llegadas al sur de Italia, el gobierno italiano ha establecido una rotación de los puertos de desembarco. Así, en el último año, se han designado ciudades portuarias del norte de Italia como lugares donde desembarcar a los náufragos rescatados, lo que se traduce en varios días de navegación hasta alcanzar el puerto asignado.

Quienes pagan el precio, en forma de sufrimiento humano, son las personas rescatadas y los miembros de la tripulación

Quienes pagan el precio, en forma de sufrimiento humano, son las personas rescatadas y los miembros de la tripulación. Los primeros, independientemente del contexto histórico y jurídico, siempre han sufrido la prolongación de su estancia a bordo: antes porque no se asignaba el lugar seguro de desembarco con la celeridad que dictan los convenios internacionales, y ahora porque, cuando se da esa indicación, se tarda muchos días en llegar a él.

La segunda, porque durante años han sido objeto de campañas de denigración que han transmitido un mensaje claro y directo: intervenir en apoyo de quienes se encuentran en peligro es una acción sospechosa. Y así, para construir la sociedad europea de la acogida y la integración, de la convivencia y la paz, son los tribunales los que se encargan de ello en lugar de quienes se sientan en los lugares responsables de hacer cumplir estos principios básicos sobre los que se asienta la idea de la Unión Europea.

Oscar Camps es director y fundador de Open Arms