La ministra de Hacienda acudió ayer, forzada, al Senado para responder a las preguntas sobre el modelo de financiación pactado con ERC que ha permitido aupar a Salvador Illa a la presidencia de la Generalitat.

Como era de esperar, María Jesús Montero dejó en el aire en qué consiste el acuerdo, cuál es su letra pequeña y por qué los republicanos se empeñan en llamarlo "concierto", en alusión al modelo que rige en el País Vasco y Navarra.

Lo que me sorprendió de su argumentación -un poco más elaborada que la expuesta por Esther Peña, que comparó a la singularidad en la financiación de Cataluña con la disfrutan Soria o Cuenca- fue que recurriese al Estatut aprobado en 2006 y que fue refrentado en referéndum (con una participación inferior al 50% de los catalanes).

La ministra, para desarbolar la ofensiva del PP, explicó que el acuerdo con ERC no es más que la continuación de lo que ya planteaba dicho estatuto de autonomía. El Estatut fue recurrido ante el Tribunal Constitucional por el PP y por el Defensor del Pueblo. La sentencia, hecha pública en junio de 2010, eliminaba de un plumazo 14 de sus artículos. Pero lo más importante es que echaba para atrás la filosofía que lo inspiraba y que se basaba en dos principios: la bilateralidad entre la Generalitat y el Gobierno de España, y el establecimiento de unos supuestos "derechos históricos" que se situaban por encima de la Constitución.

La bilateralidad, base del acuerdo entre el PSC y ERC, fue declarada inconstitucional por la sentencia del TC de 2010

Una de las bases de acuerdo firmado entre el PSC (entendámonos, el Gobierno) y ERC es justamente el establecimiento de una relación bilateral entre la Generalitat y el Ejecutivo. Del mismo modo, la creación de una hacienda propia que recaude y gestione todos los impuestos vulneraría uno de los preceptos declarados inconstitucionales si esa cesión implica el concepto de ordinalidad, que supone que Cataluña ocupe el mismo lugar en aportación y en percepción de fondos del Estado. Hay que recordar que el apartado 3 del artículo 206 de Estatut quedó derogado por el Constitucional porque condicionaba la aportación a la solidaridad por parte de Cataluña al resto de autonomías a que estas "llevaran a cabo un esfuerzo fiscal similar".

Es decir, que Montero, para explicar lo firmado con ERC (¡con lo fácil que sería hacer público el acuerdo!) se apoya no el Estatut de 2006, sino en la filosofía que llevó al Constitucional a declarar fuera de la ley 14 de sus artículos.

Pese a su esfuerzo, no convenció a nadie. Ni al PP, ni tampoco a los socios del Gobierno.

El portavoz del PP en el Senado, Eduard Pujol, dijo que el pacto de financiación tiene que dejar claro que Cataluña es diferente al resto de las autonomías y que no se puede convertir en un "calimocho para todos". Y amenazó a la ministra: "Si no se cumple el concierto, game over, y fin de la legislatura".

Mientras que en el Senado retumbaban los gritos de "traidora" a la titular de Hacienda, Pedro Sánchez explicaba ante un auditorio compuesto básicamente por ministros, altos cargos, y fontaneros de Moncloa, que no hay por qué temer un recorte de la financiación al resto de las autonomías cuando se ponga en marcha el acuerdo con ERC. Prometió -prometer es gratis- y se comprometió -ya sabemos el recorrido de los compromisos del presidente- a que se duplicaría el fondo de solidaridad para todas las autonomías. Es decir, que todas saldrán ganando por el acuerdo con los republicanos que ha hecho presidente a Illa. ¿De dónde saldrá el dinero para tan abundante reparto? No lo sabemos. Y probablemente él tampoco lo sepa.

Mientras se desvela el misterio, veremos si Puigdemont está dispuesto a poner fin a este juego de equívocos. Pero me temo que a él tampoco le interesa el game over.