Al presidente saliente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), solo le falta conseguir el voto de un senador para aprobar el Plan C con el que se reformará integralmente el poder judicial del país. La modificación está siendo posible gracias a la supermayoría de MORENA –el partido de gobierno– en las elecciones del 2 de junio de 2024.

La candidata oficialista a la presidencia, Claudia Sheinbaum, obtuvo cerca del 60% de los votos –un 30% más que la segunda candidata en concurrencia– y en la Cámara de Diputados consiguieron 257 de 600 representantes. Sumados a los escaños de los partidos aliados, dan al gobierno una cantidad de votos superior a la mayoría calificada de dos terceras partes con la que puede poner en marcha reformas fundamentales, como la prevista del poder judicial.

Cabe señalar que, por una cuestión de calendario, el antiguo presidente y el nuevo legislativo coinciden, y es en ese interregno donde se está tramitando la reforma. Sin duda, la publicación de la misma en el Diario Oficial de la Federación, sería el cierre con broche de oro del sexenio y se convertiría en uno de los hitos de la autodenominada Cuarta Transformación (4T) del país liderada por AMLO.

López Obrador presenta la reforma del poder judicial como un mecanismo para democratizarlo, acabar con los privilegios de sus cúpulas y controlar la corrupción de un sistema "(que está) al servicio de la delincuencia organizada y de la delincuencia de cuello blanco". AMLO la resume y fundamenta diciendo: si la democracia es el gobierno del pueblo y para el pueblo, qué más democrático que poder elegir a jueces y magistrados. De ahí que el punto central de la propuesta sea la elección directa de los jueces, magistrados e integrantes de los órganos de control del poder judicial por parte de todo el electorado. Sin embargo, la pregunta es, ¿son las elecciones directas de jueces la mejor manera de acabar con los privilegios de la élite judicial, reparar el sistema de justicia y acabar con la corrupción?

El argumento de que la legitimidad democrática solo la otorga el voto directo, al tiempo que falaz, es habitual en gobiernos con mucho apoyo electoral que terminan considerando un estorbo a los mecanismos institucionales que sirven como contrapesos democráticos que evitan la acumulación de poder. Hay muchos ejemplos de "democracia plebiscitaria" en la región, destacando entre ellos el Hugo Chávez de su primera época.

La estrategia es simple, consiste en polarizar y simplificar procedimientos complejos, como pueden ser las reformas institucionales, para presentarlas como un acto de apoyo al presidente mayoritario. Ahora bien, los gobiernos plebiscitarios comenten el error de poner en marcha medidas que favorecen mucho a quien ejerce el poder en ese momento, sin pensar que éstas pueden volverse en su contra cuando pasan a la oposición, tal como ocurrió en Ecuador o Bolivia.

En esta propuesta, aparentemente democratizadora, destacan, además, varios elementos que pueden servir para aumentar la influencia del ejecutivo y el legislativo en el poder judicial. Uno se refiere al proceso de selección de los candidatos a jueces y autoridades judiciales, que serán propuestos únicamente por cada uno de los tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. A ello se suman una serie de mecanismos correctivos en manos de un todopoderoso Tribunal de Disciplina (el nombre lo dice todo) con capacidad para presionar a los jueces e, incluso, destituirlos si se les encuentra culpables en procedimientos que puede incoar cualquier ciudadano.

El Tribunal de Disciplina posee tal poder discrecional que también tendrá la capacidad de determinar si la resolución de un juez se ajusta o no a los principios de "objetividad, imparcialidad, independencia, profesionalismo o excelencia" (sic), por lo que podría anular sentencias.

Respecto a la promoción electoral de los candidatos, la reforma también prohíbe la financiación pública y privada de  las campañas, otorgándoles tiempo en televisión y radio para que se den a conocer. Con ese fin, también podrán participar en "foros de debate". Éste es uno de los puntos débiles de los procesos de elección directa de jueces.

En Bolivia, donde también la hay, está prohibida toda forma de campaña, los ciudadanos llegan a las urnas casi sin conocer a los candidatos, lo que se refleja en el 60% de votos nulos y blancos. Además, las campañas electorales a jueces son una puerta abierta a propuestas de "mano dura" y al populismo punitivo. Tampoco evitan el alto riesgo de que el narcotráfico u otras organizaciones criminales metan dinero para financiarlas pues, a pesar de la prohibición, hay muchísimas formas de saltarse los mecanismos de control, más aún ahora que las campañas se pueden hacer por redes sociales.

Lo más relevante de la reforma es que se elimina, de facto, el control constitucional de las actuaciones de los poderes legislativo y ejecutivo

Finalmente, quizá lo más relevante de la reforma es que se prohíbe a la Suprema Corte otorgar suspensiones contra leyes con efectos generales a través de amparos, controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad. Es decir, se elimina, de facto, el control constitucional de las actuaciones de los poderes legislativo y ejecutivo.

En este contexto, ¿es realista pensar que los encargados de nominar candidatos solo valorarán que los mismos sean doctos jurisconsultos, sin importar las afinidades políticas? Si se quería hacer un sistema judicial más eficaz, eficiente y con capacidad suficiente para resistir las presiones de grupos económicos, políticos y organizaciones criminales, sin duda, el camino elegido no es el mejor; más bien, recuerda al PRI de las mejores épocas, aquellas en que controló el poder absoluto de México, y la experiencia demuestra que eso no fue muy bueno para el país. El propio AMLO lo decía con todas las letras en La Mañanera del 12 de febrero de 2024, al señalar que la reforma busca un nuevo equilibrio de poderes porque "el poder judicial se ha puesto por encima de los otros poderes, incluso llegando a desaparecer leyes aprobadas por el Congreso". ¡A confesión de parte, relevo de prueba!

Francisco Sánchez es director del Instituto Iberoamericano de la Universidad de Salamanca. Aquí puede leer todos los artículos que ha publicado en www.elindependiente.com.