La consideración como "investigada" de Begoña Gómez fue la causa de que Pedro Sánchez escribiera una carta a la ciudadanía en la red social X en la que dejaba abierta la posibilidad de dimitir como presidente de Gobierno.

Por tanto, todo lo que tiene que ver con ese sumario es prioritario para el presidente. El objetivo de Sánchez, una vez superado el impasse de sus cinco días de reflexión, era apartar al juez Juan Carlos Peinado del caso. Desde el principio, en Moncloa se consideró que con este magistrado las cosas pintaban muy mal, y por eso se optó como estrategia prioritaria apartarle del caso como fuera.

El primero en lanzarse al ruedo fue el periodista Máximo Pradera (hijo del intelectual Javier Pradera), que se querelló contra Peinado por informar a través del gabinete de prensa oficial de la incoación del procedimiento. Pura farfolla. Hasta la Fiscalía se ha opuesto a la admisión a trámite de la querella.

La segunda, esta más seria, la presentó el presidente del Gobierno el pasado 30 de junio, echando mano de manera abusiva de los servicios de la Abogacía del Estado, en la que se acusa a Peinado de prevaricación. Las posibilidades de admisión son cercanas a cero.

Si la Audiencia Provincial sigue el mismo criterio que el TSJM sobre la revelación de secretos en el caso del fiscal general, Peinado será apartado del caso de la mujer del presidente

La tercera, la mejor argumentada, la presentó Begoña Gómez el pasado 2 de agosto, acusando al juez Peinado de revelación de secretos por haber dado traslado a Vox (que actúa como una de las acusaciones populares) de declaraciones y documentos el pasado día 17 de mayo, cuando el secreto de sumario no se levantó hasta el 24 de mayo.

Las querellas se presentaron ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (primera instancia al ser magistrado el querellado).

Si la querella del presidente (recientemente ampliada por la Abogacía) tiene poco recorrido, la presentada por Antonio Camacho, abogado de la esposa del presidente, tiene bastantes posibilidades de ser admitida a trámite.

¿Por qué? Sencillamente porque nueve días antes de que se presentara, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) acordó enviar la causa contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, al Tribunal Supremo por un presunto delito de revelación de secretos en el sumario que se sigue por presunto delito fiscal contra Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso.

El escrito del instructor de la Sala Civil y Penal del TSJM, Francisco José Goyena, era una mala noticia para el fiscal general, pero una joya para la defensa de Begoña Gómez.

Si la forma de razonar es similar en los dos casos, lo lógico es que el Tribunal Superior admita a trámite la querella por revelación de secretos de Begoña Gómez contra el juez Peinado.

Si esto sucede, de manera automática, Peinado será apartado del caso, que seguiría instruyendo su sustituto.

No es necesario advertir que este tema es el más peliagudo de los que tiene que resolver en los próximos días el Tribunal Superior madrileño. Las fuentes consultadas afirman que "por encima de los debates ideológicos está la aplicación de la ley". Lo cual quiere decir que Peinado puede tener los días contados como instructor de la causa contra la esposa del presidente.

Esto no quiere decir que la investigación no tenga base. También sobre el archivo de la causa se tiene que pronunciar la Audiencia Provincial el próximo día 30 de septiembre. Pero, el objetivo de la estrategia de defensa de Moncloa está a punto de caramelo: Peinado, fuera de juego.